Apenas terminó su declaración ante la Fiscalía -el lunes 14 de abril, por el caso ProCultura-, Miguel Crispi tomó contacto con La Moneda y transmitió su preocupación por un hecho inédito: su teléfono personal, cuando era el jefe del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, había sido interceptado desde noviembre por la Fiscalía en el marco del caso Procultura.

Las escuchas a su teléfono - en particular un diálogo con su madre, Claudia Serrano en que comentaba la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende- abrieron la investigación judicial por el caso.

La advertencia del frenteamplista que renunció a La Moneda el 10 de marzo activó las alarmas del Ejecutivo por la acción intrusiva de la Fiscalía considerada como grave, pues implica que han tenido acceso a las conversaciones del núcleo íntimo del Presidente Gabriel Boric por lo menos desde hace cinco meses.

Hoy, en La Moneda solo crece la inquietud por los alcances que puedan tener las escuchas telefónicas a Crispi, pero afirman estar atados de manos al desconocer cuál es el motivo de la interceptación. De ello dio cuenta el propio sociólogo frenteamplista, por medio de una declaración pública de su abogado, Guillermo Chahuán, al cierre de esta edición.

“El Sr. Crispi declaró ante el Ministerio Público que ésta fue una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la exsenadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad. Esperamos tener a la vista la carpeta de investigación, y los fundamentos de la concesión de la medida intrusiva para evaluar los pasos a seguir”, se lee en el texto de cuatro párrafos.

Crispi no tiene acceso a la carpeta y, transmiten en su entorno, tampoco emprendería acciones en contra de la Fiscalía por la medida intrusiva en su contra.

Extraoficialmente, lo que han transmitido los fiscales del caso es que la interceptación al celular de Crispi está ligada al rol que él ejerció como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) en 2022, época en la que se aprobaron parte de los recursos para la fundación ProCultura, fundada por Alberto Larraín, psicólogo que ha manifestado ser cercano al Presidente Boric.

Las alarmas en La Moneda no solo se concentran en la interceptación del celular de Crispi. Hoy, el temor de Palacio pasa porque los teléfonos de otras figuras estén “pinchados” por el ente persecutor. En ese sentido, se ha puesto la mirada sobre la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA), quien también se ha visto salpicada con cuestionamientos de la oposición por su rol en el caso ProCultura.

En el gobierno también son conscientes del intento de la Fiscalía por incautar los dispositivos móviles de la exministra de Defensa, Maya Fernández; la senadora Isabel Allende, y los exasesores del Segundo Piso involucrados en la fallida compra de la casa, Leonardo Moreno, Bernardita Nazar, y el propio Crispi.

A ello se suma el fallido intento de incautar el teléfono del Presidente Boric, lo que en Palacio consideran que “superó los límites”.

Cómo evitar un nuevo conflicto con la Fiscalía

Al no tener conocimiento sobre el origen del “pinchazo” al celular de Crispi, en La Moneda han optado por la cautela.

Durante el último año son varias las ocasiones en que el gobierno de Boric se ha enfrentado públicamente con la Fiscalía, pero hoy son conscientes de que están “caminando sobre clavos”, por lo que no pueden escalar un nuevo conflicto con el Ministerio Público.

En ese sentido, lo que ha primado en la estrategia de La Moneda es concentrar sus dardos dentro del cauce institucional, apuntando contra las filtraciones de las investigaciones y solicitando deslizando la idea de que les gustaría saber las razones del pinchazo al teléfono de Crispi.

“La Fiscalía y los tribunales son poderes autónomos, y por lo tanto, no nos corresponde a nosotros como gobierno ni pedir explicaciones ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan”, dijo este lunes la vocera subrogante del gobierno, Aisén Etcheverry (FA).

“Si lo hemos dicho, y creo que ha sido parte de la discusión pública de que las escuchas telefónicas son una medida intrusiva, que requiere de una alta justificación y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber, porque evidentemente genera la preocupación o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias, cómo se explica”, agregó la ministra.