Consejo Constitucional dice no a la consulta indígena del anteproyecto: delegados de derecha votaron en contra

Durante la mañana de este miércoles los seis delegados de las bancadas del Consejo Constitucional y la mesa directiva se reunieron a las 10.00 en las dependencias del Congreso en Santiago.

El objetivo de la reunión era deliberar la respuesta que entregaría la mesa ante la solicitud realizada por el consejero indígena Alihuén Antileo (mapuche), quien pidió un pronunciamiento respecto de si el órgano redactor debe o no debe hacer consulta indígena respecto de las tres normas del anteproyecto de nueva Constitución que afectan a los pueblos originarios.

El oficio de Antileo había quedado congelado y no fue mayor tema en el Consejo. El asunto se activó luego de que el gobierno, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, emitiera su opinión jurídica y afirmara que debido a las normas del Convenio 169 de la OIT sí correspondía que el órgano redactor realizara la consulta indígena.

Ante eso, el “bloque unidad” del oficialismo empujó el tema para apoyar el requerimiento realizado por Antileo.

En la reunión de delegados de este miércoles se sometió a votación si el Consejo tiene o no las atribuciones constitucionales para hacer consulta indígena. Esto debido a que, según fuentes de la reunión de la delegados, el oficio de Antileo consultaba sobre los fundamentos de derecho que justificarían no hacer dicha consulta.

Al no haber consenso, el tema se sometió a votación. Los tres delegados de derecha -Luis Silva (republicano), Arturo Phillips (Ind.-UDI) y Pilar Cuevas (RN)- emitieron su voto en contra, es decir, que el Consejo no tiene atribuciones para hacer la consulta. Los tres delegados oficialistas, en cambio, votaron a favor de señalar que al órgano sí le corresponde hacer este tipo de consulta. Esos fueron los votos de María Pardo (CS), Julio Ñanco (RD) y Alejandro Köhler (Ind.-PS).

Según el reglamento del proceso constitucional, el artículo 49.2 establece que “cada representante tendrá tantos votos como el número de consejeros que integren su bancada”. Esto significa que el voto de Silva equivale a 22, el voto de Phillips es igual a seis y el de Cuevas a cinco. Por lo tanto, fueron 32 votos en contra de la petición de Antileo. En el oficialismo solo lograron 17 apoyos, debido a que ese es el número de consejeros que controla la izquierda en el Consejo Constitucional.

El tema de la consulta se ha transformado en un problema que complica. Los republicanos vieron el oficio de Antileo como una jugada para generar un “problema de legitimidad de origen” y eventualmente reclamar en instancias jurisdiccionales nacionales como internacionales.

En el oficialismo reconocen que todo esto siempre fue “un saludo a la bandera” ya que montar una consulta indígena en menos de tres meses, agregan las mismas fuentes, “es imposible e irresponsable”. Por eso, agregan, que este tema debió haberse resuelto en marzo de este año cuando fue solicitado por los comisionados oficialistas, pero nadie se hizo cargo de ese requerimiento.

La mesa directiva, representada en la presidenta del Consejo Beatriz Hevia (republicana), redactó el oficio Nº37 para responder a Antileo. En ese documento de siete páginas se concluye que, luego del debate y votación de los delegados, “el órgano constituyente carece de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para realizar una consulta indígena” y por lo tanto “no procede que este Consejo Constitucional realice tal consulta”.

El oficio luego continúa aclarando cuáles son las facultades del Consejo, citando el artículo 144 de la Constitución vigente y el artículo 34 del reglamento que establecen que el único objetivo del órgano es redactar una propuesta de nueva Constitución. “Son estas disposiciones las que fijan -de forma exclusiva y excluyente- las facultades del Consejo Constitucional y entre las mismas no figuran atribuciones para diseñar, coordinar y/o ejecutar un proceso de consulta indígena como sugiere la señora subsecretaria de Servicios Sociales. En el marco de los límites impuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, no resulta válido ni al Consejo Constitucional ni menos a la Subsecretaría de Servicios Sociales extender dichas facultades ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias”, dice el documento.

El oficio además cita una respuesta entregada por el entonces presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), quien expuso que por falta de acuerdo político la pertinencia de una consulta indígena no fue incorporada en la reforma constitucional que permitió este nuevo proceso.

La respuesta a Antileo agrega que la exigencia del Convenio 169 de la OIT solo aplica para medidas administrativas o legislativas y “no procede en casos de elaboración de una nueva carta fundamental”. En esa misma línea, se agrega que el órgano redactor no es “la entidad competente” para llevar adelante una consulta indígena: “El Consejo Constitucional posee una naturaleza constitucional especial, que no se identifica con un órgano constitucional autónomo ni con el poder constituyente derivado ni mucho menos forma parte de la administración del Estado o del gobierno. Es decir, no cabe encasillar al Consejo Constitucional en ninguna de las categorías aludidas, precisamente porque se trata de un órgano excepcional, de carácter temporal y cuya única misión es la de redactar una propuesta de texto de nueva Constitución”.

El oficio termina destacando que pese a todo esto, el proceso de participación llevada a cabo por la secretaría de la Universidad Católica y Universidad de Chile evidenció “una robusta participación de los pueblos indígenas en el actual proceso constitucional, particularmente a través de los mecanismos de participación ciudadana al cual también fueron convocados todos los chilenos”.

Una vez conocido el informe por parte de las bancadas el oficialismo criticó a la derecha, acusándola de “intransigencia”.

El consejero Alihuén Antileo (mapuche) indicó que el rechazo a la consulta “marca un punto de inflexión”, reconociendo que el portazo de la mesa a este mecanismo desató -dentro del oficialismo- “preocupación, molestia y decepción”.

Además, reveló que en la negociación, hicieron una “propuesta intermedia” a la oposición, que consistía en “realizar una consulta en un plazo lo más acotado posible, o incluso un mecanismo ratificatorio de acuerdos ya realizados entre el Estado de Chile y los pueblos originarios en consultas anteriores, como la del año 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet”.

El delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, fue aún más duro con la derecha, afirmando que la señal que entrega dicho sector “es de intransigencia, incapacidad de dialogar para ofrecerle a Chile una Constitución nueva, moderna, integradora y representativa de nuestra diversidad”.

Pocos minutos después del punto de prensa del oficialismo, una de las cartas fuertes de la derecha, el delegado de la bancada UDI, Arturo Phillips, señaló que “el deber de responder al oficio es de la mesa. Lo que ocurrió que fue se abrió a las bancadas cuál es el piso mínimo que existe en la respuesta a un oficio y era responder a la que se hizo, cuáles eran las razones de hecho y jurídicas para hacer la consulta y esa pregunta diciendo ‘la razón jurídica es que no tenemos las atribuciones’”.

La respuesta de la mesa, añadió Phillips, “es jurídica” y “va de la mano con lo que son nuestras atribuciones”: “Lo que no podemos hacer es ir más allá de nuestras facultades y pasar a llevar el artículo 144 de la Constitución actual que establece que el único objeto del Consejo Constitución es discutir y redactar una propuesta de Constitución es peligroso”.