A través de una exposición ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, por la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente de la República, Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, defendió el actuar del organismo que dirige y explicó que solo se aprobó un autorización previa dentro del proceso, tal y como lo estipula la ley.

Ante la instancia legislativa, Pérez explicó que lo que hizo Contraloría en el proceso de la compra de un bien raíz por parte del fisco, fue visar solo un primer paso. Es decir, al autorizar este primer decreto se dio cuenta que se revisó la motivación para la compra del bien; su tasación y precio - que tenían correspondencia a los tres estudios entregados-, y que los antecedentes se ajustaban a derecho. Y no se adentró en la participación de la senadora Isabel Allende y la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, como vendedoras de inmueble ante el Estado, lo que resultaba inconstitucional.

“En esta etapa el examen no se enfoca en los propietarios, pues en el tiempo que media entre la autorización y la compraventa podrían vender, ceder, donar el bien o sus derechos, fallecer, etc”, explicó la contralora.

“Este primer decreto es un acto preliminar que solo autoriza al fisco (Ministerio de Bienes Nacionales) a adquirir un inmueble en particular, por lo que aquel, por sí solo, no valida el tenor ni las partes de una eventual compraventa que en el futuro se celebre, la que deberá ser aprobada por un acto administrativo específico y posterior, el que debe someterse a su propio control de legalidad”, añadió.

Pérez fue consultada por si en un segundo decreto emitido por Contraloría eventualmente se hubiera rechazado el contrato de compraventa entre las autoridades - Isabel Allende y Maya Fernández- con el Estado, ante lo que sostuvo que la entidad que se dirige no se pronuncia sobre situaciones “hipotéticas o futuras”.

En tanto, el presidente de la comisión investigador, Andrés Longton, cuestionó la ausencia de la senadora Isabel Allende ante la instancia, a pesar de haber sido invitada a aclarar su participación en la fallida venta del inmueble de su padre.

Asimismo, cuestionó la ausencia de Leonardo Moreno (65), el exencargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso del Ejecutivo, quien presentó su renuncia la semana pasada tras haber sido la persona a cargo de monitorear desde Palacio la transacción que encabezó el Ministerio de Bienes Nacionales con la familia Allende.

Respecto de la ausencia de la exministra Maya Fernández, Longton sostuvo que ella al menos tendrá la oportunidad de dar sus explicaciones ante el Congreso en la acusación constitucional que pesa en su contra.