Contralor Bermúdez oficiará a La Moneda para que Miguel Crispi explique por qué cree que está exceptuado del control de la Cámara de Diputados

A partir de las 11.00 horas de este lunes, en el tercer nivel del Congreso en Valparaíso se desarrolló una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), constituida a partir del caso Democracia Viva.

En esta oportunidad, la instancia que preside el diputado de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, dialogó con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, luego de que la comisión solicitara al órgano fiscalizador pronunciarse sobre la negativa -en dos oportunidades- del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), de comparecer ante la comisión.

Bermúdez señaló a los diputados que oficiará a la administración del Presidente Gabriel Boric para que el jefe de los asesores de la Presidencia explique por qué cree estar exceptuado del control de la Cámara Baja.

“Como Contraloría hemos recibido ya varias presentaciones a propósito de cuál es la situación que tiene el jefe de la asesoría de la Presidencia, lo que comúnmente se denomina como el jefe del Segundo Piso. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un estado democrático”, planteó el contralor.

Asimismo, indicó que la visión de Contraloría, al menos durante su gestión, ha apuntado a atender “la función que se desempeña, más que la denominación”. Para efectos de derecho y deberes, se entiende que ante una función pública, con uso de recursos públicos, se entiende que eso es público, explicó.

“En el caso en particular del señor Crispi, que es efectivamente la persona que desempeña el cargo de jefe de asesores de la Presidencia, es cierto que no existe todavía una jurisprudencia, no existe una situación que se haya presentado en el pasado respecto de lo mismo y, por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde hoy día es esperar que nos responda para poder emitir el dictamen que evidentemente esperamos hacerlo a la brevedad”, expuso el contralor en la instancia.

Sin embargo, luego planteó que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”. Por esa razón es que el organismo pedirá a Crispi que explique por qué estaría supuestamente exceptuado.

La semana pasada el gobierno había salido en defensa de Crispi. La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, había asegurado el viernes que el jefe de asesores “no está obligado a asistir” a la comisión, mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró -ese mismo día- que los funcionarios que se rigen bajo el estatuto de la Presidencia de la República no está obligados a concurrir a las citaciones del Congreso, por las funciones que desempeñan.

Los 13 legisladores que integran la comisión buscan establecer responsabilidades políticas por irregularidades en los convenios entre reparticiones estatales y fundaciones. Con miras a ese objetivo, pretendían conocer antecedentes relacionados al rol del exsubsecretario de Desarrollo Regional en relación a un cuestionado programa subejecutado por la fundación ProCultura en Antofagasta.

Desde el entorno de Crispi -que se desempeñó en la Subdere hasta septiembre de 2022- plantean que no es un funcionario público y no tendría la obligación de asistir como tal, al ejercer actualmente funciones a honorarios en el Segundo Piso de la sede de gobierno.

La oposición advirtió que analizan recortar los dineros de Presidencia en la tramitación del proyecto de Presupuesto 2024, particularmente en el pago de honorarios. Los diputados de la UDI, de hecho, amenazaron con aprobar solo 1 peso para esa partida.

El diputado de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán solicitó al contralor aclarar si Crispi debiera presentarse ante la comisión. “La gente lo que quiere es transparencia, es claridad”, manifestó el legislador de oposición.

“En un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es el de rendir cuentas”, respondió Bermúdez al legislador de RN, planteando que no quería parecer dogmático o que hablaba en un tono docente.

“Dar cuenta no solamente significa dar cuenta de cómo se usan los recursos, es decir, cómo se están gastando los recursos públicos, dar cuenta significa, a falta de mejor palabra en nuestro idioma, significa dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”, planteó.

En la sesión, el contralor informó sobre las acciones de fiscalización desarrolladas por el órgano fiscalizador en cuanto a transferencias por convenios, abordando la situación de los gobiernos regionales y su marco regulatorio. El 30 de octubre la Contraloría emitirá los informes respectivos.