Contralor propone regulación “marco y permanente” a transferencias: hay 172 denuncias en la materia

La comisión de Vivienda del Senado sesionó este martes para recibir al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y abordar la fiscalización del organismo en materia de traspaso de recursos fiscales por convenios del Estado con fundaciones.

“Pensamos que acá lo que se requeriría sería una regulación un poquito más marco y más permanente respecto a las transferencias del Estado, tal como existe en otras partes”, sostuvo Bermúdez ante los legisladores de la instancia presidida por Fidel Espinoza (PS).

“En el fondo, aquí de lo que estamos hablando es de una grieta donde parece que se está colando ese virus de la corrupción. Hay una falla que alguien la vio. Antes eran las compras públicas, después la obra pública y resulta que ahora son las transferencias”, expuso el contralor.

Esto, ante la crisis que enfrenta la administración del Presidente Gabriel Boric vinculada a contratos de asignación directa que se firmaron para la ejecución de proyectos con fundaciones como Democracia Viva. Todo partió el 16 de junio, cuando el medio regional Timeline dio a conocer un convenio por $ 426 millones que Carlos Contreras, militante RD, en su calidad de secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta autorizó en favor de la entidad que fundó el también militante RD, Daniel Andrade. Contreras había sido el jefe de gabinete de la diputada y expresidenta del partido oficialista Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos bajo un giro que no tenía cuando se visó el traspaso de los dineros.

En una reciente entrevista en El País, el economista Eduardo Engel, que lideró en 2015 una comisión asesora presidencial anticorrupción, abordó el tema, señalando que “el problema parece estar en la Ley de Presupuesto 2021, cuyo artículo 23 establece exigencias a las transferencias corrientes a instituciones privadas, pero estas no aplicaron a Democracia Viva, porque dichas transferencias fueron calificadas como transferencias de capital”.

Una transferencia corriente incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes a instituciones públicas y del sector externo. La transferencia de capital comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital.

En su diálogo con los legisladores, Bermúdez ahondó en las implicancias de ese tipo de transferencias de capital. El contralor detalló una decena de debilidades del diseño institucional y propuso una regulación que impida que existan situaciones como las detectadas. El jurista entregó recomendaciones para implementar a corto, mediano y largo plazo.

Desde que estalló el caso en Antofagasta, Contraloría contabiliza ya 172 denuncias por situaciones similares en todo el país.

Ante esa indagatoria, la autoridad indicó que se debe fiscalizar el cumplimiento de la normativas vigente.

“Si hay pocas normas o esas normas tienen grietas, evidentemente que ahí tenemos un problema. Esto es bien importante, porque si aquí hay poca normativa o la densidad normativa es baja, no necesariamente van a haber grandes hallazgos. A uno le puede parecer algo, a todas luces, que es poco ético, pero no necesariamente eso poco ético va a ser una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa”, precisó.

El contralor explicó por qué la Contraloría no fiscaliza a privados y no puede cuestionar el mérito (“value for money”) de los convenios que se suscriban.

Entre 2016 y junio de 2023, la Contraloría realizó 7.056 acciones de fiscalización a todo el aparato público, en particular 242 auditorías en el Minvu, centrando los esfuerzos en la entrega de subsidios, ya que corresponde al 10% del prepuesto total de la cartera: $4,2 billones ($4.241.602.688).

Asimismo, acotan que los convenios son de difícil fiscalización porque: son amplios en redacción; no tienen puntos de control que permitan monitorear avances; no existen hitos de ejecución; y no existen definiciones claras para contrastar los gastos rendidos.

“Donde hay plata pública debería de haber algún control público. Eso lo hemos dicho siempre. O sea, si usted en gratuidad tiene miles de millones, cientos de miles de millones, debería de haber algún control público, hoy día eso no existe y aquí tampoco existe. No es que yo quiera llevar agua al molino de la Contraloría, pero en los países desarrollados esa es la lógica”, enfatizó el contralor.

“Lo que ocurre con estas transferencias es que usted está privatizando los recursos y los saca de toda regulación. Es el fenómeno que se denomina huida del derecho administrativo, que, es cierto, da agilidad, pero también se salta todos los controles, se salta toda la normativa, se salta todas las normas de probidad”, afirmó.

1. Transferencias como forma de ejecución presupuestaria. En la Ley de Presupuestos para el año 2023, se contempla al menos $1.454.838.469 en transferencias a privados.

2. Falta de densidad normativa de las transferencias.

3. Las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que “no se siga la ruta del dinero público”. Ejemplo: transferencia a fin de año desde Gobierno Regional a una municipalidad, es imposible de ejecutar, se contabiliza como recurso extrapresupuestario y el alcalde no requiere del Concejo para su ejecución.

4. Excesiva discrecionalidad en la definición de los subtítulos (24, 31 o 33) con consecuencias en su ejecución.

5. Excesiva discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias.

6. Excesiva discrecionalidad en la definición de los proyectos que se financian por vía de transferencia.

7. Excesiva discrecionalidad en la utilización de “asignación directa” y “asignación nominativa” a personas jurídicas privadas.

8. Ausencia de control de mérito o conveniencia de los proyectos que se financian por vía de transferencia.

9. Baja eficacia de las “glosas de información”.

10. Faltan normas de transparencia, conflictos de intereses y probidad de los receptores de recursos públicos.

• Eliminar las expresiones “corrientes a instituciones privadas” del art. 23 de la Ley de Presupuestos. Esta modificación permitiría que se apliquen reglas de suscripción de convenios, metas, plazos instructivos, garantías y sujeción de transferencias a estados de avances, deberes de información y otros, a todos los receptores de fondos públicos, incluyendo organismos de derecho privado.
• Se dicte por el Ministerio de Hacienda el instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia, con la finalidad de asegurar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados, así como su restitución, en caso contrario.
• Establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma SISREC de la CGR (puede incorporarse en instructivo).
• Exigir en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos.

• Aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias.
• Fortalecer el registro de la ley N°19.862, facilitar su interfaz, establecer su interoperabilidad y generar reportes sobre las transferencias recibidas.

• Trabajar en una ley sobre transferencias del Estado, retomando las minutas presentadas por CGR al Ministerio de Hacienda en 2020 y el documento de trabajo interno “Manual de Transferencias de Recursos Públicos”.
• Diseñar un sistema de información en que se plasmen todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados, cuya información sea relativamente coetánea a la realización de la transferencia.