Con correcciones de última hora, gobierno ingresa veto para salvar reforma electoral

A pesar de que el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), cerca de las 14 horas, informó que el Presidente Gabriel Boric había ingresado un veto para corregir la reforma electoral, sorpresivamente el texto no apareció en la cuenta al inicio de la sesión del Senado.

Estas observaciones (vetos) eran la última chance que tenía el Ejecutivo para salvar la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones municipales y regionales y que implementa un conjunto de medidas electorales, entre ellas, algunas sencillas como el uso del lápiz de pasta azul. Sin embargo, había otras medidas que se cayeron en el trámite legislativo, como la multa a quienes no concurran a las urnas, el recorte al financiamiento electoral y la regulación de la propaganda en redes sociales y medios regionales, algunas de las cuales eran fundamentales para darle ejecución al nuevo esquema de sufragio obligatorio.

Tras semanas de giros políticos, finalmente el gobierno ingresó las observaciones -con la firma del Presidente y del ministro- por la oficina de partes de la Cámara Alta. Con ello, el texto rápidamente comenzó a distribuirse entre senadores y diputados.

Sin embargo, los parlamentarios opositores se dieron cuenta de supuestos errores. Por ejemplo, las observaciones del Mandatario eximían de la multa a “personas gestantes en cualquier período de embarazo”. El principal problema de ello es que la sanción monetaria quedaba sin aplicación a toda embarazada, independiente de que estuviera en una fase muy preliminar de gestación (menos de un mes).

Además, el texto decía que no se le aplicaría la multa de 0,5 UTM (cerca de 33 mil pesos) “a quienes el día de la elección se encontraren enfermos”; “tuvieran 70 años de edad o más”; “se encontraren al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad”; “estuvieran ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación”; por cumplir tareas encomendadas por la Ley de Votaciones y Escrutinios (por ejemplo, personal de FF.AA. y encargados electorales) o no hubieren podido cumplir con su obligación por “otro impedimento grave”.

Fuera de las razones de lejanía, enfermedad, las tareas encomendadas por ley y el impedimento grave, el veto innovaba en varias causales, lo que dio paso a suspicacias de la oposición de que el gobierno no solo se había equivocado, sino que estaba actuando de mala fe.

Debido a esta presión, en la que incluso algunos diputados opositores amenazaron con presentar una acusación constitucional contra el ministro Elizalde, en un lapso de horas, el gobierno se allanó a corregir el texto, eliminando las menciones a “gestantes”, a adultos mayores y a personas cuidadoras. Solo se dejó a los enfermos, la causal de los 200 kilómetros de distancia, la ausencia del país y el concepto de “impedimento grave”, que de alguna forma englobaba muchas eximentes, siempre y cuando, fueran acreditadas ante un juez de policía local.

Para facilitar el cambio, el presidente del Senado, José García (RN), y su vicepresidente, Matías Walker (Demócratas), con la venia de todas las bancadas, no incluyeron en la cuenta la primera versión del veto. Y, luego, también con la unanimidad de la sala, se permitió que el gobierno ingresara el nuevo texto corregido. Por lo tanto, formalmente no alcanzó retirarse el veto en la sala, pero, en los hechos, ese reingreso sí quedó registrado en la oficina de partes del Senado.

No obstante, a pesar de que el ajuste ayudó a calmar los ánimos, durante la tarde las críticas se concentraron en Elizalde.

“Lo único que le faltó al veto fue habilitar el voto desde los catorce años”, dijo con sarcasmo el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien agregó que “si en Venezuela el que hace las fechorías (electorales) es Diosdado Cabello, acá tenemos un Diosdado sin cabello, que es el ministro Elizalde”.

El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, señaló que en el Ejecutivo “se han olvidado de la buena fe. Están estableciendo una multa, primero bastante baja, pero están excluyendo de ella a los mayores de 70 años. Es decir, vamos a tener voto obligatorio para un tipo de electores y voto voluntario para otro. Curiosamente, para aquel grupo de habitantes que habitualmente vota en contra de la izquierda”.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) alegó que “cuando (las mujeres) estamos embarazadas no estamos enfermas (…) hacer un llamado a que ninguna mujer embarazada, que puede no tener ningún problema, no vaya a votar, no me parece correcto. Lo mismo que las personas mayores de 70 años”.

El jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, valoró la reposición de la multa, pero precisó que “llama la atención el monto de la multa que se haya rebajado. Incluso por estacionar mal se va a pagar una multa más alta que por esta causal y eso demuestra que el gobierno sigue intentando de manera mañosa por secretaría desincentivar la participación”.

Uno de los más duros fue el diputado Andrés Longton (RN), quien incluso volvió a deslizar una posible acusación contra Elizalde. “Si el gobierno es capaz de vulnerar la Constitución de esta manera y no respetar su palabra, entonces es capaz de vulnerar cualquier cosa”, dijo el legislador, quien increpó directamente al ministro en medio de una comisión legislativa que tramitaba la protección de datos personales.

Al margen de las críticas, una de las principales concesiones del veto a la derecha era reponer a multa a todos los electores, chilenos y extranjeros.

Elizalde explicó que las enmiendas estaban conformadas por siete vetos: uno sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos.

En todo caso, como gesto al oficialismo, la multa se bajaba a $ 33 mil y se restituía el feriado irrenunciable el día domingo.

Además, las observaciones regulaban la propaganda y recortaban el financiamiento electoral. Así el reembolso fiscal a candidatos bajaría de $1.500 a $970 por cada voto recibido, mientras que la devolución, adicional, que se entrega a los partidos -que patrocinan a esos postulantes-, pasaría de $560 a $370.

Para evitar que la norma fuese rechazada, Elizalde explicó que se unieron los principales puntos del veto en un solo numeral: “La consagración de la elección en dos días, la sanción a quien no cumpla con la obligación de votar, el procedimiento (simplificado) para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas. En un solo numeral, se incorporan todos estos aspectos”, dijo.

En cuanto a la reposición de la multa, señaló: “Se va a aplicar a todos los electores. Creemos que como país debemos discutir respecto de la regulación del voto de los extranjeros, tenemos de las legislaciones más amplias al respecto. Este no es un debate que se ha desarrollado en Chile con profundidad y, por tanto, forma parte de la discusión democrática que tendrá que realizarse oportunamente”.

“Hemos estado viendo sistemas comparados, no hay ninguno que tenga las normas que tiene nuestro país, en donde, por un lado, existe inscripción automática, voto obligatorio, sanción y que también los extranjeros puedan elegir autoridades de todos los niveles, incluidos el jefe de Estado. Y, por tanto, creemos que eso es parte del debate democrático que es necesario realizar. No obstante, respecto a la regulación específica, se establece la sanción para todos los electores”, expresó el ministro.