Este miércoles el pleno de la Convención Constitucional dio inicio a la votación del último informe emanado de la comisión de Derechos Fundamentales que contemplaba normas relacionadas a los derechos sociales como vivienda, salud, educación, trabajo y seguridad social.

Entre aplausos y notorios festejos, el hemiciclo despachó al borrador de nueva Constitución diversos artículos relacionados con el derecho a la salud.

Para los convencionales la votación de este informe ha sido clave ya que muchos de ellos han reconocido que parte del éxito del proceso se juega en los derechos sociales que logren llegar al borrador de nueva Constitución. Esto porque para algunos constituyentes las demandas que surgieron en el estallido social, y que derivaron en el Acuerdo por la Paz que abrió el camino al proceso constituyente, se basó principalmente en la necesidad de tener un Estado más fuerte, que sea garante de derechos sociales.

En este pleno los convencionales terminaron de votar los detalles de las normas que regulan el derecho a la salud y que le dan forma constitucional a lo que será, en caso de que se apruebe la propuesta de nueva Constitución, el Sistema Nacional de Salud.

En este sentido los convencionales visaron que este sistema estará integrado tanto por prestadores públicos como privados, siendo deber del Estado “velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud”.

Anteriormente el pleno había aprobado que las cotizaciones de los trabajadores -que actualmente van a Fonasa o a una Isapre- solo podrán tener como objeto “aportar solidariamente al financiamiento” del Sistema Nacional de Salud. Ya no existirá libertad de elección ya que estos fondos serán administrados por un órgano público que será determinado por ley.

El pleno desechó las indicaciones presentadas por la convencional Giovanna Grandón (Coordinadora Plurinacional) que buscaba que los prestadores privados que se integren al Sistema Nacional de Salud “tendrán prohibida toda forma de lucro”.

Este era un punto clave y controversial del debate. En el informe anterior la propuesta de la mayoría de la Comisión de Derechos Fundamentales pretendía excluir a las clínicas del sistema. Esto debido a que este tipo de prestadores actualmente sí tienen fines de lucro. Por lo tanto al incluir esta cláusula este tipo de instituciones quedaban con prohibición de poder funcionar. Esta idea habría implicado un severo cambio en todo el sistema.

Sin embargo dada las críticas recibidas así como también la ponderación de las consecuencias que podría traer esta norma, la mayoría del pleno optó por desechar esta idea. La votación de esta jornada era previsible porque el segundo informe de la comisión ya venía sin este artículo.

El plenario además aprobó la norma que plantea que “es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud”.

Sobre este tema, en tanto, los constituyentes dejaron fuera del borrador de nueva Constitución un artículo que se refería a los seguros privados. “Podrán existir seguros privados voluntarios, con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud”, decía la norma en cuestión.

De esta misma manera los convencionales también no dieron los votos, y por lo tanto se rechazó al no alcanzar el quórum de 2/3, el inciso que decía lo siguiente: “El acceso a las prestaciones de salud se priorizará según criterios sanitarios y no por la capacidad individual de pago”. También se rechazó una indicación promovida por la derecha que consagraba en la Constitución la objeción de conciencia.

En tanto, por primera vez, la Constitución permitirá que los pueblos y naciones indígenas tengan “derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan”. Ese inciso además agregaba que “el Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos como también a quienes las imparten, en conformidad a esta Constitución y la ley”.

Otro de los temas más esperados de la instancia fue el derecho a la educación. Los convencionales aprobaron el artículo 16, que establece que “todas las personas tienen derecho a la educación” y que ésta es un deber “primordial e ineludible” del Estado.

También el pleno entregó los 2/3 para despachar al borrador el siguiente artículo: “El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”. Esto implica un cambio al modelo de financiamiento de la educación pública a través del sistema que se ha denominado “de voucher”.

De la misma forma pasó a la propuesta de nueva Carta Magna que la educación será de acceso universal en todos sus niveles, siendo un deber “primordial” e “ineludible” del Estado. Asimismo, de aprobarse la propuesta de la Convención, la educación será obligatoria desde el nivel básico hasta la enseñanza media.

Además, el hemiciclo aprobó la creación de un Sistema Nacional de Educación que será integrado por “los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado”. El artículo también menciona que será el Estado quien gestione y financie este sistema “de carácter laico y gratuito”.

La instancia plenaria también despachó a la propuesta de nuevo texto constitucional el reconocimiento del “rol fundamental de las profesoras y profesores, como profesionales en el Sistema Nacional de Educación”. En concreto, la indicación señala que se valorará y fomentará “la contribución de las y los educadores y asistentes de la educación, incluyendo a las y los educadores tradicionales. Las y los trabajadores de la educación son agentes claves para la garantía del derecho a la educación”.

Por último, también ingresó al borrador el artículo relacionado a la libertad de enseñanza. El texto sostiene que los padres, madres y apoderados poseen la libertad de “elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”. Además se visó la norma que estipula que “los profesores y profesoras gozarán de libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones”.

Los convencionales también deliberaron en materia de vivienda. Este derecho ya estaba en el borrador de nueva Constitución. Había sido aprobado en el pleno anterior, lo cual fue transversalmente celebrado por los constituyentes. Sin embargo en aquella ocasión se rechazaron, y se devolvieron a la comisión, los incisos que le daban una bajada práctica a este derecho.

Respecto de este tema destacó la aprobación de una serie de incisos al artículo 4 del informe. En ese marco, el plenario aprobó la norma que señala que “el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda”.

Además se consignó que el Estado tendrá especial consideración con las personas “con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos” en el diseño de las políticas de vivienda y que garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género “y otras formas de vulneración de derechos”.

Por otro lado, pasó al borrador la creación de un Sistema Integrado de Suelos Públicos, que tendrá las facultades de “dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados”.

Asimismo, se visó que el Estado garantizará la protección y acceso equitativo a “servicios básicos, bienes y espacios públicos; movilidad segura y sustentable; conectividad y seguridad vial”, además de promover la “integración socioespacial” y de participar en “la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria”.