Convención aprueba declaración sobre detenidos del 18/0: demandan “máxima celeridad” en la tramitación del proyecto de indulto y que abarque a los presos por el conflicto de La Araucanía desde 2001

Un día clave se vivió este miércoles durante la segunda sesión de la Convención Constitucional que trabaja en el exCongreso Nacional. El órgano fue convocado para discutir una eventual declaración sobre los detenidos del 18/0 -en el marco del denominado estallido social- y presos del conflicto en La Araucanía.

Justamente esta había sido una de las solicitudes que habían surgido desde integrantes de la Lista del Pueblo y de pueblos originarios durante la investidura del cargo realizada el domingo pasado, cuando la sesión debió ser suspendida producto de manifestaciones en las cercanías del edificio del Parlamento en Santiago.

Si bien al principio hubo dispersión de la izquierda, que presentó dos propuestas de declaraciones distintas, al final lograron ponerse de acuerdo y apoyar una de ellas, formulada por los convencionales que pertenecen a partidos políticos, en desmedro de la propuesta de la Vocería de los Pueblos y de miembros de los pueblos originarios.

La jornada comenzó cuando la mesa directiva de la instancia, liderada por la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, destinó dos horas para que el pleno deliberara sobre la procedencia de dicha declaración.

Tras largas horas de trabajo, finalmente la sesión retomó para votar las dos propuestas sobre la declaración ingresadas por constituyentes de izquierda. Chile Vamos presentó una, pero la terminó retirando después.

Tras una serie de suspensiones, al final se pusieron en votación -de forma simultánea- las dos propuestas, pero ninguna logró conseguir la mayoría absoluta de 78 votos, por lo que se procedió a avanzar a un segundo proceso de sufragio.

La primera propuesta, realizada por convencionales agrupados en partidos políticos, concitó 52 votos; la segunda, de la Lista del Pueblo y representantes de pueblos originarios, logró 49 apoyos; 34 convencionales rechazaron ambas y 16 se abstuvieron.

Como no se logró la mayoría absoluta, se volvió a votar. Finalmente, 105 convencionales apoyaron la declaración, 34 estuvieron en contra y 10 se abstuvieron.

La misiva aprobada por la instancia -de dos páginas- establece que “hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile”.

El texto de los convencionales plantea, además, que “la violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello”.

Se agrega que “la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.

Esta semana, de hecho, ad portas de que se votara la declaración de los convencionales, los presidentes del Senado, Yasna Provoste (DC), y de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), habían llamado a “respetar la institucionalidad democrática”, considerando que un proyecto de indulto para los presos en el marco de la crisis social se está tramitando en el Congreso.

Dentro de las “demandas” que plantearon en el documento están: “respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad”.

Como segundo punto exigen “al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17), así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado”.

También solicitan “la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Río, sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”.

Por otro lado demandaron “en el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (...) especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.

Además, exigieron que “el Ministro de Justicia y DD.HH. concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”.

El último punto dice relación con “la implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos”.

El texto cierra con que “nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos”.

El debate sobre la declaración de los detenidos en el marco del 18/O y “del Wallmapu”, estuvo marcado por el rechazo de los convencionales de Vamos por Chile, el apoyo de la Lista del Pueblo y las dudas respecto a si la Convención tenía jurisdicción para emitir una declaración como ésta por parte de algunos independientes e integrantes de la Lista del Apruebo.

Bernardo de la Maza (distrito 8, ind., Vamos por Chile) indicó que “no nos corresponde hacer exigencias por lo que ocurre en el Chile de hoy, sino que estar preocupados por el Chile de mañana. Esa es nuestra tarea. Y yo los llamo a que, al margen de que sean muy justas las demandas que se están expresando, nos dediquémonos a nuestra tarea y nos apuremos. Estamos tarde, han pasado muchos días y no estamos dando respuestas para aquello para lo cual fuimos elegidos”.

El convencional Agustin Squella (distrito 7, Lista del Apruebo) afirmó: “Me pregunto si acaso la Convención como tal tiene entre sus competencias la de emitir pronunciamientos sobre asuntos tratados por otros poderes del Estado (...) Me hago esa pregunta, porque estoy seguro que a nosotros no nos gustaría que llegara del Senado o la Cámara alguna petición; por ejemplo: aprueben su reglamento en una semana”.

