Contraloría abre sumario contra exintendente Felipe Guevara por eventual conflicto de interés en adjudicación de millonario contrato a su hermano

La adjudicación de un contrato por más de $ 6.770 millones a un hermano del exintendente de la Región Metropolitana y actual delegado presidencial, Felipe Guevara, está en la mira de la Contraloría.

Ayer en la tarde, el contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías Tapia, ordenó abrir un sumario para determinar la existencia de eventuales faltas a la probidad en la adjudicación del millonario proyecto de las obras de construcción del Polideportivo San Gregorio, en la comuna de la Granja, que favoreció a la sociedad constituida por la empresa Constructora Lima y Matías Guevara Stephens, éste último hermano de la autoridad regional.

La investigación de la Contraloría busca determinar, además, por qué la Municipalidad de La Granja, encabezada por el alcalde DC Felipe Delpin -quien es actualmente encargado territorial de la campaña presidencial de la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste- siguió adelante con esta adjudicación, pese a que se había dado orden de dejarla sin efecto, precisamente, por la relación de parentesco entre uno de los constructores con la autoridad regional.

Fue el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, quien el 13 de septiembre pasado solicitó a la Contraloría investigar lo ocurrido con la construcción del polideportivo de La Granja, luego que la empresa constructora Lima dejara abruptamente abandonadas las obras de la etapa uno del complejo, cuando apenas tenían un 52% de avance.

“Nos parece indignante e inaceptable que una empresa traicione la confianza de la ciudadanía, especialmente en un proyecto que llevaba dignidad y oportunidades a sectores tan pobre como La Granja”, dijo Orrego el 9 de septiembre tras inspeccionar en terreno la paralización de las obras cuyo monto alcanza los $6.779.061.681.

Orrego apuntó directamente al rol del exintendente Felipe Guevara en esta licitación que llevó adelante el municipio de La Granja y que cuenta con más de 4.000 millones de pesos de financiamiento del gobierno regional provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. “Es mal visto que la obra haya sido adjudicada al hermano de la autoridad que va financiar ese proyecto. Eso no corresponde”, recalcó Orrego en esa oportunidad.

En la resolución que emitió ayer en la tarde, el contralor regional, Carlos Frías, ordena instruir la apertura de un proceso disciplinario contra los funcionarios públicos que resulten responsables de una eventual negociación incompatible y otras faltas administrativas a las normas legales que prohíben a los funcionarios públicos tomar parte en materias sobre las que tenga interés personal o involucren a parientes directos, hasta tercer grado de consanguineidad. Asimismo, deja en claro que era evidente que la autoridad estaba impedida para seguir adelante con este contrato, por lo que debió haberse declarado nulo de inmediato esta adjudicación.

El polideportivo San Gregorio es un antiguo anhelo de los vecinos de La Granja y de otras comunas de la zona sur de Santiago. Contempla piscinas e instalaciones para la práctica de diversos deportes. Pero no fue sino hasta enero de 2019 cuando este sueño comenzó a materializarse. Al menos eso era lo que se creía.

El municipio de La Granja, que lidera el edil democratacristiano Felipe Delpin, presentó el proyecto al gobierno regional a comienzos del año 2019, cuando era encabezado por la intendenta era Karla Rubilar. Tras obtener la aprobación para el financiamiento, el gobierno regional y la Municipalidad de La Granja firmaron “un convenio completo e irrevocable” que facultó a Delpin iniciar el proceso de licitación a través de la plataforma de Mercado Público para la adjudicación de las obras.

En el entorno del delegado presidencial metropolitano Felipe Guevara aseveran que todo el proceso de licitación y adjudicación es de responsabilidad de la Municipalidad de La Granja, en su calidad de mandante de las obras. Así está contemplado, además, en la circular N° 20, de julio de 2018 y emanada por la misma gobernación regional, en la que se establece, precisamente, que los procesos licitatorios son de exclusiva responsabilidad de las autoridades edilicias.

