Pasadas las 15.00 horas de este miércoles se inició una sesión especial de la sala del Senado, convocada para tratar los traspasos de recursos fiscales a las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Se invitó al ministro de Hacienda, Mario Marcel; al titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y al jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Los dos últimos son los más apuntados por la oposición en el marco de la crisis que partió por los contratos de la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democracia, con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta.

Al terminar la sesión especial, los ministros Jackson y Montes ofrecieron un punto de prensa acompañados por el titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero y el jefe de la cartera de la Segpres, Álvaro Elizalde.

En ese sentido, el ministro Jackson afirmó que tras el envío de una unidad de “alto nivel” para recopilar antecedentes, “revelan que al menos, en uno de los convenios que se pesquisaron existe una irregularidad en la nota que se genera una asignación, es que instruí la aplicación de un sumario administrativo para esclarecer la situación. Esto no es frente a una persona en particular, el procedimiento de sumario administrativo es para recoger todos los antecedentes y que las personas que hayan sido responsables de esta aplicación incorrecta de la rúbrica de evaluación en la aplicación de un convenio puedan también tener la responsabilidad que establecen el estatuto administrativo”.

Respecto a las peticiones de renuncia del ministro de Desarrollo Social, Jackson descartó abandonar el cargo y aseguró que “habría que preguntarle a quienes emiten esos juicios cuál es la motivación. He estado asistiendo a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, hoy ante el Senado y vamos a estar en todas las instancias necesarias para esclarecer la información, porque probablemente quienes más interesados estamos en que esto se esclarezca y tenga sanciones claras, son quienes hemos sido apuntados y por lo tanto, que no quepa ninguna duda de cooperación personal y también institucional va a estar para que esto se esclarezca y sean sancionadas”.

Frente al mismo tema, el ministro Montes también descartó renunciar al cargo. “No voy a estar comentando las declaraciones de un senador (Felipe Kast)”, sostuvo Montes.

“Vamos a avanzar en diseñar un nuevo sistema. Necesitamos con rapidez tener un nuevo sistema de convenios, de contenidos, de fiscalización, de todos. De cálculo de costos, de garantías y eso lo esperamos tener en los próximos días, porque tenemos que hacerlo para seguir empujando proyectos en distintos lados”, afirmó el titular de Vivienda y Urbanismo frente al mecanismo de traspaso de dineros.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, también se refirió a la polémica sobre el conocimiento que tuvo el gobierno del oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (ex PDG) dirigido al seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), donde daba a conocer el caso de Democracia Viva.

Esto, ya que en el marco de una visita a la Región del Maule, esta jornada el Presidente Boric detalló que él conoció del caso a través del oficio que levantó la diputada Ahumada, el que tiene fecha 7 de junio, es decir, 9 días antes de que se destapara el caso en un medio regional. Eso sí, aclaró que “alrededor” de la publicación de esa pieza periodística constató que podían existir irregularidades y ahí tomó las acciones correspondientes.

En ese sentido, el ministro Cordero recalcó que “los ministros tomaron conocimiento el día 16 de junio. Efectivamente existe un oficio. El Presidente -con la transparencia que lo caracteriza- lo que ha hecho hoy es una construcción cronológica de cómo fueron los hechos”.

“Existe un oficio del 7 de junio de solicitud de información, de fiscalización de una diputada (Yovana Ahumada) dirigida -y esto es bien relevante para efectos de comprender lo que hoy se ha señalado- al seremi de Vivienda de Antofagasta (Carlos Contreras). Por lo tanto, ese oficio ni fue dirigido al Ministerio de Vivienda ni tampoco menos a la Presidencia de la Repúlica”, explicó.

Detalló que “lo que el Presidente ha hecho es una reconstrucción de como fue el procedimiento y en ese contexto hizo referencia al oficio respectivo, simplemente basta leer el oficio de la diputada y la manera como está dirigido para poder comprender razonablemente bien para entender a que se refería el Presidente”.

“Está completamente descartado (que haya una infracción) porque materialmente es imposible, dada la forma y modo en que está dirigido ese oficio”, puntualizó.

Consultado sobre si fue Contreras quien se guardó información, Cordero afirmó que “eso efectivamente sucedió y eso explica en parte las consecuencias posteriores de remoción del cargo. Desde el momento en que el gobierno, el Ejecutivo central tomó conocimiento el día 16 de junio, inmediatamente se ordenaron los antecedentes y se adoptaron las decisiones”.

“Encuentro que está bien que veamos todo lo que tengamos que ver, pero hoy la agenda legislativa se la está llevando la corrupción”, apuntó durante la sesión el senador Karim Bianchi (IND).

El legislador pidió hacer “todo lo posible para llevar a los responsables a la cárcel, porque los cuervos se comienzan a asomar”.

El ministro Marcel inició las exposiciones de autoridades y explicó que “hasta hace poco no había norma general sobre transferencias al sector privado, pero desde 2021 fue incluido en ley de presupuestos”. En esa línea agregó que “las instituciones privadas que reciban cifras superiores a 200 UTM deben publicar en su sitio los gastos”, y detalló que “si no cumplen no pueden recibir fondos hasta que esa situación se subsane”.

Jackson, tomó luego la palabra y destacó que la “asociación público-privada” es fundamental para el trabajo de su cartera.

