Consejo retoma votaciones: eleva a 40 años la edad para ser Presidente y aprueba norma sobre propiedad y libertad de elección de fondos de pensiones

“Llegó la hora de votar”. Con esa frase, la derecha reanudó las sesiones de las cuatro comisiones del Consejo Constitucional, luego de que durante la madrugada del jueves fracasara la última mesa de negociación convocada por la izquierda y la derecha para conseguir un acuerdo transversal entre ambos bloques políticos.

El plan era votar a las 16.00. Se suponía que no iba a haber mayores retrasos ni improvisaciones, pero la tónica de esta semana no cambió. Las comisiones tardaron en empezar, ninguna partió a la hora, fueron suspendidas de forma reiteradas y no estuvieron ajenas a recriminaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.

A pesar de que la mesa de negociación con la izquierda se quebró, la derecha no ha dejado de buscar la opción de que las normas puedan recoger los comentarios de los consejeros de izquierda.

Por lo mismo, las enmiendas de unidad de propósito -es decir de consenso entre la derecha- que se redactaron este jueves, fueron compartidas con el oficialismo y debido a eso, las sesiones se suspendían, para que la izquierda pudiera leer los textos antes de votar.

Luego de todos los retrasos, las cuatro comisiones sesionaron para votar. Sistema político retomó la votación del capítulo cinco sobre gobierno. Este acápite están tratando de votarlo desde el martes. Luego de todos los intercambios de enmiendas, la derecha aprobó la norma que eleva la edad para ser Presidente de la República. La indicación pasa desde la exigencia actual de los 35 años para subirlo a 40. Esto va acompañado de un transitorio para no afectar el mandato del Presidente Gabriel Boric, quien llegó a La Moneda con 36 años.

Esta enmienda nunca tuvo el apoyo de la izquierda ya que siempre fue vista como un artículo que apuntaba en contra de Boric. La derecha se escudó diciendo que era una cláusula que no tenía nombre y apellido y, por lo mismo, dejaron la norma transitoria para despejar esas suspicacias.

Al cierre de esta edición, la comisión de Sistema político seguía votando el capítulo, el cual incluía todas las normas sobre seguridad y Fuerzas Armadas. El plan es que la derecha visara esas indicaciones y con eso se crearían dos nuevos capítulos en el texto constitucional. Uno sobre “Defensa nacional” y otro sobre “Seguridad pública”.

La comisión de Derechos sociales, luego de patear al máximo la votación de los nudos críticos, logró despachar, con votos de la derecha, al pleno el artículo que no pudo aprobar en la Comisión Experta y que recoge gran parte de la enmienda ingresada como iniciativa popular de norma por la agrupación “Con mi plata no”.

“El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, se lee en uno de los incisos.

Luego se agrega: “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

La norma termina señalando que “el Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a la ley” y finaliza con que “las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado”.

Una vez aprobada, la izquierda criticó el tema. La consejera comunista Karen Araya acusó que “la derecha con esta propuesta constitucionaliza a las AFP”. En su cuenta de X -antes Twitter- el consejero republicano Sebastián Figueroa aseguró: “Los ahorros de los chilenos serán de los chilenos (...), los fondos de pensiones no serán expropiados por parte del Estado. Un triunfo de la libertad”.

La comisión de Función jurisdiccional partió su votación con el Ministerio Público. Luego de varias diferencias al interior de la derecha, Chile Vamos logró aprobar el consejo consultivo que se agregará a la eventual futura Fiscalía.

Esta instancia se llama “Consejo de Coordinación Interinstitucional” y será presidido por el fiscal nacional, cuya función será “colaborar con el Ministerio Público en la coordinación de las actuaciones de los órganos que intervienen en la investigación de los hechos constitutivos de delito”.

La comisión también visó la Fiscalía Supraterritorial, que antes llevaba como nombre Fiscalía de Alta Complejidad. También se aprobó la Unidad de Asuntos Internos, que quedó alojada en la Fiscalía Nacional. Este espacio se hará cargo de las investigaciones penales en las que los imputados son fiscales. Todo el capítulo fue aprobado casi de manera unánime.

La comisión de Principios fue la que menos avanzó, ya que solo aprobó normas menos complejas y siguió postergando los asuntos más críticos. Pese a eso, igual tuvo enfrentamientos entre la izquierda y la derecha.

A raíz de una solicitud de explicación sobre una enmienda de unidad de propósito de la derecha por parte de la comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD), la presidenta de la comisión, María de los Ángeles López (republicana), le respondió que es “una falta de respeto que se diga que no se explicaron estas indicaciones, agregando que ”las enmiendas están, es responsabilidad de cada consejero haber puesto atención en el momento de la discusión”.

Sin embargo, el oficialismo no se quedó ahí. El consejero Yerko Ljubetic (CS) respondió señalando que “imputar a nuestra bancada y al equipo que trabaja con nosotros que no hayamos hecho el trabajo de estudiar las enmiendas no se justifica, es absolutamente injusto, no corresponde a la verdad”.

Eso no fue todo. La derecha aprobó una norma sobre libertad de expresión que fue duramente criticada por la izquierda. Los problemas estuvieron en el inciso que establece que “en ningún caso el Estado podrá establecer ideas u opiniones como únicos u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.

Este artículo fue promovido por la derecha en la Comisión Experta, pero no prosperó debido a los votos en contra de los comisionados de izquierda. Aquella vez el oficialismo argumentó que esa norma podría tener efectos en los informes Valech y Rettig.

Dado los problemas para acordar entre ambas fuerzas, el calendario original de los delegados no se cumplió. Por lo mismo, los jefes de bancada han ido acomodando los tiempos dada la flexibilidad que permite el reglamento.

Fuentes del Consejo afirman que por ahora el plan es que este viernes se sesione hasta total despacho. De esta manera, la secretaría técnica elaborará los informes durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. El lunes 11 de septiembre quedará libre de sesiones por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y el primer pleno quedó fijado para el jueves 14 de septiembre.

Al cierre de esta edición, las comisiones 1, 3 y 4 continuaban votando enmiendas.