Cómo se instaló en La Moneda el discurso contra la “élite” que usa Boric contra Hermosilla y cuánto incide el relato del PNUD

Este lunes el Presidente Gabriel Boric se refirió por segunda vez en una semana a la situación del penalista Luis Hermosilla, quien está bajo prisión preventiva por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del caso Audio.

“No me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que, no sé, a los poderosos no se les puede tocar”, indicó el Mandatario en una puesta en escena elegida con cuidado: cruzó el Patio de los Naranjos acompañado de su jefe de gabinete, Carlos Durán, y accedió a responder preguntas de la prensa.

Una actitud poco habitual, pero que evidenciaba su interés por responder a los dichos del abogado de la defensa, Juan Pablo Hermosilla, quien el miércoles pasado lo apuntó directamente acusándolo de transgredir la Constitución y el Estado de derecho al celebrar la decisión de los tribunales de decretar prisión preventiva para penalista.

La decisión del Mandatario de contestarle a la defensa de Hermosilla no fue casual y no respondió exclusivamente al carácter impetuoso del Jefe de Estado, según afirman en La Moneda.

Por el contrario, fuentes de gobierno sostienen que los dichos del Presidente responden a un análisis previo realizado por el Segundo Piso que, en base a diferentes mediciones, sostiene que la ciudadanía cree mayoritariamente que existe un desigual acceso a la justicia que beneficia a la élite.

“Hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile”, reforzó el Presidente desde La Moneda antenoche.

La postura marcada por Boric fue reforzada por la ministra Camila Vallejo (Segegob) esta semana y está acorde con el diseño planteado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom) en las minutas que le hace llegar a los jefes de partido del oficialismo.

“El Presidente ha sido claro en que cuando nos enfrentamos a la justicia todos tienen que ser iguales ante la ley, que no debe importar la cuna, las redes de poder, el poder adquisitivo del dinero o la militancia o el sector político, o sea que no haya un privilegio de ningún tipo en el tratamiento de los casos que se enfrentan a la justicia, sea por corrupción o sean otros”, afirmó la vocera del gobierno.

El relato que se ha instalado en el Ejecutivo sobre los privilegios de “sector de la élite” se ha ido estudiando desde hace unas semanas y obedece a distintos informes y encuestas que han mirado con atención algunos equipos de asesores de La Moneda.

Entre esos está en el “Informe de Desarrollo Humano en Chile 2024″ del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -presentado el 14 de agosto en el GAM, con la presencia de Boric- que este año apunta a las razones por las cuales se ha complicado la implementación de cambios para el desarrollo humano sostenible. Un análisis que también da cuenta de la fractura entre la ciudadanía y la élite, y el distanciamiento con la clase política.

“La relación que construye la ciudadanía con las élites hoy está marcada por la percepción de deudas del cambio, por la culpabilización y el castigo. Esta relación se ha ido fraguando en los últimos años y constituye una radicalización de la desafección de las personas hacia quienes ejercen funciones de representación”, dice uno de los pasajes del estudio presentado por Georgiana Braga-Orillard.

El informe cuenta entre sus investigadores a Pedro Güell, exdirector de políticas públicas del gobierno de Michelle Bachelet, a quien se le atribuye el diagnóstico del “malestar ciudadano” que marcó el segundo periodo de la Mandataria y que ha sido uno de los principios fundadores del Frente Amplio.

El viernes 23 de agosto, en La Moneda, la jefa de Estudios del Segundo Piso, Luna Follegati (FA), expuso ante los presidentes de partido del oficialismo los lineamientos del informe del PNUD.

La doctora en filosofía de la Universidad de Chile realizó su alocución en el marco del habitual almuerzo que todos los viernes sostienen en Palacio los timoneles de partido con el jefe del Segundo Piso, el también frenteamplista Miguel Crispi.

Allí, los asistentes -quienes afirman que el caso de Hermosilla no fue abordado- ahondaron en algunas conclusiones del informe del PNUD, como la necesidad de mejor democracia; la necesidad de avances, pero graduales; y la relación entre la ciudadanía y las élites, marcada, según el estudio, por la percepción de deudas del cambio, por la culpabilización y el castigo.

Hoy, en el Segundo Piso crece la idea de que es el momento para relevar este relato que marca los privilegios “élite” y los “poderosos”.

Otros estudios que ha visto La Moneda dan cuenta de que dos tercios de los consultados consideran que el sistema judicial beneficia a quienes tienen mayor poder económico o mejores redes políticas.

De este fenómeno también habló el Presidente Boric en su vocería del lunes en la noche. “No me cabe ninguna duda de que más allá de algunas opiniones de un sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura”, dijo. Luego prosiguió: “La gente está cansada de que haya algunos a los que se ha tratado históricamente con una mano distinta cuando les toca enfrentar a la justicia, de las famosas clases de éticas”.

De todos modos, hay personeros dentro del gobierno que creen que la apuesta del Presidente Boric puede implicar costos, como extender aún más la disputa en la que entró el gobierno con la defensa de Hermosilla, que este miércoles tendrá acceso a las más de 700 mil páginas de chats de WhatsApp -con personalidades judiciales y políticas- del penalista.

Es por ello que en las vocerías de ministros se ha desplegado la idea de que las frases de Boric son una opinión política y no jurídica. Así lo planteó, por ejemplo, el titular de Justicia, Luis Cordero, quien aseguró que el planteamiento del Jefe de Estado “es una opinión política”. “El Presidente ha hecho referencia explícita sobre que él no está interviniendo en ninguna resolución judicial. Yo creo que la Constitución es bien clara sobre este punto”, reforzó el secretario de Estado este martes.