La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que hace exigible el test de drogas para el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales. Aunque, por ser objeto de una indicación, la iniciativa debe volver a la comisión de Gobierno Interior.

Con 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, el proyecto que se aprobó corresponde a mociones parlamentarias refundidas, impulsadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (ind.). Los votos en contra correspondieron a las parlamentarias del Frente Amplio Lorena Fries y Maite Orsini.

Los diputados de la misma colectividad Gonzalo Winter, Diego Ibáñez y Gael Yeomans estuvieron a favor de la iniciativa, mientras que los legisladores Francisca Bello (FA), Roberto Celedón (FA), Camila Rojas (FA), Javiera Morales (FA), Emilia Schneider (FA), Carolina Tello (FA), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Matías Ramírez (PC), Clara Sagardia (ind.-FA), Juan Santana (PS) y Tomás de Rementería (PS) se abstuvieron.

Junto con ello, los diputados aprobaron un proyecto de resolución mediante el cual la Cámara solicita al Presidente Gabriel Boric otorgar urgencia a la iniciativa.

El proyecto debe volver a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja porque fue objeto de indicaciones. Rubén Oyarzo (IND), presidente de la instancia, dijo que lo tramitaría con celeridad.

La parlamentaria Paula Labra, una de las autora de la iniciativa, indicó que “aprobar este proyecto de ley es la oportunidad para que demos las señales correctas a la ciudadanía. Los cargos públicos deben ser ejercidos de manera limpia en todo aspecto”.

La diputada manifestó que espera que el gobierno se haga parte, y pese a que aun no lo ha hecho, le puedan poner urgencia al proyecto para que se tramite durante esta legislatura. “Debería ser el primero en adoptar prácticas como la que propone este proyecto, incluso de manera voluntaria sin necesidad a esperar que sea ley”.

La iniciativa busca que parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes se realicen, al menos una vez al año durante el ejercicio de sus cargos, un examen médico realizado por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, conforme a estándares internacionales. Dicho examen se basará en una muestra de cabello.