Consejo aplaza votación final de texto de nueva Constitución tras arremetida PC por eventual reclamo ante el árbitro del proceso

El penúltimo pleno del Consejo, que iba a ser un simple trámite, terminó con una pequeña advertencia de último minuto invocada por parte de los representantes comunistas.

La sesión de este lunes estaba convocada para votar el informe de la comisión mixta, es decir, las propuestas de solución a las 32 normas que se habían derivado a esta instancia entre las que venían las nuevas redacciones para los artículos sobre contribuciones, objeción de conciencia, migrantes, entre otras materias.

Luego de horas de debate, con intervenciones que fueron subiendo el tono de lado y lado, el pleno aprobó el informe. Así, la única sorpresa del día vino por parte de los representantes del Partido Comunista en el proceso constitucional al sugerir que habría voluntad de reclamar ante el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), el árbitro que vigila el respeto de las 12 bases institucionales.

El primero en decirlo fue el comisionado Alexis Cortés. “Se define al pueblo como una nación única e indivisible, aunque las bases señalan que la soberanía reside en el pueblo a diferencia del texto vigente que la sitúa en la nación. Torcidamente se vulnera una de las bases”, afirmó el experto. Un asunto que, en todo caso, ya había sido advertido por el comisionado Domingo Lovera (RD) en una sesión de la comisión mixta.

Sus palabras hacen referencia a una norma, que viene en el informe de la comisión mixta, y que establece que “la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible”. La base institucional, escrita en la Constitución vigente y que es resguardada por el CTA, plantea que “Chile es una República democrática cuya soberanía reside en el pueblo”.

Fuentes del oficialismo comentan que el PC siempre ha empujado la opción de reclamar vulneración de bases institucionales, pero el bloque de izquierda había optado por no hacerlo. Sin embargo, ahora los comunistas volverán a plantearlo.

Por lo mismo, el consejero Fernando Viveros (PC) al final del pleno hizo un punto de reglamento. Esto, para decir que el plazo para recurrir al CTA es de cinco días desde que se aprobó una norma en el pleno y ese plazo vencería el sábado. Lo dijo para argumentar que, por lo tanto, el pleno que se va a citar el jueves en la tarde debería aplazarse, ya que a esa fecha aún no existirá texto íntegro para someterse a votación debido a que el plazo para recurrir al árbitro aún seguirá abierto.

La delegada de la bancada RD, Paloma Zúñiga, también abordó este punto de los plazos. “El reglamento permite que una vez terminada la votación de hoy día, se esperen cinco días para que eventualmente si algún consejero quisiera enviar la propuesta al Comité Técnico de Admisibilidad esto se haga”, dijo Zúñiga.

Para recurrir el requerimiento tiene que ser firmado por 10 consejeros. Fuentes de la izquierda comentan que la decisión no ha sido tomada y, en caso de que el PC proponga tomar una definición al respecto, el objetivo es que sea algo unánime para así mantener la unidad del bloque. Otras fuentes añaden que la jugada sería principalmente una maniobra para ganar tiempo y dilatar la última votación del Consejo, de manera de que el texto no quede listo esta semana y se atrase para la próxima, acortando así en un par de días el inicio de la campaña de difusión del texto.

Dada la arremetida del oficialismo, el asunto fue analizado en la reunión de delegados. Para evitar mayores problemas y no darle el punto a la izquierda para que criticara que la derecha “pasa máquina”, la oposición aceptó la solicitud y los delegados movieron el pleno que estaba fijado para la tarde de este jueves y lo trasladaron para el lunes 30 de octubre.

“Nosotros fuimos explícitos que, respetando el reglamento y la Constitución, se pudiera votar lo antes posible para poder informar con un texto ya cerrado por el Consejo a la ciudadanía acerca de sus contenidos. El objetivo es dar a conocer el texto a la ciudadanía”, comentó el delegado republicano Luis Silva. Pese a esa pretensión, el consejero agregó que “esa tesis se planteó en abstracto (la del plazo para reclamar al árbitro) y se pidió que se respetara ese plazo constitucional de cinco días para dejar ese derecho intacto y eso nos pareció a nosotros una buena razón”.