El ministro de Desarrollo Social señaló que solicitó un sumario en Atacama para que se investiguen concursos. Esto, luego que la senadora por la zona Yasna Provoste denunciara en Contraloría presuntas irregularidades en convenios de la cartera.

“Respecto a la situación de Atacama y el problema específico que se ha suscitado allá, enviamos un equipo especializado a penas nos informamos de esta situación que fue comunicada por la senadora Provoste. Logramos llevar esta comisión integrada el día de ayer y nos juntamos con la senadora (…). A primera del día de hoy la comisión nos entregó los primeros hallazgos que encontraron en la zona y lo que pudimos instruir es que en al menos en un concurso el proceso de evaluación no se ajustó de manera estricta a la aplicación de los criterios establecidos en las bases de licitación, por lo tanto, hoy instruí un sumario administrativo para que se esclarezcan los criterios de evaluación para todos los concursos del Plan Protege Calle 2022-2023 en la región”, indicó el otrora líder estudiantil.

Jackson destacó que se han desarrollado seis procesos de auditoría ministeriales para supervisar procesos asociados a transferencias de recursos.

“Conocidas las irregularidades denunciadas instruí a cada una de las subsecretarías y servicios relacionados iniciar un proceso de recopilación y sistematización vinculada a todos los convenios para analizar en detalle la forma en que han actuado las distintas reparticiones y dar respuesta oportuna a los múltiples requerimientos de información que han llegado al ministerio”, reportó.

En su intervención, en tanto, el senador Rojo Edwards pidió a Jackson renunciar.

“Creo ministro Jackson que usted tiene que ver la posibilidad de irse del gobierno. Se lo digo sinceramente. Y al ministro Montes, si no quiere o no puede hacer nada en contra de este mecanismo que se incubó en su ministerio al parecer, vea bien qué hacer, porque esto tiene potencial para teñir su trayectoria. Acá se necesita una cirugía mayor”, sostuvo.

El senador José Miguel Insulza, por su parte criticó que en la sesión se estuvieran haciendo “condenas” sin abordar el tema en cuestión.

“Hay sospecha. Verifiquemos esas sospecha”, dijo Insulza, llamando a que el ”Senado busque la forma de reflexionar sobre este tema”.

“Podemos poner un poco de cordura en esto. Escuchemos los antecedentes”, planteó.

En su exposición, en tanto, el exsenador Carlos Montes, dijo que hay instituciones de la sociedad civil que aportan en forma competente y transparente a la labor del Estado.

Montes detalló acciones realizadas ante lo ocurrido en Antofagasta con Democracia Viva, informando que se instruyó el alzamiento del secreto bancario de todas las cuentas del Minvu y se puso en marcha un sistema de denuncia para que funcionarios alerten de eventuales anomalías.

“No voy a renunciar porque me siento con la responsabilidad de tratar de sacar el programa de emergencia habitacional y estamos avanzando seriamente para enfrentar los temas de las irregularidades y eventual corrupción”, afirmó, reconociendo que era para él “doloroso tener que enfrentar un debate como este”.

“Es bastante doloroso, después de estar tantos años en esta institución, en esta Sala, en la Cámara. Quisiera que tuviéramos una conversación más profunda sobre la vivienda en Chile, porque el déficit de vivienda no es por casualidad”, planteó casi al final de su intervención.

También se refirió a la situación de los campamentos. “Vivir en campamento hoy es muy complejo, no es como antes. Vivir donde hay líderes del Tren de Aragua es muy difícil”, reflexionó, llamando a abordar el tema de fondo.

“Ojalá que salgamos de esta sesión con un espíritu constructivo y que los que hayan cometido actos de corrupción sean sancionados”, cerró el secretario de Estado.

El senador Fidel Espinoza advirtió que “no es el momento de blindajes ni defensas corporativas” y cuestionó al Frente Amplio. El legislador del PS llamó a las autoridades a que “asuman sus responsabilidades políticas y no sigan poniendo en riesgo la figura presidencial”.

Por su parte, la senadora Paulina Núñez dijo: “Coincido en que el Senado tiene que estar a la altura para que esto tenga una salida y una solución”.

“Para que entendamos que tenemos una profunda crisis de confianza, de daño a la probidad y a la democracia”, expresó.

En esa misma línea manifestó que “no es el problema delegar funciones a regiones, el problema son los sinvergüenzas que pasaron a llevar la democracia y la fe pública”, agregando que “el problema no es del Estado ni de las fundaciones, sino de quienes hoy están siendo investigados”.

En tanto, la senadora Ximena Rincón destacó: “Nosotros como demócratas hemos realizado varias acciones por este tema. Le pedimos a los ministros los contratos con fundaciones, corporaciones y todas las instituciones sin fines de lucro, pero a dos semanas no tenemos respuesta”.

La legisladora manifestó que “aquí se instaló una idea de probidad, superioridad y estándar, pero que deja mucho que desear”.

La senadora Yasna Provoste dijo que “este es un momento difícil, para el gobierno y para las autoridades que encabezan instituciones que son cuestionadas”.

A juicio de la legisladora, resulta imperativo frenar la crisis, ya que “afectará la capacidad del gobierno para poner el foco en otras tareas prioritarias”.