Congreso aprueba séptima prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur: medida regirá por otros 15 días

Este martes el Congreso visó la séptima prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la Macrozona Sur del país y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la zona. Esto, luego de que el Senado aprobara en la mañana la solicitud del Ejecutivo por 41 votos a favor, uno en contra -Fabiola Campillai (ind.)- y tres abstenciones: José Miguel Durana (UDI), Francisco Huenchumilla (DC) y Yasna Provoste (DC). De esta manera, la herramienta regirá por 15 días más en La Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío.

La Cámara Alta dio su aprobación luego de que el lunes en la noche la Cámara de Diputados visara previamente la medida, en una sesión marcada por la modificación que realizó el Ejecutivo al Decreto 189 que sustenta la medida, incluyendo la “protección de vida de las personas” como parte del rol que cumplirá las FF.AA en la zona.

Es así como el gobierno estableció que “las medidas adoptadas en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas”.

El gobierno venía trabajando en esa modificación desde hace un tiempo, considerando hechos graves que han ocurrido en la Macrozona Sur, como el ataque del pasado 29 de agosto en el molino Grollmus en Contulmo, donde tres personas resultaron heridas; una de ellas sufriendo la amputación de su pierna.

La aprobación de esta nueva prórroga, en tanto, se traduce en el primer triunfo legislativo de la ministra del Interior, Carolina Tohá y de la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quienes arribaron a sus respectivos cargos el pasado martes, en el marco del cambio de gabinete ejecutado por el Presidente Gabriel Boric. En la sesión de este martes participó también a nombre del gobierno la ministra de Defensa, Maya Fernández.

En el marco del debate, el senador José García Ruminot (RN) pidió que el gobierno pudiese, ya sea en la Comisión de Defensa o de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, dar cuenta del número de efectivos desplegados en la zona, los equipos y las atribuciones específicas que tienen las FF.AA.

Al respecto, el presidente de la corporación, Álvaro Elizalde (PS), planteó que el próximo lunes los comités parlamentarios pueda formularle una propuesta al gobierno para que esas comisiones tengan una reunión con los equipos de gobierno y analizar esa información.

Tohá realizó una extensa exposición en la sala del Senado para defender la solicitud de prórroga. En ese sentido, la jefa de gabinete aseguró que “detrás de los problemas de la inseguridad hay muchos problemas más que no enfrentamos a tiempo y derivan en esta situación que hace la vida invivible”.

En esa línea dejó en claro que “como gobierno entendemos lo que ustedes han señalado aquí, que los problemas en la Macrozona Sur no son problemas que se resolverán con un Estado de Emergencia. Lo que hace es ir en apoyo a las personas que están viviendo una situación de riesgo, pero los problemas de raíz se van a resolver con otros instrumentos”.

Así, planteó que “la solución requiere que el Estado se ponga en una sintonía de cómo actuar” y que “como gobierno quisiéramos en seis meses tener lograda esta situación”. Incluso hizo alusión al debate por una nueva Constitución que se llevó adelante en la Convención Constitucional: “Pensemos en cómo fue el debate de esta materia en el proceso constitucional, lo que costó, algo en lo que requerimos una postura de Estado y cuando tuvimos esta discusión no solo no se llegó a acuerdos, también los grupos más radicales tampoco estaban de acuerdo con esa propuesta. No podemos avanzar si mantenemos esa distancia”.

La titular de Interior continuó afirmando que “en el gobierno del Presidente de Boric tenemos plena conciencia que los estados de emergencia no van a ser la solución, no nos gusta nada tener que recurrir a este instrumento; pero cuando tenemos a chilenas y chilenos que viven en el temor y que las policías no se la pueden, recurrimos a este instrumento. No nos gusta, pero tenemos una obligación (...) es lo mínimo que estamos buscando al tener Estado de Emergencia. En segundo lugar necesitamos un diálogo político”.

El senador socialista, Fidel Espinoza, quien ha sido crítico de la gestión del gobierno y, en específico, en su momento del exministro Segpres, Giorgio Jackson, hizo públicos sus reparos a la nueva ministra del Interior por la designación del exconvencional Ricardo Montero como jefe de gabinete de la cartera.

“Es políticamente suicida y de una imprudencia y una provocación, que la primera contratación del Ministerio de Interior sea la de un exconvencional que fue autor de la siguiente norma constitucional del fracasado texto rechazado ampliamente por la ciudadanía de Chile: La inmediata desmilitarización del Walmapu, que el indulto sea aplicable desde el 2001 al 2021 para los presos políticos mapuche. Y no entiendo nada, porque justamente es lo contrario a que ha dicho el Gobierno, que en Chile no hay presos políticos, hay delincuencia”, afirmó.

Ante el emplazamiento, Tohá respondió en la misma sala y aseguró: “no voy a hacer aquí una polémica de los equipos con que nosotros trabajamos. Lo que pediría es que trabajemos y juzguemos la gestión a partir de su accionar y sus resultados, que nos demos ese espacio, o sino nos vamos a paralizar. Y lo que les puedo asegurar es que el equipo que se está haciendo en el Ministerio del Interior, en el cual hay el aporte muy importante de las personas que vienen trabajando en estos meses, tiene como norte las temáticas que estamos hablando aquí, va a trabajar en esa dirección”.

El lunes, el gobierno había dado cuenta de la efectividad de la medida durante sus primeros 110 días de aplicación (18 de mayo al 4 de septiembre). En ese sentido, explicaron que los eventos denominados como violencia rural “han disminuido un 18%, respecto a los 82 días inmediatamente anteriores dentro de la Macrozona Sur”.

También detallaron que “el 95% de los casos ocurre dentro de las provincias donde se implementó el Estado de Excepción Constitucional (EFC), lugares donde se ha observado una disminución del 21% de los casos de violencia rural una vez entrada en vigencia la medida constitucional”. Respecto al mismo periodo del año anterior “los eventos de violencia han disminuido un 45% en toda la macrozona y un 48% en las provincias comprendidas bajo la medida.

En relación a las personas que se han visto heridas productos de hechos de violencia en la Macrozona Sur, el gobierno detalló que “han tenido una disminución del 41% dentro de las provincias bajo el Estado de Excepción Constitucional, pasando de 81 a 48 en el mismo periodo de un año a otro”. Por último, desde el Gobierno indicaron que “se han reducido en un 55% los eventos con presencia de armas de fuego”.