En paralelo a ganar más tiempo, la izquierda se prepara para tomar una postura oficial por el “En contra”. Que el oficialismo se incline por esta opción de cara al plebiscito del 17 de diciembre no es un misterio. Es un secreto a voces, que se ha ido deslizando de forma indirecta en cada intervención, pero que ningún dirigente de partido, consejero o comisionado ha oficializado de manera pública. La narrativa hasta ahora ha sido una sola: el texto tal como está no es aprobable, pero hay que agotar todas las instancias para mejorarlo.

Ahora las instancias están a punto de terminar. No hay más comisiones, no habrá otra vuelta por la comisión mixta y los expertos ya no pueden hacer observaciones. Por lo mismo, lo único que va quedando de misterio es cuándo será el día en que la izquierda haga oficial y pública su postura.

Hace varias semanas que los consejeros oficialistas junto a sus partidos vienen pensando en un hito comunicacional para dar este paso. La idea es hacer una cuenta pública ciudadana, en la cual los consejeros junto a organizaciones de la sociedad civil expondrán el trabajo realizado y manifestarán las críticas que tienen al texto aprobado por la derecha en el Consejo para luego sincerar la postura “En contra” de la propuesta de nueva Constitución.

El objetivo principal es destacar el tenor ciudadano del encuentro. Para eso, las gestiones apuntan a activar a la sociedad civil, sobre todo a las múltiples organizaciones que lograron impulsar varias iniciativas populares de norma, pero que finalmente fueron rechazadas por los consejeros de derecha.

En un inicio, esta cuenta pública estaba pronosticada para este miércoles, pero en el oficialismo aún no existe acuerdo sobre cuál es la mejor fecha para hacerlo. Mientras el sector intenta ponerse de acuerdo, todo indica que la fecha escogida podría ser este jueves.

Ese será el día en que el pleno del Consejo realice la votación final del texto. Será solo un acto simbólico en el que la propuesta en su integridad se someterá a una sola votación. El trámite, tal como van las cosas, terminará con un texto que obtenga los 33 votos de la derecha a favor y los 17 del oficialismo en contra. Una imagen que ha sido la tónica principal del proceso, sobre todo en las normas más polémicas o que son parte del corazón del texto, independiente de las votaciones que han sido unánimes en temas menores o que corresponden a los derechos o libertades más clásicas de toda Carta Fundamental.

Al respecto, el consejero Fernando Viveros (PC) recalcó que la apuesta del oficialismo es tomar una postura en unidad. “La institucionalidad del proceso constitucional ya está agotada, no hay mayores espacios para realizar cambios profundos. Este es un texto regresivo, abusivo, malo para Chile. No es una Constitución de nuestros tiempos, al contrario, parece una Constitución del siglo pasado, y bajo ese concepto es muy difícil llamar a aprobar un texto de esta forma. En lo personal, nunca voy a estar a favor de una Constitución de los abusos, y esta semana, bajo el concepto de unidad que hemos tratado de mantener, vamos a pronunciarnos junto a todos los consejeros respecto a lo que opinamos”, dijo.

Este tema fue abordado en una reunión que tuvo la izquierda durante la mañana de este lunes en el Congreso de Santiago. En la cita, que fue pensada como un momento de coordinación política para la semana, estuvieron presentes los timoneles de partido junto a consejeros y comisionados.

A la salida del encuentro, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió al hito que está preparando la izquierda. “Les hemos dado todo nuestro respaldo (a los consejeros) y también esperar a que se fije y se ponga en tabla la votación del texto final para que sean ellos los que determinen cuándo se hará la cuenta pública que le entregarán a la ciudadanía, donde explicarán, los propios consejeros y consejeras, al país cuál es la posición respecto a este texto que va a estar ya a esas alturas zanjado”, afirmó la senadora.

Vodanovic agregó que en esto los protagonistas serán los actores del proceso constitucional y no los partidos. “Los partidos políticos estaremos disponibles para apoyar en todo lo que sea necesario, pero son ellos, los consejeros y expertos, quienes tienen que darle cuenta al país del trabajo que han hecho para este proceso del cual efectivamente estamos expectantes, desilusionados porque no hemos visto el ánimo transversal y de diálogo que hubiéramos esperado”, concluyó Vodanovic.