Convergencia Social califica de “grave error político” el convenio de fundación ligada a RD con el Minvu: “Es necesario que se hagan valer las responsabilidades”

Mediante una declaración pública dada a conocer este martes, la Dirección Nacional de Convergencia Social se refirió al convenio por $ 426 millones suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada a la pareja de la diputada y expresidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez.

El presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, en tanto, informó que se abrió una causa en el Tribunal Supremo del partido “para que los responsables de las firmas del convenio pongan todos los antecedentes a disposición, suspendiendo la militancia de los involucrados”. Se trata de Daniel Andrade, pareja de la diputada y el ahora exseremi del Minvu de Antofagasta Carlos Contreras. El Minvu, a su vez, envió una delegación a la zona para que investigue lo ocurrido.

“Durante años y con consistencia, como Frente Amplio hemos presentado ante el país un programa de reformas que velen por la máxima probidad pública, para que el estándar a seguir no sea la mera legalidad sino una ética pública a la altura de lo que la ciudadanía espera. Nosotros emergimos como fuerza política condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre política, negocios e influencias y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia”, dice la declaración de Convergencia Social de entrada.

“Nuestras banderas por la máxima transparencia explican que ante situaciones que presenten un posible alejamiento de dicha ética pública seamos extremadamente tajantes en esclarecer todas las circunstancias y responsabilidades comprometidas, sin importar si se trata de una situación que afecta a personas de nuestro propio entorno político. Al contrario, con más fuerza debemos hacer valer esas responsabilidades”, señalaron.

Reconociendo las acciones de RD y la diputada Pérez, que solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, para que indague, la directiva del partido que fundó el Presidente Gabriel Boric calificó el convenio “como un grave error” político y señaló que la “conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas”.

“Consideramos que el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera. Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”, recalcaron.

Ante una moción de censura presentada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) tras concomerse el caso que involucraba a su pareja, la diputada Pérez decidió suspender sus funciones como vicepresidente de la Cámara de Diputados, mientras en la oposición anunciaron presentaciones en la justicia para que se evaluara algún delito. Desde el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo habló de “descriterio” para describir lo ocurrido, mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que no tienen por el momento antecedentes de irregularidades y reconoció que “por la cantidad de recursos todo indica que esto va a requerir una investigación mayor”.