“Estoy tremendamente tranquilo”. Así reaccionó el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) ante las consultas de la prensa por ser uno de los parlamentarios que tienen -o tuvieron en el pasado, durante el ejercicio de su cargo- contratos con el Estado.

A pesar de la aparente calma, en el Congreso Nacional hay preocupación luego de que el viernes pasado el Tribunal Constitucional (TC) destituyera a la senadora Isabel Allende (PS) por el fallido proceso de compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, inmueble del cual la legisladora -que ayer tuvo su despedida del Senado- era copropietaria como heredera.

El fallo adverso del TC se basaba un impedimento que tienen los parlamentarios. Concretamente, el artículo 60 de la Carta Fundamental establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

Sin embargo, de acuerdo a información pública que ha sido revelada en algunos reportajes, por ejemplo The Clinic, hay otros legisladores que en el pasado han suscrito contratos con alguna repartición del Estado, como Juan Castro (PSC), Fidel Espinoza (PS) y el propio Cruz-Coke. Una materia que ya en 2017 había sido advertida también por La Tercera con otros casos.

Sin embargo, todos los consultados por La Tercera, dijeron estar tranquilos frente a los antecedentes expuestos.

Espinoza, por ejemplo, aseguró que “en el año 2005 me retiré oficialmente de la Sociedad Difusora Fresia Limitada, teniendo presente eventuales incompatibilidades futuras que mi participación en ella pudiera generar. Aquella desvinculación quedó refrendada en el Diario Oficial el 17 de septiembre del mismo año, dejando de tener derechos y acciones sobre la sociedad”.

Y añadió: “Mi error involuntario, por desconocimiento, fue no verificar que dicha sociedad continuaba figurando en el Registro de Comercio del Conservador, lo que fue corregido en el año 2018″.

En esa línea, sostuvo que “nunca he recibido un peso para beneficio personal por contratos que suscribió la Sociedad Difusora como empresa privada, de la cual no soy propietario ni accionista, con organismos del Estado o instituciones particulares”.

Y remató: “Fui investigado por esto 6 años por la Fiscalía. Se me investigó todo entre 2018 y 2024″.

El senador Castro, en tanto, aseguró que “jamás” ha firmado un contrato con el Estado, añadiendo que no tiene participación en ninguna empresa.

Además, Castro sostuvo que “desde que soy senador, nunca he firmado un contrato con el Estado y no formo parte de sociedad que se hace alusión”.

Consultado por una posible avalancha de solicitudes de destitución, a raíz del antecedente de Allende, Castro añadió: “No tengo ningún temor porque yo no he firmado ningún contrato con el Estado como persona siendo senador de la República”.

El diputado y precandidato presidencial Jaime Mulet (FRVS), otro de los aludidos, se defendió en la sala de la Cámara, invocando el artículo 33 de la Corporación, que dice relación con la posibilidad que tiene el parlamentario cuando estimare que su reputación ha sido dañada. “La información no es cierta”, indicó.

“Se refiere a hechos que no están bien especificados”, aseguró. Y añadió que “nunca este parlamentario ha celebrado, como parlamentario, un contrato de ningún tipo. Se señala que sería un contrato de una radio de la cual yo fui socio, eso no es cierto, ese contrato, sin ser yo administrador de la radio, se celebró en agosto de 2017 por $ 750 mil cuando yo ni siquiera era candidato”.

Y finalizó: “Salí de esa sociedad como consta en los documentos que tengo aquí en mi mano. Salí el 8 de abril del año 2018″.

Ofensiva PS

En medio de esta inquietud que merodea en el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri (PS), junto a sus compañeros de bancada Daniella Cicardini, Nelson Venegas, Tomás de Rementería y Jaime Naranjo, anunció que planean recurrir ante al TC por estos casos.

“No puede existir discriminación política. Nosotros esperamos que todos los actores que han hecho gárgaras con este tema puedan demostrar consecuencias en el criterio que se utilice. Creemos que hay un precedente jurídico y ante ese nuevo precedente jurídico se tendrá que aplicar el mismo criterio”, afirmó Manouchehri.

Y agregó: “Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínense cuál debería ser el criterio del TC con contratos que se ejecutaron y que se encuentran muchos de ellos en este momento en ejecución. Por tanto, nosotros vamos a analizar los antecedentes y comenzar la recolección de las firmas”.

Los efectos de la decisión del TC en eventuales destituciones de otros parlamentarios en ejercicio, quienes a través de sus sociedades celebraron contratos con el Estado, fue advertido por la defensa de la senadora Allende.

La advertencia de Osorio

El abogado Gabriel Osorio, quien representó a Allende ante el TC, justamente advirtió las repercusiones que podría tener en otros casos de parlamentarios. Osorio afirmó que “una sentencia que tomara en consideración lo dispuesto por mis distinguidos colegas haría que cualquier parlamentario en ejercicio que en algún momento haya celebrado contratos con el Estado” sea cuestionado ante el TC.

El abogado también dijo que ese tipo de casos ya han salido en la prensa, aludiendo al reportaje de La Tercera que identificó a diputados y senadores que en 2017 tenían contratos con el Estado. De hecho, Osorio sostuvo que respecto de esos casos -o los revelados recientemente por The Clinic- quedan en una situación aún peor porque, a diferencia de Allende, se trata de “contratos que sí han sido perfeccionados y que sí han sido ejecutados”, pero que nunca “han sido traídos a este estrado”.

La situación para ese tipo de parlamentarios se vuelve aún más problemática si se toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema. El máximo tribunal ha establecido que la responsabilidad constitucional no prescribe, por lo que se podría objetar a parlamentarios sin importar el tiempo que haya pasado desde que celebraron sus contratos.