“Son muchos los desafíos que tendremos que enfrentar (...) Una salud oportuna que no discrimine entre ricos y pobres, igualando hacia arriba el acceso, la calidad y los tiempos de respuesta”, fue una de las claves del primer discurso del presidente electo, Gabriel Boric, aludiendo a las políticas públicas que planea concretar en su administración 2022-2026.

En conversación con La Tercera, uno de los coordinadores programáticos en salud del plan de gobierno, el cientista político y magíster en Salud Pública de la U. de Chile, Matías Goyenechea, aborda las prioridades para el primer tiempo. Eliminación progresiva del copago en ciertas prestaciones en la red pública, continuar con el plan de vacunación y las dosis de refuerzo, además de tender puentes con el sector privado para la resolución del alto volumen de las listas de esperas, son algunas de las definiciones del asesor en el área.

En cuanto a la administración de la pandemia, Goyenechea asevera que es poco probable implementar una estrategia de cuarentenas estrictas como el llamado “cortocircuito” o Covid Zero que propuso el Colegio Médico (Colmed), en junio de este año. ¿La razón? En el escenario actual, con un alto porcentaje de la población inmunizada, los números de casos diarios han tendido a la estabilización. Sin embargo, asegura que todo dependerá de la evolución de posibles nuevas variantes o, en el corto plazo, de cómo se desarrolle ómicron.

Más allá de las reformas estructurales que planteó durante la candidatura el presidente electo, ¿cómo se proyectan los 100 primeros días de gobierno en materia de salud?

Independientemente de que podamos o no avanzar durante el primer año en las reformas estructurales de salud, vamos a iniciar el proceso desde el primer día. Vamos a generar un plan para implementar, por ejemplo, el Fondo Universal de Salud. En los primeros 100 días hemos planteado avanzar en gratuidad de algunas prestaciones en la red pública. La idea es ir eliminando de manera muy progresiva algunos copagos en prestaciones y en medicamentos prioritarios.

¿Por cuáles prestaciones se comenzará?

Pensamos iniciar este proceso con las prestaciones asociadas al diagnóstico y tratamiento de cáncer, pues tienen un impacto importante.

¿En qué consistirá el Fondo Universal de Salud?

Es una nueva institucionalidad, heredera de Fonasa, que va a reunir las cotizaciones del trabajador, el aporte fiscal, que va a permitir solucionar problemas como discriminación por sexo, edad, variables de riesgos y por capacidad de pago. La idea es administrar los recursos de la seguridad social, asegurando el derecho a la salud.

¿Esto implica el fin de las isapres?

Esto lo que implica es el término de las isapres tal como las conocemos hoy día, como administradoras de la seguridad social. Esto no se implementará desde el día uno, lo que queremos es darles una garantía a las personas afiliadas al sistema que no van a ver mermada su situación (cobertura de salud). El primer piso del aseguramiento va a ser público; hoy sabemos que la cotización promedio supera el 10% en el sistema privado y hay una población importante que cotiza en isapre, por lo que habrá espacio para el surgimiento de seguros complementarios privados regulados. Las isapres o las entidades que son dueñas de la comisión podrán continuar bajo ese esquema, pero no como isapre propiamente tal, por eso hablamos del fin como instituciones.

¿Cuándo podrían concretarse estas modificaciones que requieren ir al Congreso?

Desde el día uno vamos a estar trabajando en levantar los estudios respectivos, vamos a convocar a un grupo amplio, generar consenso para hacer esta transformación en la etapa prelegislativa. Eso se va a hacer durante el primer año de gobierno. Lo que salga del proyecto también debe estar alineado con los resultados que tenga la Convención Constitucional con respecto a la salud. Idealmente, nuestra intención es enviar esto a la mitad del gobierno, en el segundo año.

¿Y en cuanto a salud mental, que ha sido un punto relevado por el futuro mandatario?