El 4 de octubre de 2019, más de dos semanas antes de que Felipe Guevara dejara el cargo de alcalde de Lo Barnechea para asumir como intendente de Santiago, todo esto en medio del estallido social, la municipalidad de La Granja publicó bajo el número de identificación 2963-41-LR19 de Mercado Público la apertura de la licitación para la construcción del complejo deportivo de la comuna. Al proceso se presentaron cuatro oferentes, entre ellos la sociedad denominada Unión Temporal de Proveedores, compuesta por la Empresa Constructora Lima y el constructor civil Matías Guevara, quien ya había trabajado para la constructora Lima en varios otros proyectos.

Aunque no se trataba de la oferta más económica -estaba un 8,1% por encima del presupuesto aprobado originalmente-, la comisión evaluadora conformada exclusivamente por funcionarios municipales de La Granja optaron por proponer en enero de 2020 al alcalde Delpin la adjudicación a la constructora Lima y a Matías Guevara, por haber alcanzado el mayor puntaje según las bases técnicas de la licitación.

Hasta entonces, afirma el alcalde Delpin, no habían caído en la cuenta que Matías Guevara era hermano del recién asumido intendente de Santiago.

El 15 de enero de 2020, mientras Felipe Guevara hacía frente a los embates de una acusación constitucional en su contra que finalmente la Cámara de Diputados rechazó a mediados de febrero, el alcalde de La Granja envió un oficio al entonces intendente para darle a conocer el acta de evaluación de las distintas ofertas y da cuenta de que se propone adjudicarla a la sociedad conformada por la constructora Lima y Matías Guevara. Para entonces, en lo que Delpin hacía mayor hincapié, era en la necesidad de aumentar en más de 133 millones de pesos el presupuesto de las obras.

La documentación pasó entonces a las instancias de control interno de la gobernación regional, la que recién emitió un pronunciamiento los últimos días de febrero de 2020, en la que solo se toma conocimiento de la apertura del proceso y se le reitera al alcalde Delpin que por los montos involucrados en este proyecto, es indispensable que la adjudicación sea aprobada por el concejo municipal de La Granja, sin reparar en la existencia de un conflicto de interés por la participación del hermano del entonces intendente en la empresa que se adjudicó el contrato.

Es más, el 13 de marzo de 2020, el alcalde Delpin envió un nuevo oficio a la gobernación regional, esta vez dirigido al jefe de la División de Análisis y Control de Gestión de la gobernación metropolitana, Roberto Dávila, en la que, además de señalar que el municipio había iniciado las gestiones para obtener el financiamiento adicional del proyecto, por lo que ya no se requerían las gestiones de la Intendencia, pedía que hubiera un pronto pronunciamiento del gobierno regional sobre la evaluación del proceso licitatorio. Este paso era indispensable para que el municipio pudiera suscribir el contrato correspondiente con la empresa a la que el propio municipio había adjudicado las obras, es decir la constructora Lima junto al constructor Matías Guevara.

Pasaría más de un mes, para que el 20 de abril de 2020 Felipe Guevara respondiera formalmente al alcalde de La Granja que había tomado conocimiento de la adjudicación de la etapa UNO del complejo deportivo San Gregorio a la Unión Temporal de Proveedores entre Constructora Lima SPA y Matías Guevara Stephen, y ratificara el financiamiento comprometido para la ejecución del proyecto.

En su respuesta a Delpin, Guevara no presentó ninguna observación o advertencia de que estaba involucrado su hermano, por lo que no podría haber dado el visto bueno a la documentación enviada por el municipio de La Granja.

Por lo mismo, apenas nueve días después de recibir la respuesta de Guevara, el 29 de abril pasado, el alcalde de La Granja suscribió con el representante de la constructora Lima, Francisco Lira Lee-Plaza, el contrato para la construcción del polideportivo.