Y propuso que se retomara esta discusión cuando la Corte Suprema informe del total de detenidos vinculados al 18/0 que están en prisión de preventiva y el estado de sus causas.

Su compañero de lista Fuad Chahin (distrito 22, Lista del Apruebo) planteó que “no tenemos facultades para poder pronunciarnos respecto de esta materia. Y, segundo, tampoco podemos pronunciarnos respecto del fondo, porque los casos son distintos. No estamos conociendo qué casos son, cuáles son los delitos, cuáles son las pruebas, cuáles son las medidas cautelares que los afectan, cuáles son los antecedentes penales que puedan tener cada uno. Y por lo tanto, me sumo a Squella que a lo más nosotros, como una declaración política, lo que podríamos pedir es que tanto el Poder Judicial se preocupe de agilizar los procesos y que el poder legislativo puedan discutirlo y ponerlo en tabla”.

Fernando Atria (distrito 10, Apruebo Dignidad) opinó que “la Convención Constitucional evidentemente no puede ella misma amnistiar o indultar personas o actos, eso corresponde a los poderes constituidos” pero “creemos que es evidente que la Convención está habilitada para requerir a los poderes constituidos el pronto despacho de una ley de indulto general que solucione este asunto. Al hacerlo, estos poderes estarán asumiendo además responsabilidad por su incapacidad para abrir el proceso constituyente antes de que la crisis del orden político actual lo hiciera estallar”.

La periodista Patricia Politzer (distrito 10, independiente), señaló, en tanto, que “es urgente solicitar a los distintos poderes del Estado, en base a sus respectivas facultades, que avancen en medidas concretas que contribuyan a una convivencia armónica para la ciudadanía y sobre todo esto resulta indispensable para llevar a cabo un debate constructivo y democrático con miras a una nueva Constitución”.

El convencional y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga (distrito 9, Vamos por Chile), afirmó que “lo único soberano que estamos haciendo, a cinco días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto, es el soberano ridículo”.

Ricardo Neumann (distrito 16, Ind. Vamos por Chile) le pidió a la mesa “que deje de actuar de manera arbitraria y autoritaria en sus propuestas de funcionamiento. En particular me parece arbitraria, autoritaria e injusta la propuesta de cómo votaremos la declaración que nos convoca hoy (...) Esta es una declaración política, que si

Durante este jueves, además, se llevó a cabo una reunión entre personeros de la Segpres, encabezados por el ministro de la Segres, Juan José Ossa -a quien el PC amenazó con acusar constitucionalmente por los problemas de instalación de la convención-, la nueva secretaria ejecutiva de la Convención, Catalina Parot, quien asumió ayer el cargo tras la dimisión de Francisco Encina, y la mesa del órgano constituyente.

En el encuentro se definieron los primeros lineamientos de trabajo en conjunto. Uno de ellos será la búsqueda de expertos que puedan traducir las actas de las sesiones en las lenguas de los distintos pueblos originarios que son parte de la instancia.

El nombramiento de Parot había generado reparos por parte de convencionales de la oposición. Uno de ellos, Marcos Barraza (distrito 13, Apruebo Dignidad), pidió se evaluara su permanencia en el cargo. “Habida cuenta de la corta experiencia de esta convención, en la cual las dificultades, los vacíos e insuficiencias administrativas han sido subsanadas por funcionarias y funcionarios de carrera, solicito que en la próxima sesión el primer punto de tabla sea abordar la pertinencia o no de que la señora Catalizan Parot sea la secretaria administrativa”, sostuvo, proponiendo que la Segpres entregue “una terna con tres funcionarias y o funcionarios para cumplir como secretario de la unidad administrativa”.

La sesión de este jueves se dio, además, en medio de críticas de convencionales de Vamos por Chile, luego de que el miércoles se acordara ampliar la mesa ejecutiva a nueve integrantes y la creación de comisiones de trabajo.

Las sesiones de la comisión se retomarán el martes a las 9.30 horas.