En salud mental debemos fortalecer la dotación de especialistas, iniciar procesos de estudios para avanzar en establecer centros comunitarios de salud mental que están incorporados dentro del programa. En cosas más prácticas, también vamos a ampliar la entrega de medicamentos a domicilio para pacientes con enfermedades crónicas, priorizando a personas mayores o con limitación de movilidad. Todo esto va a estar radicado en la atención primaria, que tiene este sistema más o menos montado por la experiencia de la pandemia. La idea es darle continuidad y fortalecerlo.

Sin embargo, en lo inmediato el mayor desafío será resolver la lista de espera. ¿Cómo se hará?

Allí, la idea es centrarnos en reducir los plazos, concentrándonos en aquellos problemas de salud más prioritarios. Queremos implementar un equipo de “navegadores” que acompañen y faciliten el tránsito de las personas cuando se encuentran en lista de espera, además de reforzar las consultas telemáticas de especialidad y distintas medidas que apunten a aumentar, al menos, un 30% la productividad de los pabellones quirúrgicos. En este último punto, que es central, es clave generar las medidas administrativas o legales que puedan ampliar el rango de funcionamiento: reestructuración de turnos y retribuir a los trabajadores de la salud.

Estas ampliaciones de la productividad de pabellón, ¿también incluirán a los prestadores privados? Ustedes sostuvieron recientemente una reunión con la Asociación de Clínicas...

No descartamos una colaboración efectiva con el sector privado para la resolución de la lista de espera, pues hoy tenemos un volumen de atenciones desplazadas gigantesco. Solo en las patologías GES se dejaron de generar cerca de 2 millones de garantías de oportunidad (o diagnósticos GES). Tenemos una crisis sanitaria donde la punta del iceberg es lo que vemos, que es el Covid-19, pero debajo de eso están todos estos problemas que van a aumentar la morbilidad y mortalidad en la población chilena. Entonces, es clave activar la red pública y también generar todas las colaboraciones con el sector privado que sean necesarias bajo reglas públicas, siguiendo el ejemplo del gobierno actual con la red integrada de camas.

El Covid-19 seguirá en la agenda. ¿Cómo se plantea continuar la gobernanza de la pandemia?

El mismo Gabriel Boric lo ha mencionado: uno de los aciertos de la administración de Piñera en el manejo de la pandemia ha sido la política de vacunación. Dicho eso, nosotros continuaremos con la campaña de vacunación, pues todavía tenemos sectores de la población que no se han inmunizado y que no necesariamente son grupos antivacunas, sino que grupos de la población con ciertas barreras en el acceso. Y es necesario, porque hay cierta incertidumbre que nos producen las variantes del virus como ómicron, que pueden ser más o menos contagiosas, o más severas, pero tenemos la capacidad de protegernos con la vacuna. Vemos con atención Europa, donde los no vacunados son los que generan las nuevas olas de contagio.

En cuanto a la estrategia de abordaje del coronavirus, ¿siguen pensando que el “cortocircuito” o el “Covid Zero” es sostenible?

Por lo que vemos, eventos como los que tuvimos entre marzo a junio de este año, o durante el invierno de 2020, probablemente dadas las condiciones que ya tenemos, con la cantidad de personas inmunizadas, no se requerirán medidas tan drásticas. De todas maneras, el curso de acción depende de cómo siguen estas variables, que son las condiciones sociales, como también lo sanitario. Tal como se ve ahora, las medidas drásticas no debiesen estar dentro del repertorio.

El próximo año la presencialidad escolar será obligatoria. ¿Será una prioridad sanitaria que las escuelas sean lo último en cerrar?

Las consecuencias de los cierres para los escolares son complejas. Hay un impacto en el aprendizaje y aumenta la inequidad en la educación. Será necesario agotar todas las instancias para generar las condiciones, junto con las comunidades educativas, para que los recintos educativos permanezcan abiertos en esos casos, respetando todas las normas sanitarias.