Consejeros de derecha modificarán anteproyecto de Constitución para limitar derecho a huelga a negociación colectiva

La bancada de consejeros del Partido Republicanos y la de Chile Vamos están afinando los últimos detalles de sus enmiendas para modificar las normas que regulan la libertad sindical en el anteproyecto redactado por la Comisión Experta.

Con ello, la derecha está al tanto de que se meterá en un asunto que forma parte del “ADN de los tópicos más relevantes para la izquierda”. Pese a “lo delicado” del tema, los republicanos y la UDI ya tomaron la definición de cambiar aspectos sustanciales de la libertad sindical.

La Comisión Experta, debido a la resistencia que tuvieron los comisionados oficialistas, logró normas que a juicio de la izquierda “robustecen la libertad sindical”. Este concepto es una pieza clave de la regulación sindical y considera tres aspectos: el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Los comisionados de izquierda valoran haber superado la regulación de la Constitución vigente al reconocer explícitamente el derecho a huelga y dejarla sin limitación a la negociación colectiva.

“La Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado”, se lee en la norma del anteproyecto. Esa ley, a su vez, es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente.

La norma, para el oficialismo, implica un avance en materia constitucional debido a que el texto vigente solo lo contempla en términos negativos. “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”, dice el artículo de la Constitución vigente.

De esta manera el anteproyecto de los expertos amplía la huelga al sector público y permite que pueda desarrollarse no solo en periodos legales de negociación colectiva. Esto, argumentó el oficialismo, siguiendo el estándar de los tratados internacionales sobre la materia y atendiendo lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Es justamente eso último lo que será abordado por la derecha. El pasado fin de semana, la bancada republicana se reunió en un hotel para tomar las primeras posturas y, pese a que la enmienda aún no está lista, el ánimo está en “mantener la regulación de la Constitución vigente”, no dejar la huelga como un derecho fundamental y que quede limitada a los contextos de negociación colectiva. “Esta es una línea roja para nosotros”, dice en privado un consejero republicano.

Consultado por este tema, el consejero Jorge Ossandón, quien integra la comisión de Derechos sociales, entrega algunas pistas al respecto. “A primera vista nos parece inadecuada la separación entre negociación colectiva y huelga para el sector privado, y que al mismo tiempo se promueva una constitucionalización de la paralización de los funcionarios públicos que cumplen un rol fundamental al servicio de todos los chilenos, especialmente los más vulnerables. Ahora bien, seguimos escuchando a la sociedad civil y a los académicos en esta materia previo a tomar una definición como bancada”, explica el representante de la región Metropolitana.

En la UDI la bancada tiene la misma definición que republicanos, es decir, limitar la huelga a la negociación colectiva. Sus consejeros aún están debatiendo la fórmula precisa, pero esa es la línea que defenderán en sus indicaciones. La bancada de RN y Evópoli, comentan fuentes de esa instancia, no se metería en este tema y mantendría la regulación del anteproyecto. Sin embargo, las dos bancadas de Chile Vamos aún no se reúnen para compartir sus enmiendas para tomar definiciones en conjunto. El encuentro de toda la coalición recién se concretaría por primera vez durante la tarde de este lunes.

Otro tema que falta por despejar es la expansión del derecho a huelga para el sector público. Actualmente los funcionarios públicos no pueden irse a huelga, pero lo hacen igual “de facto” al irse a paro. Al paralizar sus actividades, se logra negociar con el jefe de servicio, quien a su vez evalúa con Hacienda las opciones que hay para aceptar las demandas de los trabajadores. Para algunos consejeros del sector de Chile Vamos, dado que las huelgas ya existen, es mejor que sean reguladas y sacarlas de la actual indefinición.

La izquierda mira la movida con preocupación. Varios consejeros y comisionados aseguran que la libertad sindical es una “una línea roja” para el oficialismo. De hecho es uno de los aspectos más valorados para partidos como el PC y el PS. Por lo mismo, un retroceso en este punto complicaría todo el proceso. Así lo reconocen en el Consejo y en la Comisión Experta.

“El anteproyecto es un texto aceptable en la medida en que muestra un equilibrio frágil. Parte de esa capacidad de equilibrio está dada por la consagración robusta de la libertad sindical y el trabajo decente. Respecto de la huelga lo que nosotros hicimos fue establecer una consagración coherente con lo que existe a nivel internacional y con la propia jurisprudencia nacional. Para lograr un equilibrio en la sociedad, sobre todo entre capital y trabajo, es fundamental que los trabajadores puedan contar con todas las herramientas para poder defender sus derechos”, afirma el comisionado Alexis Cortés (PC).

Ante la opción de que la derecha mantenga la misma regulación de la Constitución vigente, Cortés es claro respecto de las consecuencias: “Correría un alto riesgo de desequilibrar la Constitución y por lo tanto, producir un efecto negativo en la adhesión de sectores de izquierda para quienes los derechos de los trabajadores son la piedra fundamental de la consagración de los derechos”.

Una opinión similar tiene el consejero y exministro del Trabajo Yerko Ljubetic (CS): “Sería un retroceso inaceptable. Además, de alguna manera infringe disposiciones de convenios internacionales de la OIT que Chile ha suscrito. El anteproyecto tiene una buena base de acuerdos para que posteriormente se habilite un debate democrático en el que estos derechos puedan ser regulados de un modo razonable y en ningún caso retroceder a la situación que tenemos hoy día”.

Para todos los partidos del oficialismo, en un contexto en el que ven “pocas ganancias en el anteproyecto”, perder lo logrado en libertad sindical volvería “muy difícil” apoyar la propuesta final. “Sin duda que enmiendas de ese tipo serán un retroceso importante para el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. La derecha intenta arremeter con enmiendas muy peligrosas, que ponen en riesgo el proceso constitucional. La primera responsabilidad de lograr el equilibrio es que las enmiendas sean con la altura de miras que hoy día Chile nos está exigiendo, por lo tanto, la primera responsabilidad la tiene la derecha”, agrega el consejero Fernando Viveros (PC).