Consejo aprueba normas de protección de la vida “de quien está por nacer” y objeción de conciencia y desata críticas del oficialismo

Este miércoles, el pleno del Consejo Constitucional estuvo citado para votar el capítulo II de la propuesta constitucional sobre derechos y libertades fundamentales. Los artículos discutidos, y posteriormente aprobados, elevaron la tensión que se vive entre los consejeros del oficialismo y la oposición. Tal como ha sido la tónica hasta el momento, la derecha nuevamente hizo valer su mayoría y aprobó todos los artículos más emblemáticos y polémicos que venían incorporados en este acápite.

Pese a que al inicio existían dudas respecto de qué haría Chile Vamos, luego de que el viernes cuatro de sus consejeros se abstuvieran y, por lo tanto, se rechazara la norma que planteaba que “todo ser humano es persona”, en esta jornada no hubo sorpresas y los representantes de la UDI, RN y Evópoli cumplieron sus compromisos con republicanos. Por lo mismo, dirigentes del Partido Republicano, como su presidente, Arturo Squella, la exconvencional e integrante de la directiva, Ruth Hurtado, y el asesor Cristián Valenzuela estuvieron todo el día en el Congreso en Santiago monitoreando el pleno.

En primer lugar, se visó el artículo 1 del capítulo, el cual establece el derecho a la vida, junto con señalar que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esta nomenclatura constituye un cambio respecto de lo regulado en la Constitución vigente, ya que en ese texto se señala que “la ley protege la vida del que está por nacer”. Los articulados, aunque similares, significan una importante diferencia, pues el oficialismo acusa que la expresión “de quien” pone en peligro la aplicación de la ley de aborto en tres causales, ya que de esa palabra se infiere que se hace referencia a una persona, en cambio la Carta Fundamental vigente, al utilizar la palabra “que” deja abierta la interpretación a una protección de un objeto o cosa.

“No es inocuo el cambio, no es cualquier cosa, cuando hablamos de lenguaje constitucional, no es un juego, es lenguaje político, es lenguaje que crea realidades, que abre la vía para consagrar derechos o para hacer todo lo contrario, y este es el caso de lo que se está proponiendo con la protección de la vida de quien está por nacer”, manifestó la consejera María Pardo (CS) en el debate. La izquierda aseguró que el aborto en tres causales no es lo único que se pone en riesgo, sino que también la entrega de la píldora del día después.

Ante lo expuesto por Pardo, el consejero Germán Becker (RN) le respondió inmediatamente señalando que “hemos conversado con muchos constitucionalistas, yo sé que ella lo es, pero hay muchos que difieren de su opinión, en el sentido de que esto prácticamente no haría ningún cambio con el aborto en tres casuales”.

Este artículo, además, motivó la dura intervención de la consejera Ángeles López (republicana), quien acusó al oficialismo de proponer una “enmienda sobre derechos sexuales y reproductivos, e incluso se oponen a la objeción de conciencia institucional, poco más que obligando a todos los profesionales e instituciones a estar de acuerdo con su nefasta, eso es violencia”. En su extensa intervención, López continuó su acusación a los consejeros de izquierda afirmando que “si les escandaliza que a los republicanos defendamos la vida, es que su razón está corrupta. A mí me escandaliza que sancionen a quien mate a un animal, pero avalen e inciten derecho para que se mate a un ser humano”.

Esta intervención motivó que el oficialismo, posterior a la sesión, enviara una respuesta a la consejera republicana. Pardo indicó que “tratar de caricaturizar nuestras posturas, tratar de hacer ese tipo de comparaciones nos parece muy mezquino de su parte. Hay que tomarse las posturas con la mayor humildad posible, estos ataques que se dieron en el pleno no nos parecen razonables ni que están a la altura de la discusión que tenemos que dar”.

El delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, agregó que “las injuriosas y calumniosas declaraciones de la señora María López rayan no solo en la ofensa a nuestro bloque, sino que también son meritorias de análisis jurídicos porque son altamente calumniosas. Queremos reservamos el derecho a analizar estas declaraciones”.

Entre otras materias, el pleno visó el derecho a la integridad física y psíquica; que el desarrollo científico y tecnológico “estará al servicio de los seres humanos y se llevará con respeto a la dignidad humana”; la igualdad ante la ley y la no discriminación; el derecho a la libertad personal y seguridad individual.

