Consejeros oficialistas presentarán oficio para presionar la consulta indígena del anteproyecto luego de pronunciamiento de Desarrollo Social

Consejeros del oficialismo adelantaron que enviarán un documento firmado -posiblemente- por todos los consejeros de la izquierda a la mesa directiva del Consejo Constitucional para seguir presionando por la solicitud impulsada por el consejero Alihuén Antileo (mapuche) -el único representante de pueblos originarios que consiguió un escaño- para que el proceso constitucional considera una consulta indígena.

Esta definición se da luego de que el Ministerio de Desarrollo Social se pronunciara a través de un oficio enviado por la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, a la presidenta Beatriz Hevia (republicana), quien preside el órgano redactor. Esto como respuesta a la solicitud realizada previamente por el consejero Antileo.

En el texto enviado por Perales se detallan dos requisitos que sustentan esta consulta. Por un lado, se menciona el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se establece el deber genérico de los Estados respecto a las “medidas legislativas (...) susceptibles de afectarles directamente”, pues dichas iniciativas legales incluyen a los procesos de elaboración y de reforma constitucional.

En ese sentido, se remarca que la reforma al Capítulo XV de la actual Constitución y que dio inicio al actual proceso, “fue elaborado teniendo presente lo dispuesto en el artículo 154, en el que se establecen doce bases institucionales y fundamentales que debe contener la propuesta de nueva Constitución”, haciendo énfasis en la base que establece que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”.

Junto con lo anterior, la subsecretaría invoca una “interpretación armónica” del Convenio 169 para sostener que “el Estado de Chile está obligado a reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas”.

Con la respuesta de la subsecretería, donde señala que sí procede el requerimiento de Antileo, rápidamente los consejeros del oficialismo se activaron e iniciaron conversaciones para apoyar en bloque esta consulta.

Así lo confirmó el representante del PC, Fernando Viveros. “Desde un inicio del proceso constitucional acompañamos al consejero Alihuén en sus insistencia de cumplir con realizar la consulta indigena. Entendemos que los tiempos hoy día son cortos, pero creemos que es de vital importancia escuchar a nuestros pueblos originarios”, dijo Viveros.

El representante comunista añadió que “hoy día la responsabilidad la tiene la mesa y espero que pueda tomar las medidas, que sea una consulta más acotada, pero que sí se pueda considerar la opinión de nuestros pueblos originarios”.

El representante de Coquimbo finalizó marcando que “nosotros con los aliados vamos a presentarles un oficio a la mesa y lo más probable es que va a estar firmado por los 17, algo que vamos a concretar en el próximo pleno. De hecho fue una de las cosas que conversamos hoy día”.

Esta materia ya había sido abordada por la Comisión Experta, cuando los representantes del oficialismo presionaron para que el proceso considerara una consulta respecto de las normas que afectan a los pueblos indígenas y que son parte del anteproyecto. De hecho en ese entonces el comisionado Alexis Cortés (PC) se lo comentó a la exministra Segpres Ana Lya Uriarte cuando fue a exponer ante los expertos, pero Uriarte no respondió los requerimientos de Cortés.

Pese a la presión de Antileo, del oficialismo y del gobierno a través de Desarrollo Social, al interior del Consejo reconocen que esto solo es “un saludo a la bandera” y una jugada para presionar a la derecha ya que al órgano solo le quedan tres meses para evacuar su texto a la Comisión Experta y en ese tiempo ningún organismo puede levantar una consulta indígena con el estándar adecuado.