Congreso aprueba restricción presupuestaria contra migración irregular y obliga a La Moneda a improvisar soluciones jurídicas

En un nuevo round de la pelea que ha enfrascado al gobierno y la oposición por el alza de la delincuencia y la migración irregular, el Senado ratificó con votos de la derecha, del Partido Demócratas y de la DC una propuesta que venía de la Cámara que restringe presupuestariamente la regularización de extranjeros en situación informal.

Se trataba de una glosa, ideada por los diputados de RN, Diego Schalper, José Miguel Castro y Andrés Longton, presentada dentro de la Ley de Presupuestos 2024 para limitar el margen de maniobra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior. “Con cargo a estos recursos en caso alguno el Servicio Nacional de Migraciones podrá regularizar a extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente al territorio nacional o cuyo ingreso no conste a la autoridad migratoria”, dice la indicación que ya había sido aprobada la semana pasada por la Cámara, con votos del Partido Republicano, de la UDI, de RN, de Evópoli, de Demócratas, del PDG, de Amarillos, de la DC, de algunos independientes e, incluso, de un puñado de legisladores oficialistas como los independientes PPD, Jaime Araya, Cristián Tapia y Héctor Ulloa; el PPD Raúl Soto; y los radicales Tomás Lagomarsino, Cosme Mellado y Alexis Sepúlveda.

Entonces, el gobierno hizo reserva de constitucionalidad, a pesar de que igualmente apostaba a revertir el resultado en la Cámara Alta. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo para eliminar esa disposición no contó con la mayoría suficiente.

El desenlace, además, tuvo una cuota de suspenso. Al votarse la petición del Ejecutivo para borrar esa restricción para regularizar a migrantes, el primer resultado arrojó un empate: 18 a favor, 18 en contra y tres abstenciones. Dado que el reglamento del Senado obliga a repetir la votación cuando se producen estas situaciones, en un segundo intento, la postura de La Moneda fue derrotada por 18 a favor y 21 en contra. En esta ocasión, no votaron Yasna Provoste (DC) ni Loreto Carvajal (PPD) y mantuvieron su voto con la derecha los senadores Ximena Rincón (Demócratas) e Iván Flores (DC).

“El fracaso del gobierno en el control de la migración irregular y en la lucha contra la delincuencia, afecta sensiblemente la convivencia social y es urgente tener los recursos suficientes para adoptar medidas en los controles fronterizos”, dijo el senador José Durana (UDI) al defender esta disposición en la Sala.

Con ello, esta norma, que impide al Servicio Migraciones usar sus propios recursos para las regularizaciones, estaría en condiciones de ser parte de la Ley de Presupuestos 2024.

No obstante, al gobierno aún le quedan algunas cartas. Dado que se hicieron las respectivas reservas en la Cámara y el Senado, La Moneda podría impugnar esta glosa ante el Tribunal Constitucional por vulnerar facultades del Presidente de la República en el uso de recursos públicos. También el Ejecutivo podría presentar un veto presidencial para suprimir esa restricción.

Además, consultado por este episodio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), deslizó que podría recurrir a dineros de otros programas o capítulos presupuestarios, debido a que las regularizaciones son parte de un mandato de la misma Ley de Migraciones. “Las normas para cualquier regularización están contenidas en la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), para esto no es necesario una indicación a la Ley de Presupuestos... Quiero insistir en que hoy día está en toma de razón de Contraloría la PNME, que es una política bastante restrictiva en esta materia. Por lo tanto, cuando hay política, hay presupuesto, cuando se requiere llevar adelante una política, si es que el gobierno decidiera hacerlo, tiene la partida para complementar presupuesto... Esa indicación es absolutamente innecesaria”, dijo Monsalve.

No obstante, la lectura de la oposición es distinta.

“Se aprobó en el Senado la indicación que propusimos acá en la Cámara para que no se regularice (a extranjeros que ingresaron irregularmente al país) y que el gobierno de esta manera pueda comprender que la migración cuando es regular es bienvenida, pero cuando cruza nuestras fronteras de manera ilegal y le produce tanto daño a nuestro país -como hemos visto a propósito del sicariato, crimen organizado, narcotráfico y delitos tan violentos que se han importado- el gobierno tiene la obligación de expulsar”, señaló el diputado Longton.

El parlamentario de RN, que preside la Comisión de Seguridad de la Cámara, agregó que la ratificación de la iniciativa en el Senado “derriba la postura del gobierno que estaba en su programa, que solamente hablaba de regularizar a quienes ingresan irregularmente al país”.

Este episodio fue solo uno de los rounds del miércoles a propósito de la seguridad pública y la inmigración irregular.

Durante la mañana, las dudas levantadas por la oposición sobre las cifras oficiales de delincuencia volvieron a enrarecer el ambiente.

El problema para el gobierno es que el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, exmilitante PPD y antiguo aliado político de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en declaraciones a Emol TV sembró más sospechas en este debate. Según denunció, la “actual administración alteró la fecha de toma de muestras de encuestas de victimización (la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC), cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años. Esta es una encuesta que está desde 2003 y resulta que no tomaron medida entre septiembre y diciembre del año pasado, nadie sabe por qué y resulta que la tomaron después, entonces nos van a dar los resultados esta semana y probablemente no va a ser comparable con los años anteriores”.

Desde la oposición calificaron como gravísima esta alteración.

“Están cambiando el termómetro, porque no les gustan los resultados”, señaló el diputado Jorge Alessandri (UDI). Su par Cristián Araya (Partido Republicano) agregó que estas son “prácticas propias de otros países, los cuales se adulteran las cifras para poder dar imágenes de realidades que no existen”, mientras que Diego Schalper (RN), acusó un intento “mañoso” para “generar una sensación de calma”.

En defensa del gobierno, el diputado Jaime Araya (Indep. PPD) afirmó que “no hay una variación metodológica importante”, mientras que Leonardo Soto (PS) deslizó que detrás de las críticas opositoras solo hay una “finalidad política” en la antesala del plebiscito constitucional.

A nombre del Ejecutivo, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que “las críticas que se han expresado son injustificadas y desinformadas”, y señaló que la encuesta ENUSC ya había tenido “cambios importantes en su metodología con motivo de la pandemia”.

Esta polémica, en todo caso, venía precedida de otras controversias en materia de estadísticas.

El lunes pasado, la ministra Tohá expresó que los ingresos irregulares habían bajado en un 29%, a lo que el diputado Longton respondió que era un manejo “mañoso” de cifras.

El martes, en tanto, la titular del Interior arremetió contra los legisladores de derecha por ensuciar las estadísticas públicas, lo que afectaría la imagen internacional del país. “Es muy grave decir que el Ministerio del Interior está falseando los datos de homicidios”, aseguró.