Por eventual vulneración de derechos: Corte Suprema admite recurso de diputadas en contra del test de drogas

Este jueves, la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que el pasado 25 de agosto había declarado inadmisible el recurso de protección presentado por las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibañez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardía, en contra del test de drogas obligatorio fijado por reglamento para los legisladores de la Cámara Baja.

Según acusan las diputadas, la nueva norma vulnera sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

La Tercera Sala de la Corte Suprema indicó que “se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”.

En un principio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había dado un portazo al recurso y declarado que “atendido el mérito de los antecedentes, teniendo presente que el Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno (...) y considerando, además, la necesaria separación de poderes, estima esta Corte que no se advierte en el recurso la existencia de hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales (...) se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto”. El fallo fue acordado en forma unánime por los ministros Pablo Dropelmann y María del Rosario Lavín, y el abogado integrante Raúl Núñez.

Sin embargo, tras la determinación de la Corte Suprema, ahora se deberá volver a revisar el recurso de protección.

Tras la resolución el máximo tribunal, desde el comité RN la diputada y exseremi de salud, Paula Labra, aseguró que le parecía “vergonzoso que las diputadas de este gobierno insistan en ir contra una medida que tiene como fin un Parlamento más transparente (...) No podemos pronunciarnos sobre el fallo, pero sí sobre la actitud de las parlamentarias que dejan mucho que desear, en circunstancias que la lucha contra la drogadicción debe ser contundente y transversal, más siendo autoridad”.

La normativa que busca elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo, se transformó en norma legal al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Pero, para su implementación, requería de un reglamento específico que la propia Cámara debía establecer.

Finalmente, se determinó la obligatoriedad del test de drogas a todos los parlamentarios, de manera aleatoria, semestral y al menos dos veces durante el periodo legislativo. Además de que éste se realizará a través de un examen de pelo y que los resultados que arroje la prueba tendrá carácter público.

Respecto a quienes se nieguen a la prueba de estupefacientes, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

Cuatro días después de la aprobación del proyecto, se sortearon a los primeros 78 diputados, quienes debieron concurrir al Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile, en la comuna de Independencia el pasado 22 de agosto.