Contralor general y rol del gobierno en el plebiscito de salida: “La prescindencia significa neutralidad”

Una reunión bilateral sostuvo esta mañana el Presidente Gabriel Boric con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

La cita se concretó en el Palacio de La Moneda y, según indicó la máxima autoridad del ente fiscalizador, estaba “pendiente la reunión de saludo protocolar” con el Mandatario, desde su asunción como Jefe de Estado.

Tras el encuentro, Bermúdez abordó el rol que el gobierno deberá jugar durante el proceso constituyente, en miras del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que desde la Contraloría alistan un instructivo ante la postura de “no neutralidad” que tanto el Presidente Boric como sus ministros han pronunciado respecto al proceso constitucional, y luego de que desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, liderado por Giorgio Jackson, anunciaran otro instructivo que regulará el actuar de los funcionarios públicos durante la campaña legal.

A juicio del contralor general, el deber de prescindencia que existe respecto de funcionarios y autoridades públicas “está establecido en la ley” y se ha abordado en “distintos instructivos ya de antigua data por parte de la Contraloría”, los cuales se “van actualizando” según la respectiva elección.

Lo anterior, suele realizarse a uno o dos meses de los comicios, pero para el plebiscito de salida sobre la nueva Constitución la Contraloría fijó otro criterio con el fin de “rayar la cancha de entrada”. Esto, justamente por las últimas intervenciones públicas de las autoridades de gobierno respecto a dicho tema.

En ese marco, cuando aún restan cuatro meses para el 4 de septiembre, Bermúdez aseguró que el instructivo para el referéndum constitucional “esperamos publicarlo lo antes posible”.

Eso sí, detalló los tres principales límites que establece el documento: “En el uso de recursos públicos, en el uso de horario laboral, o en el ejercicio del cargo, los funcionarios o autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alterativas que pueda haber en una elección”.

Y si bien precisó en que “excluida de esa situación, me refiero afuera de horario laboral, si usar recursos públicos y no estando en el ejercicio del cargo, las personas pueden manifestar sus opciones, como cualquier ciudadano”, en el marco de sus funciones fue enfático en señalar que “la prescindencia significa neutralidad, que esto tiene que ser transparente y objetivo”.

Sobre el rol que el Ejecutivo debe jugar en miras del referéndum constitucional, el contralor general apuntó a que el deber del gobierno es “garantizar que el proceso sea transparente, participativo e informado”. En ese sentido, puntualizó en que tanto el Apruebo como el Rechazo son opciones igualmente legítimas, “por lo tanto deben ser informadas por igual y eso implica un deber de prescindencia”.

El contralor general también abordó las denuncias que han llegado hacia el ente fiscalizador en contra de autoridades por una supuesta “intervención” respecto al proceso constituyente.

Según señaló, “hay una casuística acá infinita, me han llegado muchas denuncias respecto de funcionarios que han dicho cosas en redes sociales o respecto de expresiones que se han dado y, por lo tanto, esas las tenemos que analizar con el equipo jurídico para ver si están dentro o no de la regulación”.

Sin embargo, confirmó que una de las denuncias presentadas fue en contra del delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, pero que aún no ha sido revisada. La autoridad regional, en entrevista con el diario El Austral este fin de semana, aseguró que el inicio del diálogo en la zona va a estar “mediado” por el trabajo de la Convención Constitucional.

Sus dichos inquietaron a la oposición y el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que junto a diputados de oposición que representan a la Macrozona Sur en el Congreso, estaban evaluando presentar una acusación constitucional en su contra.

Otro de los hechos por los que fue requerido Bermúdez fue el video difundido por las redes sociales de la Vocería de Gobierno, en el cual la ministra de la Segegob, Camila Vallejo y el ministro de la Segpres aparecen abordando los artículos aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional. Un hecho que fue criticado por la oposición.

Al respecto, la máxima autoridad del ente fiscalizador aseguró que tendrán que analizar el hecho, pero que “no tengo denuncias respecto al caso”.

En la instancia, Bermúdez también informó que el próximo lunes se reunirá con “los jefes de la bancada de la oposición” en la Contraloría General.

Lo anterior, con motivo del oficio que la UDI, RN, Evópoli y Republicanos ingresaron ante el ente la primera semana de abril, para que este se pronunciara sobre un supuesto incumplimiento por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, en el marco de la falsa denuncia sobre vuelo de migrantes.

Según los parlamentaros de oposición, la jefa de gabinete “fue alertada sobre un potencial ilícito sancionado penalmente”. Sin embargo, “prefirió dar declaraciones a medios públicos” y no concretar su obligación legal de denunciar los hechos que ella consideraba como verdaderos.