Consejeros aprueban un capítulo especial para la Defensoría de Víctimas y expulsión “en el menor tiempo posible” de migrantes que ingresen por pasos no habilitados

Una de las votaciones que se tomó este lunes al Consejo Constitucional fue la de las indicaciones propuestas por la derecha: la creación de un nuevo capítulo para la defensoría de las víctimas. En la enmienda de unidad de propósito de la oposición, es decir materias en las que tienen consenso, se sustituye el epígrafe “Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas” para darle pase a un capítulo nuevo llamado “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”.

En el primer inciso de la norma se lee que: “El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas es un órgano dotado de personalidad jurídica, de carácter descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. Se relacionará con el Presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial”.

Mientras que el inciso siguiente se establece que “este servicio tendrá por objeto garantizar el acceso a la justicia de conformidad a los derechos las garantías de acceso a la justicia e igualdad ante la ley consagradas en esta Constitución. En su funcionamiento, procurará poner a las personas en conocimiento de sus derechos, así como de los medios para ejercerlos, promoviendo para ello la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos”.

De esta manera, esta nueva defensoría tendrá rango constitucional y una regulación especial en la eventual Carta Magna. En tanto, la actual Defensoría Penal Pública -la que ofrece representación jurídica a los imputados- solo tendrá un reconocimiento legal, es decir inferior, pese a los constantes esfuerzos del órgano por conseguir su autonomía constitucional.

La enmienda de unidad de propósito fue aprobada por toda la derecha, pero tuvo cuatro abstenciones del oficialismo. Pese a que estaban de acuerdo con la iniciativa, la izquierda tenía un reparo.

“Hubo un punto que a nosotros nos parecía que no era posible aprobar por nosotros, que se refería a esta unidad especializada a cargo de la defensa de ciertas víctimas relativas al ámbito de competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Nos parece preocupante este inciso en particular porque lo que hace es priorizar algunas víctimas respecto a las demás. Nos hemos referido a este inciso como aquel que se refiere a las víctimas VIP”, manifestó la consejera Pardo.

Luego agregó: “¿Por qué decimos esto? Porque nos parece que todas las víctimas son importantes, todas las víctimas requieren de atención especial, no solamente algunas. Quedan fuera de esta unidad especial las víctimas de robo por violencia, las víctimas de robo con intimidación, las víctimas de delitos sexuales”.

A modo de respuesta a Pardo, el presidente de la comisión de Función Jurisdiccional, Antonio Barchiesi (republicano), antes del punto de prensa, señaló que “me parece lamentable que el día de hoy una consejera de izquierda haya señalado que parte de este capítulo era para víctimas VIP. En Chile no hay víctimas VIP. En Chile hay víctimas que sufren a diario con el terrorismo, con el narcotráfico y con la delincuencia absolutamente desatada”.

Pero también hubo otras votaciones durante la jornada. Los consejeros de la comisión de Principios aprobaron una enmienda sobre asuntos migratorios. La derecha visó que los migrantes que ingresen al país por pasos no habilitados deberán ser expulsados “en el menor tiempo posible”. En tanto, los republicanos retiraron la enmienda que dejaba como apátridas a los hijos de migrantes que ingresaron por pasos no habilitados y que nacieron en Chile.

Sobre la misma indicación, las críticas de la izquierda también apuntan a otro inciso de esa cláusula. Se trata de la norma que establece que “los extranjeros que cometan un crimen o simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados”.

En el oficialismo plantean que no es un tema que corresponda a regulación constitucional y a su vez que sería “letra muerta” debido a que, dicen, “no hay forma de hacerlo operativo” debido a un tema de jurisdicción, ya que las sentencias de los tribunales chilenos solo tienen competencias en territorio nacional.

Por otro lado, la comisión de Principios también aprobó la siguiente indicación: “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada”. Esta indicación tuvo a la izquierda con sus cuatro votos en contra y los ocho consejeros de derecha votaron a favor.

Otra enmienda visada por la derecha es la que consagra “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional”. Aquí nuevamente el oficialismo puso su negativa de cuatro votos.

Asimismo, avanzó la idea impulsada por RN de darle muerte cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción. La idea es que no puedan trabajar nunca más para el Estado. La indicación había sido defendida de manera especial por la consejera Ivonne Mangelsdorff. Esta indicación fue visada de forma unánime, con el apoyo de la izquierda y derecha.

En la comisión de Sistema político, en tanto, se eliminó la pérdida de escaño del diputado o senador por expulsión de su partido. Por lo tanto, solo se mantiene la pérdida de la banca parlamentaria en caso de que el congresista renuncia al partido por el cual fue electo. Esta instancia además aprobó rebajar la sanción para quienes son acusados constitucionalmente.

Actualmente los autoridades condenadas no pueden ejercer ningún tipo de cargó público hasta por cinco años. La derecha aprobó que el que sea declarado culpable “no podrá desempeñarse en el mismo cargo o en cargo de exclusiva confianza del Presidente por el término de cinco años”. Esto deja fuera la mención a puestos de elección popular, cuya prohibición está incluida en la Constitución vigente.

Durante la jornada de este lunes en el Consejo Constitucional, los focos también estuvieron puestos en la comisión de Función Jurisdiccional. Esto, principalmente porque se visó una norma que ya había sido rechazada por la Comisión Experta y también porque se aprobó un nuevo capítulo para el texto constitucional.

Con ocho votos a favor se aprobó el Consejo Técnico Asesor que acompañará a la Contraloría. La izquierda, por su parte, dejó tres votos en contra y una abstención del consejero José Antonio González (Ind.-RD). Esta iniciativa ha sido duramente criticada por el oficialismo desde la Comisión Experta, ahí se argumentaba, en palabras del comisionado Domingo Lovera (RD), que “la instalación de un Consejo Técnico asesor solo perturbará y obstaculizará el ejercicio de atribuciones por parte del contralor y nos entregará a fin de cuentas una Contraloría más disminuida”.

De hecho, el mismo contralor Jorge Bermúdez criticó duramente el consejo consultivo. “Estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia”, afirmó el jefe del organismo fiscalizador.

La norma en cuestión establece lo siguiente: “La Contraloría estará compuesta, además, por un Consejo Técnico Asesor que ejercerá la competencia establecida en esta Constitución”. Este consejo deberá ser oído antes de que el contralor “modifique o sustituya, de conformidad a la ley, la resolución que determina los actos administrativos decisorios afectos a toma de razón; emita, de oficio, dictámenes e informes sobre la legislación administrativa relacionada con el funcionamiento de los organismos fiscalizados, interpretando, con efecto general, obligatorio y vinculante para la Administración, las funciones y atribuciones de aquellas entidades estatales; y fije los organismos o programas que deben ser fiscalizados”.

La instancia tendrá cuatro integrantes. Dos deberán ser académicos de las facultades de derecho del país, elegidos previo concurso público por los decanos de las universidades acreditadas. Los otros dos restantes deberán ser académicos de las facultades de economía y negocios del país, elegidos previo concurso público por los decanos de las universidades acreditadas y que tengan reconocida experiencia en materias de auditoría, financieras o contables.

La consejera María Pardo (CS) también manifestó sus reparos a la idea: “Esta enmienda lo que va a hacer es debilitar la posición que tiene la Contraloría para ejercer este rol de fiscalización y control. Va a debilitar la unidad de la Contraloría, que es algo que los expertos y el mismo contralor nos han dicho que no es recomendable hacer. Vamos a arruinar una institución que está bien evaluada”.