Con el PC alineado y desmarques en casi todo el oficialismo, La Moneda aprueba en la Cámara norma de alivio a isapres

Al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes ningún diputado comunista figuraba como inscrito para hablar en la sala frente al proyecto de reajuste del sector público.

Aunque este reajuste era una materia importante para PC, en ese comité había una sensación de incomodidad que explicaba ese silencio que se mantuvo, al menos, hasta el mediodía cuando el diputado Boris Barrera decidió usar la palabra.

En vista de que el alza salarial del sector público (que incluye aguinaldos y bonos) debe estar resuelta antes de Navidad, La Moneda, en una jugada desesperada, decidió incluir un artículo, que no tenía relación directa con el reajuste, pero que ayudaba a mitigar el delicado momento financiero de las isapres, producto de una seguidilla de fallos de la Corte Suprema que obligan a reducir cobros. En este punto, el Ejecutivo proponía adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), una suerte de IPC del rubro, que permitiría a las prestadoras subir sus valores.

Para los comunistas y varios legisladores de izquierda, esta norma era un salvataje encubierto a las isapres. Además, cuestionaban que al mezclar el indicador de Salud con el reajuste, el gobierno terminó opacando una buena noticia en el plano laboral.

Pese a ello, los comunistas decidieron en bloque respaldar la postura del Ejecutivo, que, a cambio, debió suscribir un protocolo de acuerdo, en el que adquiría compromisos para reformar el sistema previsional de Salud.

Al final, el artículo polémico fue aprobado por 112 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

El alineamiento del PC (solo se ausentaron las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz por impedimentos graves) fue sorpresivo, debido a que era una de las bancadas más críticas de la controversial norma. Hasta el lunes en la tarde varios comunistas estaban inclinados a rechazarla. Adicionalmente legisladores asociados al comité PC, como los diputados de Acción Humanista, Ana María Gazmuri y Tomás Hirsch, también votaron a favor de la disposición que ayudaba a las isapres.

Por su parte, los diputados de Convergencia Social y Comunes (ambas colectividades del Frente Amplio) también apoyaron el planteamiento de La Moneda.

Sin embargo, el gesto de disciplina no tuvo el mismo eco en las otras bancadas de la alianza gubernamental. Dentro de los 27 votos de rechazo, 17 eran legisladores del oficialismo. En contra del artículo estuvieron los diputados Jaime Araya (independiente PPD), Camila Musante (independiente PPD), Raúl Soto (PPD), Jorge Brito (RD), Maite Orsini (RD), Catalina Pérez (suspendida de RD), Andrés Giordano (Indep. RD), Félix González (ecologista Frente Amplio), Danisa Astudillo (PS), Daniel Melo (PS), Marcos Ilabaca (PS), Alexis Sepúlveda (radical), Cristián Tapia (Indep. PPD), Consuelo Veloso (Indep. ex-RD), Hernán Palma (humanista), Luis Malla (liberal) y Sebastián Videla (Indep. liberal).

Además, se abstuvieron dos legisladores de gobierno: Mercedes Bulnes (Indep. Frente Amplio) y Cosme Mellado (radical). También se ausentó al momento de la votación Leonardo Soto (PS), quien ayer concurrió al Congreso.

La oposición, por su parte, estuvo completamente alineada en favor de la propuesta del Ejecutivo. Los otros votos en contra y abstenciones eran de legisladores independientes (que no se consideran oficialistas) o de partidos no alineados, como la bancada DC, cuyos integrantes se dividieron en este punto sobre las isapres.

En su intervención, Barrera (PC) explicó las razones de su voto a favor. “Nos hacemos cargo de un problema porque nuestra primera preocupación son los usuarios del sistema de isapres, quienes serán los más perjudicados. Dejamos fuera el populismo y nos hacemos cargo del problema”, dijo.

Afuera de la sala, la diputada Karol Cariola (PC), integrante de la Comisión de Salud, también reiteró que apoyaría la norma que da oxígeno a las isapres, básicamente para no perjudicar a los afiliados. “La situación es extremadamente grave. Si se aplicara el fallo en este momento, al menos tres de ellas (isapres) estarían cayendo en insolvencia. Caer en insolvencia significa concretamente que los afiliados entran en un corralito. No pueden salir de la captura de esa isapre y tienen que pagar todas las prestaciones. Nadie está defendiendo a las isapres”, explicó.

La decisión de los comunistas no fue fácil. El fin de semana sostuvieron reuniones entre ellos para fijar una postura. Incluso, hasta el lunes en la tarde varios estaban por rechazar la propuesta para las isapres.

Sin embargo, un argumento que hizo ver el superintendente de Salud, Víctor Torres (DC), en la discusión que se dio en las comisiones de Salud y Hacienda de la Cámara, fue gravitante. Una de las alternativas para evitar el corralito para los afiliados de una isapre en quiebra, era precisamente adelantar el alza del indicador de salud, ya que genera un plazo de seis meses para que los usuarios puedan cambiarse de entidad previsional si no están conformes con el nuevo cobro.

Por mandato de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, Torres fue clave en la negociación de indicaciones con algunos diputados, entre ellos, Tomás Lagomarsino (radical) y Eric Aedo (DC), que ayudaron a bajar la resistencia inicial de varios legisladores de izquierda.

Paralelamente, la ministra de Salud sostuvo una seguidilla de conversaciones que se extendieron hasta el lunes en la tarde, tratando de consensuar este protocolo de acuerdo, en el que el gobierno adquiría ciertos compromisos.

A diferencia de otras negociaciones en que el mayor esfuerzo se hace habitualmente en el Senado, ahora, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, equipo que dirige el ministro Álvaro Elizalde (PS), se diseñó una estrategia distinta. En este caso, se optó por hacer la apuesta principal en la Cámara con este acuerdo.

Elizalde sostuvo conversaciones con referentes de todas las bancadas y almorzó la semana pasada con las dirigencias del Frente Amplio para tantear el terreno de un posible protocolo.

En este documento, dado a conocer el lunes, el gobierno se comprometía a aprobar, a más tardar en abril de 2024, la llamada Ley Corta de Isapres. A esta iniciativa, que está en manos de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo le pondría discusión inmediata.

También se adquirió el compromiso de “avanzar en el diseño hacia una reforma de la seguridad social en salud”, que se desarrollará con el apoyo de una comisión técnica, incluyendo representantes de instituciones, expertos, asociaciones de usuarios, universidades, prestadoras públicas y privadas y exautoridades. Dentro de las medidas, se presentarían modificaciones para eliminar las preexistencias y la declaración de salud. Además, se fortalecerá a Fonasa para que las isapres comiencen a perfilarse en seguros de salud complementarios.

Como parte de este protocolo, el gobierno también patrocinó un conjunto de indicaciones de diputados, entre ellas una que prorratea entre afiliados los costos asociados a menores de 2 años que no están cubiertos por las garantías de salud y también la postergación del reajuste del ICSA de junio de 2025 a septiembre de ese año.