Crimen organizado: gobierno propone nuevas tipificaciones penales de asociación criminal y asociación delictiva

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó la sede del Congreso en Valparaíso este martes para participar de la sesión de la comisión de Seguridad Pública del Senado en la que se inició la discusión del proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación.

Desde la Subsecretaría del Interior plantean que si bien el proyecto representa un avance, deben considerarse modificaciones para entregar mejores y más eficaces herramientas en el combate de este tipo de organizaciones.

“Queremos facilitar la tipificación del delito de asociación criminal”, explicó Monsalve tras exponer ante los legisladores las indicaciones que se presentaron.

El Ejecutivo definió cuatro pilares para fortalecer la iniciativa:

En primer lugar, la restructuración del delito de asociación ilícita u organización criminal, estableciendo dos tipos penales, el de asociación criminal y asociación delictiva. Con ello, se introduce una definición más concreta para estos delitos. Las indicaciones que se presentaron establecen una definición clara y actualizada, buscando mejorar la persecución penal.

En segundo lugar, se plantea armonizar las normas de comiso para los delitos vinculados a la delincuencia organizada, a través de una sistematización. La idea es mantener la ampliación de los tipos de comiso (Comiso ampliado, comiso por equivalencia, comiso sin condena, comiso de ganancia) y complementar ello con las modificaciones generales a la institución establecidas en los proyectos de ley que actualmente se encuentran en tramitación, para evitar problemas en su regulación.

“Lo que necesitamos para el narcotráfico, para la trata de personas o para los robos con fuerza de vehículo, es golpear el patrimonio, el negocio”, señaló Monsalve, acotando que con esta propuesta se busca atacar “los recursos que están detrás del crimen”.

En tercer lugar, se proponen mejoras en la aplicación de las técnicas especiales de investigación para la lucha contra el crimen organizado. Se pretende aplicar herramientas como la interceptación telefónica, grabaciones de imágenes y uso de agentes encubiertos, para los delitos que tengan una pena superior a 3 años y un día, velando a la vez, mediante el principio de proporcionalidad y racionalidad, por el resguardo de los derechos fundamentales de las personas.

El subsecretario del Interior precisó que en la actualizada este tipo de técnicas se usa casi exclusivamente para la investigación del narcotráfico, ”pero no en la trata de personas, no en el robo de madera, no en los robos con fuerza de vehículos” y deberían poder aplicarse, con el correspondiente apego a los estándares internacionales de uso.

“El crimen organizado hoy día coloca en riesgo la seguridad de las personas y el Estado tiene la obligación de dotar a sus instituciones de capacidades para combatirlo.

Como último punto, se propone una estructura legal y medidas especiales de protección para víctimas y testigos. Se contemplan reglas generales de protección, se incorporan reglas para practicar la declaración, protección policial y cambio de identidad, incorporando, en gran medida, el régimen establecido en la Ley 20.000. La idea es homogenizar las medidas de protección entre los intervinientes para que no se produzcan diferencias arbitrarias, señalan desde la Subsecretaría del Interior.