Contraloría detecta una serie de falencias en entrega de pensiones de gracia y exige a Interior que revise antecedentes penales de postulantes

Este jueves la Contraloría General de la República emitió un informe respecto al proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social. En el documento, evidenció una serie de falencias en ese trámite, a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior durante el año 2022.

El objetivo de la auditoría era verificar si la entrega de esos beneficios “se ajustan a la normativa que los rige y si cuentan con la documentación de respaldo correspondiente”, además de “validar el proceso de acreditación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la calidad de víctima de violaciones de derechos humanos y menoscabo laboral, de quienes solicitaron dicha pensión de gracia”.

El informe evidenció que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tiene condenas, incluidos delitos violentos: “En efecto, se tuvo a la vista (para el otorgamiento) antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.

“Considerando lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 18.575, se advierte que el haber contado oportunamente con la información advertida pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio, como las condiciones para su otorgamiento”, se cuestiona.

Frente a esos casos, la Contraloría le solicitó a la Subsecretaría del Interior que “incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe”.

Además, se constató que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos “o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″.

Éstos expedientes, según acusa el ente, “fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación, a pesar de que la falta de antecedentes o las deficiencias de aquellos no permitían respaldar el análisis y evaluación efectuado por ese departamento respecto del grado de lesiones y menoscabo laboral de los postulantes a las pensiones de gracia autorizadas en las glosas 12 y 15 de la ley de presupuestos para el año 2022″.

Particularmente sobre las gestiones del INDH, el documento determinó que 10 de los 144 casos revisados tampoco presentaban antecedentes médicos o respaldos que acreditaran el relato del postulante, algo que daría cuenta -señalaron- de que el organismo “no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante, pues el DAS, de la Subsecretaría del Interior, tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto”.

Tras apuntar a que lo descrito incumple con “los principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad previstos” en una serie de normativas, el ente pidió al INDH que verifique “la existencia de antecedentes complementarios relativos a los 10 casos objetados, que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes por parte del Instituto, remitiendo dichos antecedentes al DAS e informar a esta Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento”.

La Contraloría también le pidió a la Subsecretaría del Interior los decretos pendientes y los que ya fueron entregados y que oficializan la entrega de las pensiones. Todo esto en un plazo de 60 días hábiles.

Por otro lado, el ente contralor comprobó que el documento “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022″, que contiene la categorización de las lesiones los postulantes afirman que sufrieron, “no se encontraba aprobado formalmente, ni da cuenta, además, de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición”.

También se constató que “además de no existir una instrucción formal para incrementar las pensiones de gracia que habían sido otorgadas conforme a la categorización original, no se evidenciaron antecedentes de respaldo que den cuenta de una nueva instancia de reclasificación de la gravedad de los casos en cuestión para otorgar tal aumento, pues las actas de las sesiones de la Comisión Asesora en las que estos se concedieron no establecen los antecedentes tenidos a la vista para fundar su decisión”.

“Lo anterior contraviene los principios de transparencia, control, eficiencia y eficacia previstos en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley N° 18.575. El servicio deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas tendientes a evitar que se otorguen incrementos en los montos de las pensiones de gracia que no se encuentren determinados en instrucciones formales previas y en antecedentes que den cuenta de la pertinente reevaluación de cada caso que fundadamente dan lugar a modificaciones de pensiones de gracia, debiendo informar a este Ente Contralor las acciones de control adoptadas, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este documento”, sentenció el informe de Contraloría.