En el escrito de contestación a la acusación constitucional estuvieron trabajando hasta anoche, pasadas las 23.00, los abogados que defienden al ministro del Interior, Víctor Pérez: Mario Rojas y Alejandro Espinoza.

Ambos han estado preparando la defensa del jefe de gabinete, quien fue notificado oficialmente el 16 de octubre de la ofensiva de la oposición en su contra, por lo que comenzaron a correr los 10 días de plazo para enviar el escrito de la defensa.

Los abogados habían estado en los últimos días coordinando con Interior y Segpres la elaboración de los argumentos con los que harán frente al libelo, con el que la centroizquierda lo está acusando, entre otras materias, de no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro de camioneros y de no ejercer control jerárquico sobre Carabineros, posibilitando los hechos ocurridos en el caso del Puente Pío Nono.

Finalmente, el escrito de la defensa fue ingresado anoche a la Cámara. Y en el documento -al que accedió La Tercera- se plantean una serie de argumentos, como un error de “imputación de conducta” por tratar casos presuntamente equivalentes de modo desigual, al comparar el paro de los camioneros con el caso de comuneros mapuches.

Sin embargo, hay otro punto que forma parte del eje central: que bajo un estado de catástrofe -aún vigente en el país- Carabineros no depende -según los abogados de Pérez- del Ministerio del Interior, sino que de los jefes de la Defensa Nacional. Ese punto, además, fue planteado ayer en la comisión revisora de la acusación por el académico de la Udec José Bidart.

Así, en el documento ingresado a la Cámara se señala que “el libelo incurre en el grueso error jurídico de atribuir al Sr. ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declara ‘estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile’”. Y se agrega: “En virtud de lo prevenido en las reglas jurídicas excepcionales (...), se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior y de Seguridad Pública, sino del Ministerio de Defensa”.

En ese sentido, en el escrito se insiste en ese elemento planteando que “el ordenamiento jurídico determina, fuera de toda duda, que durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, bajo cuyo imperio ocurrieron los hechos a que el libelo alude, como ‘el paro de los camioneros’, las fuerzas de seguridad y orden público (Carabineros) no se hallan bajo dependencia y/o control del ministro del Interior y Seguridad Pública”; y que la acusación, por lo tanto, “imputa” a Pérez “por la omisión de acciones que, en rigor de derecho, no forman parte de su competencia legal específica”.

Este y otros temas fueron parte de las conversaciones que sostuvieron los abogados del jefe de gabinete con Interior y la Segpres, citas que se produjeron al menos en dos oportunidades: el 15 y 19 de octubre. En uno de los encuentros participaron el propio Pérez; el titular de la Segpres, Cristián Monckeberg; el subsecretario Juan José Ossa y el diputado UDI Joaquín Lavín, quien integra la comisión ad hoc que revisa la acusación. También estuvieron el jefe de gabinete de Pérez, Giovanni Calderón; la jefa de la división jurídico-legislativa de la Segpres, María Fernanda Garcés, y el jefe de la división de Relaciones Políticas e Institucionales de esa cartera, Máximo Pavez.

Según presentes, además de los argumentos, se analizó un factor que para La Moneda es clave respecto del desenlace que puede tener la acusación: el plebiscito constitucional del 25 de octubre.

El diagnóstico que se ha hecho en el gobierno es que, tras esos comicios, pueden ocurrir dos escenarios. El primero, que se genere un ambiente “más republicano” y que toda la clase política se vuelque a trabajar en los contenidos de una Constitución, sobre todo si gana el Apruebo por un amplio margen, y que, por ende, se diluya la idea de la acusación constitucional. Por otro lado, otros creen que si durante la jornada de votación ocurre algún otro episodio similar al del Puente Pío Nono se puede terminar recrudeciendo el ambiente.

Como sea, en el Ejecutivo la apuesta es que ocurra lo primero y que haya más disposición de parlamentarios de la centroizquierda a votar en contra del libelo. Además, según fuentes de gobierno, Monckeberg ha adoptado un rol activo y ha estado hablando con algunos parlamentarios de la oposición, principalmente de la DC y del PR.

En este contexto -y por los efectos que pueda tener el plebiscito en la acusación- es que se resolvió también ingresar anoche el escrito de la defensa, pese a que aún no vence el plazo. Esto, con el objetivo de que así empiecen a correr los seis días para que se vote el libelo y que esa sesión se produzca lo más cerca posible a la fecha del resultado del plebiscito. Así, el libelo podría revisarse el jueves en la sala de la Cámara.

De igual manera, el gobierno y la defensa de Pérez están viendo si utilizar la misma estrategia que el exministro de Salud Jaime Mañalich: no recurrir a la denominada cuestión previa -es decir, que primero se vote en base a aspectos formales y de requisitos que debería cumplir el libelo- e ir directo a la votación del fondo.

En La Moneda recalcan que a veces es conveniente apelar a la cuestión previa para que la centroizquierda esgrima en ese punto los argumentos, pero que terminen rechazando la acusación en la votación del fondo.

En medio de la preparación para la defensa, además, Monckeberg, Ossa e Interior han estado trabajando para mantener alineados a los diputados de Chile Vamos. Así, dicen que las estrategias parten de la base de contar con todos los votos de la coalición, descartando a la mayor parte del Frente Amplio y la totalidad del PC. Y, en ese escenario, necesitan solo seis votos de la oposición para que el libelo no avance.

Alejandro Espinoza y Mario Rojas. Ellos son los dos abogados que defienden al ministro Víctor Pérez frente a la acusación constitucional.

Espinoza, quien fue militante de la UDI y es abogado titulado de la Universidad de Concepción, ha representado casos judiciales con alto nivel mediático, entre ellos, los relacionados al financiamiento irregular de la política, donde ha representado al expresidente de la UDI Pablo Longueira, al exsenador Fulvio Rossi y a Cristián Warner, exasesor de Marco Enríquez-Ominami. Asimismo, también defendió -hasta febrero de 2019- al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba en la investigación por irregularidades en su patrimonio.

Rojas, en tanto, también es titulado de la Universidad de Concepción y es cercano al ministro Pérez. El abogado penalista representó, además, a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, en el marco del caso Corpesca.