Las alarmas, sin embargo, se encendieron a inicios de junio pasado, aseguran en el entorno de Felipe Guevara. “El gobierno regional no tenía ningún rol en el proceso de licitación. La Municipalidad de La Granja solo tenía que informar al gobierno regional, nada más. Uno de los oferentes era mi hermano, que ya no trabaja actualmente en la empresa constructora Lima. Pero, por lo mismo, el 12 de junio del año pasado le pregunté al contralor, de hecho me reuní con el contralor por vía telemática, pues ya habíamos entrado en pandemia, y con su jefe jurídico, un señor de apellido Mirosevic, hermano del señor diputado, y con la subcontralora, para explicar la situación y solicitar un pronunciamiento para saber si me asistía la obligación de abstenerme o de inhabilitarme de tomar conocimiento de esta adjudicación debido a mi relación de parentesco”, afirma el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Para entonces, Guevara había enviado el 12 de junio de 2020 al alcalde Delpin la resolución exenta 816 en el que solicitaba dejar sin efecto la adjudicación y volver a foja cero toda la licitación, debido a la relación que tenía su hermano con la empresa contratada. “A pesar de eso, el alcalde optó por seguir adelante con la adjudicación. Ahora ese es un problema en el que está metido el alcalde y la empresa, y en la que el gobierno regional no tuvo nada que ver”, se justificó ayer Guevara al ser consultado por La Tercera.

Fue precisamente la existencia de ese oficio enviado por Guevara a Delpin pidiendo echar abajo todo el proceso de licitación lo que salvó en ese momento al aún intendente metropolitano. El 30 de junio de 2020, por orden del contralor Bermúdez, el jefe subrogante de la Subdivisión Jurídica del ente contralor, Luis Almonacid, emitió un pronunciamiento en el que dan por superado el problema que se suscitó con la adjudicación del proyecto del polideportivo de La Granja debido, precisamente, a que se había dejado sin efecto la adjudicación del contrato.

Aunque la Contraloría dejó en claro la prohibición expresa que recae en las autoridades y funcionarios públicos de suscribir contratos con familiares directos, no reprochó la conducta de Guevara. “Habiéndose ordenado por el intendente que se proceda a iniciar un proceso invalidatorio de la adjudicación producto de la prohibición antes referida, corresponde entender que la situación ha sido superada, no sin perjuicio de hacer presente, que en lo sucesivo, dicha autoridad deberá dar estricta observancia al deber de abstención previsto en el artículo 62, N° 6, de la Ley N° 18.575; 84, letra B de la Ley N° 18.834 y 12 de la Ley N° 19.880″, señala la resolución de la Contraloría.

¿Qué pasó entonces?, ¿Por qué no se invalidó la adjudicación y se volvió a licitar? Es algo que deberá aclarar ahora el sumario de la Contraloría.

En el entorno de Felipe Guevara aseguran que el equipo jurídico de la Intendencia se comunicó con sus pares de La Granja para pedir la nulidad del proceso. Sin embargo, el municipio que encabeza Delpin se opuso.

Consultado sobre esta situación, Delpin reconoció que recibieron un oficio firmado por Guevara en el que se les pedía volver a foja cero con la licitación que había recaído en uno de sus hermanos. Pero tras hacer las consultas a los equipos jurídicos del municipio, decidieron seguir adelante con la constructora Lima. “Hicimos las consultas internas con los asesores jurídicos y la advertencia que nos dieron fue que la licitación ya estaba adjudicada, por lo que si la anulábamos nos arriesgábamos a ser demandados por la empresa constructora a pagos de indemnizaciones millonarias”, señalaron en la Municipalidad de La Granja.

“La Municipalidad no nos dio ninguna respuesta formal a nuestra petición de que se anulara este proceso, simplemente actuó, siguiendo adelante con la licitación. No supe nada más de este proyecto, ni de Delpin, ni de nada”, recalcó Felipe Guevara. Y agrega: “Estoy completamente de acuerdo con que Contraloría investigue qué pasó con ese proyecto y por qué se siguió ejecutando por parte del mandante, que era exclusivamente la municipalidad”.