Consejeros oficialistas y de oposición exploran posibilidad de acordar el contenido de los nuevos capítulos de Fuerzas Armadas y seguridad pública

Los delegados de las bancadas del Consejo Constitucional están en plenas conversaciones para saber qué es lo que pasará con los nuevos capítulos sobre seguridad pública y Fuerzas Armadas. Esto debido a que la derecha -tanto el Partido Republicano como Chile Vamos- ingresaron enmiendas para agregar un nuevo acápite sobre “Defensa nacional”, para alojar ahí las normas sobre FF.AA.

Los republicanos, además, quieren tener un nuevo capítulo de “Paz, orden y seguridad interior”, mientras que Chile Vamos propuso uno similar, pero titulado “Seguridad pública”. La bancada RN-Evópoli, por su parte, presentó una enmienda para tener un acápite adicional para la Defensoría de las víctimas.

En una reunión de delegados del jueves el oficialismo notificó a la derecha que activarán el recurso de reclamación que contempla la Constitución vigente ante eventuales vulneraciones a las reglas del procedimiento. Esto debido a que la izquierda interpreta que el reglamento del proceso constitucional no permite que el Consejo pueda crear nuevos capítulos ya que las enmiendas solo pueden recaer sobre normas y los acápites no serían considerados como un artículo.

Pese al aviso, el oficialismo sigue persistiendo en la opción de negociar el contenido de esos nuevos capítulos. Conocedores de esas tratativas cuentan que el oficialismo entregó, durante la tarde de este viernes, una propuesta a la derecha.

En el documento al que tuvo acceso La Tercera la izquierda propone una serie de nuevos articulados, además de eliminar otros propuestos por la oposición.

En ese comparado se propone eliminar el “carácter militar” de Carabineros. Para las FF.AA. la izquierda quiere que sean “instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, por esencia obedientes y no deliberantes y subordinadas al poder civil legítimamente constituido”. También quieren añadir que los integrantes “no podrán manifestarse ni dirigir peticiones a la autoridad sea de modo individual o colectivo”. También plantean que será la ley la que regule el uso de la fuerza la cual siempre deberá emplearse bajo los criterios de “proporcionalidad y necesidad”, además de respetar “la dignidad de la persona y los derechos humanos conforme a la Constitución y la ley”.

También quieren que las FF.AA. estén sujetas a los controles de probidad y transparencia y, también, serán supervisadas por la Contraloría.

Sobre la Defensoría de las Víctimas el oficialismo propone establecer que “una ley institucional creará un Servicio de Acceso a la Justicia y de Defensoría de las Víctimas, encargado de otorgar asistencia integral, incluidas la social y psicológica; asesoramiento y representación jurídica a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma, en conformidad a la ley”.

El gran cambio, en este sentido, es que la izquierda quiere eliminar que este órgano sea “autónomo, público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio”.

Dentro de las normas entregadas por el oficialismo también se propone crear un tribunal de ejecución de penas y establecer el “derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia tanto en el ámbito público como privado”. En caso de que ambos sectores logren acuerdo respecto de los contenidos, el oficialismo podría dar la unanimidad para reformar el reglamento y así permitir, según su interpretación, que el Consejo pueda crear nuevos capítulos. Sin embargo fuente de izquierda añaden que la decisión de reclamar ante la Suprema sigue firme.

Conocedores de las tratativas afirman que la derecha quedó de contestarle al oficialismo este domingo. La izquierda tiene la presión del tiempo porque su interpretación jurídica es que el vicio reglamentario ocurrió el jueves de esta semana y, por lo tanto, los cinco días de plazo para reclamar ante el máximo tribunal vencerían el martes.

Durante esta jornada los delegados de oposición reaccionaron ante la presión oficialista de recurrir a la Suprema. El delegado de la bancada republicana, Luis Silva, indicó que la reclamación ante el máximo tribunal “no sería deseable para la marcha del Consejo, pero al mismo tiempo las bancadas están en todo su derecho de ejercer los mecanismos que crean pertinentes”.

La delegada de la bancada RN-Evópoli, Pilar Cuevas, agregó que “ir o no ir a la Corte Suprema es parte del procedimiento que está contemplado”. Al mismo tiempo, aseguró que dentro del sector consideran “que sí procede la presentación de capítulos” ya que así lo confirma “el informe que entregó la secretaría del proceso”.

“Si ellos insisten y creen que no es pertinente (crear nuevos capítulos), que acudan a la Suprema. Será la corte la que dirima, es parte del proceso transparente, pero lo que no me parece es que simultáneamente estemos tratando de llegar a acuerdos sobre los mismos capítulos y por otro lado se diga que se va a concurrir”, añadió la consejera.

Por su parte, el también integrante de dicha bancada, Germán Becker (RN), afirmó que la jugada de la izquierda ante el máximo tribunal “es un tema político”. Agregó, además, que en la reunión del próximo lunes se podría zanjar esa decisión “y si van a la Corte Suprema tendrá que dirimir o no si es que hay un vicio reglamentario. Obviamente es un tema político el hecho de ir o no ir”.

Por su parte, desde la otra vereda, el delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, señaló que “frente a la dificultad de no tener canales de diálogo y negociaciones, nos mantenemos en la decisión de recurrir a la Corte Suprema”. Sin embargo, el consejero condicionó esta jugada a “la conducta que tengamos de los resultados que podamos explorar a partir de la reunión del lunes”.

La delegada de la bancada de Convergencia Social y el PC, María Pardo, afirmó que se están evaluando alternativas para “resolver el problema”.

“Nosotros hemos planteado que acá hay un problema reglamentario de no solamente apegarse a la regla por la regla, sino que acá hay un problema con el orden de cómo se lleva el proceso”. En esa misma línea, Pardo detalló que “el proceso establece que hay un orden, una oportunidad en que se establece el índice, los capítulos y por lo tanto nosotros hemos conversado con los delegaos de derecha que no nos parece la introducción de nuevos capítulos”

La consejera añadió que “el capítulo (de Fuerzas Armadas) es más darse un gustito que otra cosa, eso es lo que nosotros le hemos estado haciendo ver a la derecha”.