En este último artículo, la atención -y tensión- estuvo puesta en la norma que permite que los condenados que acrediten tener una enfermedad terminal cumplir la pena en sus casas. En esta norma la derecha fue prácticamente en bloque con su voto a favor, exceptuando a las consejeras Lorena Gallardo (RN) -quien votó en contra- y Gloria Hutt (Evópoli), quien se abstuvo.

Este artículo se trata del reemplazo de una de las enmiendas que republicanos se comprometió públicamente a desechar. Esa norma establecía lo siguiente: “Las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.

Es por eso que la izquierda criticó esta indicación, acusando que significa un “perdonazo” a los reos de Punta Peuco. Así lo marcó el consejero Yerko Ljubetic (CS) en su intervención en el pleno. “Hay diversas razones por las cuales nos asiste el derecho legítimo a pensar que esto es simplemente una enmienda que es la legítima sucesora de la enmienda Punta Peuco retirada por los republicanos por haber generado reproche ciudadano generalizado”, dijo el consejero de CS.

El órgano redactor además aprobó la expulsión “en el menor tiempo posible” de inmigrantes que hayan ingresado al país de forma clandestina, así como aquellos que hayan cometido “un crimen o simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo”.

Esa regulación además incluye que “los extranjeros que cometan un crimen o simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados”.

En el oficialismo previamente habían planteado que no es un tema que corresponda a regulación constitucional y a su vez que sería “letra muerta” debido a que, dicen, “no hay forma de hacerlo operativo” debido a un tema de jurisdicción, ya que las sentencias de los tribunales chilenos solo tienen competencias en territorio nacional.

Durante la tarde, el Consejo además aprobó elevar a nivel constitucional la objeción de conciencia individual e institucional. Este artículo fue duramente criticado por el oficialismo, tanto desde los comisionados expertos como de los consejeros.

Al respecto, el comisionado Alexis Cortés (PC) afirmó que esta norma “pone en riesgo el Estado de derecho, además se establece una objeción de conciencia institucional con rango constitucional, una figura que no tiene un parangón mundial, representando un maximalismo desconcertante. Lo que se protege no es la conciencia de quien deba hacer una acción, sino la del dueño de una clínica o de un establecimiento educacional, quien podrá hacer prevalecer su conciencia en contra del primero, negando implementar políticas públicas”.

Quien también se sumó a las críticas fue el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind.-PS), quien indicó que “es preocupante que no se establezca ni siquiera que la ley determinará los límites o las formas de ejercicio, todas las corporaciones podrán invocar la libertad de conciencia, la religión de sus creencias para efectos de no cumplir determinadas leyes.

Desde la derecha, sin embargo, defendieron el tema. La consejera republicana Carmen Montoya aseguró que la norma se entiende como “un límite razonable frente a obligaciones que atenten contra creencias morales fundamentales de las personas, ya sean estas naturales o jurídicas”.

Aunque la derecha no concurrió en bloque a votar a favor de este artículo, pues votaron en contra las consejeras Lorena Gallardo (RN) y Gloria Hutt (Evópoli), la norma se aprobó con 31 respaldos y 19 votos en contra. Chile Vamos se comprometió a arreglar la norma en la Comisión Experta.

Otra norma que elevó la tensión al interior del pleno fue la relativa a la libertad de expresión. El artículo señala que “el Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de expresión por vías directas o indirectas que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.

Al respecto, el consejero Ljubetic señaló que sus reparos “tienen que ver con la oposición que le provoca a un sector político de la derecha y la ultraderecha que en Chile quede establecido que hubo un periodo en donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos”. A juicio del oficialismo esta norma atentaría, por ejemplo, contra los informes Valech y Rettig.

Desde la oposición, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) afirmó que “Hemos escuchado un sinnúmero de declaraciones donde se dicen verdades a medias, donde no estamos hablando las cosas como son, y donde el negacionismo viene de tildar a las mayorías de obstruccionistas, de contrabando ideológico y me parece poco responsables este tipo de declaraciones”. La norma, finalmente, fue visada con 33 votos a favor y 17 en contra.