Comunes pasa a la ofensiva: acuden al Tricel y apuntan contra el Servel para frenar disolución

Nada tranquilo estuvo el cierre del año 2023 para el Frente Amplio.

En pleno proceso de fusión, el 28 de diciembre el Servicio Electoral les asestó un duro golpe y solicitó la disolución del partido Comunes, una de las tres colectividades que integran la coalición base del Presidente Gabriel Boric.

La decisión contra el partido que hoy encabeza Marco Velarde venía siendo preparada por el Servel, entidad que apuntó contra la tienda por el desorden financiero heredado de la gestión anterior. Esta fue encabezada por Jorge Ramírez, expareja de Karina Oliva y militante expulsado.

La resolución dejó en una posición difícil los plazos vislumbrados para la unificación del Frente Amplio, ya que todo desembocará en un juicio ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), instancia a la que Comunes apelará.

El viernes 29 de diciembre, Comunes tomó sus primeras definiciones frente al complejo escenario: sorprendió a sus pares de Convergencia Social y Revolución Democrática durante una reunión convocada para avanzar en la constitución del partido único del Frente Amplio.

En esa instancia Velarde se allanó a dar luz verde a la concreción de la unificación frenteamplista en los plazos estipulados, con o sin Comunes como partido. Esto, advierten en esta última tienda, ya que no quieren convertirse en un impedimento para alcanzar el anhelo impulsado por el Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario, de hecho, presionó en el último aniversario de su partido, CS, para que esa fuera la última celebración en solitario, aspirando a que el próximo evento fuera como partido único del FA.

El caso de una fusión sin Comunes se daría si es que éstos no logran solucionar su crisis financiera antes de que venza el plazo establecido de la unificación. Como sea, su exclusión será solo como partido institucional, ya que el grueso de los más de 12 mil militantes que tiene la tienda quedarían como independientes ante una eventual disolución y ficharían por el partido único del FA bajo esa calidad.

Entre ellos se consideran los militantes que tiene el partido en el gobierno, como la ministra Javiera Toro (Desarrollo Social) o los subsecretarios Giorgio Boccardo (Trabajo) y Víctor Orellana (Educación Superior). Este último fue abordado este martes en La Moneda, en medio de una pauta por los resultados de la PAES, pero evitó referirse a la situación de su partido.

Sin embargo, en el partido que hoy lidera Marco Velarde no solo han comenzado a delinear su estrategia política para abordar el difícil momento. En medio de la discusión que afrontarán contra el Servel ante el Tricel la directiva nacional -donde también destaca la secretaria general, Josefina Villar- se adoptó la estrategia judicial y otros términos a implementar durante las próximas semanas.

Hoy la situación de Comunes depende del Tricel. Dicho organismo, de forma inédita, tendrá que resolver el futuro de la colectividad frenteamplista. Una de las primeras decisiones que determinó implementar el partido fue apelar a esta instancia luego de que se presentara la solicitud de disolución por parte del Servel.

Esto fue conversado en el consejo general del partido, donde, por ejemplo, figuran nombres como la ministra Toro o las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas.

Esta será la primera vez que se active el procedimiento contemplado en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que entró en vigencia en 2017. Además, lo más probables es que será vista por una nueva justicia electoral, ya que el 31 de enero el organismo renovará por completo a sus cinco integrantes.

La apelación de Comunes ante el Tricel, eso sí, aún no ha ingresado, ya que en el partido que dirige Velarde está a la espera de que se les informe desde dicho organismo respecto de los plazos formales.

Entre las ideas que darán sustento a la estrategia judicial se contempla apuntar a un tema procedimental del Servel, ya que una de las principales críticas de Comunes es ls forma en la que se informó de la solicitud de disolver el partido. Esto estuvo a cargo del consejo directivo del ente electoral, presidido por Andrés Tagle y conformado por Alfredo Joignant, María Cristina Escudero, Pamela Figueroa y David Huina.

Según manifiestan en el partido que dirige Velarde, la decisión de solicitar la disolución de Comunes se tomó con antelación a la fecha en la que se informó, pero que no se transparentó previamente con la colectividad, pese a las diversas reuniones que sostuvieron estas semanas representantes de ambos sectores.

Por ejemplo, sostienen que una semana antes del comunicado del Servel, la directiva del partido se reunió con Andrés Tagle para abordar las salidas a la crisis. En ese momento, aseguran, la solicitud de disolver al partido ya estaba en marcha, pero Tagle no se las informó. En el partido del Frente Amplio, cuestionan que la decisión adoptada por el consejo directivo del Servel “no es coherente” con las tratativas que se estaban sosteniendo hasta la semana pasada.

La queja también está en que la resolución se informó muy “encima” de un nuevo proceso eleccionario: las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de 2024. Esto, advierten, no les da margen de acción ya que genera problemas en las aspiraciones de los candidatos que el partido tenía contemplado para dichos comicios. Por esto, se refuerza, que la decisión pudo haber sido comentada con mayor antelación.

Detalle aparte de este punto es el caso de aquellos militantes que firmaron recientemente por el partido y que tienen aspiraciones electorales. Un ejemplo de esto son los adherentes que llegaron en agosto de 2023 desde el movimiento frenteamplista Unir, entre ellos el exministro Marcelo Díaz o el diputado Patricio Rosas.

Desde el partido sostienen que estos elementos estarían incorporados en la apelación, en la que también harán hincapié en que es una crisis que fue heredada por la gestión de Jorge Ramírez, ante la que ellos estaban trabajando para encontrar una solución.

Lo cierto es que, mientras dure el proceso, el Servel mantendrá congelados los fondos estatales que se les debía entregar a Comunes, los que superan los $140 millones.