La conformación de una comisión de expertos que haga un diagnóstico y proponga medidas para elevar estándares de probidad en la relación entre organismos sin fines de lucro y el Estado. Esa es la apuesta que anunció y materializó este lunes el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como un camino para pasar a la ofensiva y contener la crisis en que está sumida su administración por el lío de platas entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda.

Si bien el martes pasado los partidos políticos oficialistas habían sugerido a La Moneda activar una agenda de probidad en el Congreso ante el escándalo que comenzó con las transferencias a la fundación Democracia Viva, fue durante el fin de semana -con la aparición de nuevos antecedentes que siguen complicando al Ejecutivo-, que la idea tomó fuerza. De hecho, fuentes de La Moneda aseguran que los últimos detalles del anuncio que anticipó la ministra Camila Vallejo en su vocería y que luego encabezaría durante la tarde el propio Mandatario, se sellaron solo horas antes en el comité político que lidera el jefe de Estado todos los lunes.

La ofensiva del gobierno se dio a conocer luego de que este domingo el ministro Carlos Montes (Vivienda) anunciara la apertura de una investigación sumaria en la Seremía de esa cartera en El Maule -donde la fiscalía ya abrió una arista penal- tras detectar contradicciones entre la versión del seremi Rodrigo Hernández (RD) y la documentación que recabaron sus equipos en esa repartición. El Ministerio Público investiga en ese caso convenios millonarios suscritos con la fundación Urbanismo Social a solo ocho meses de que el militante de RD dejara de trabajar en dicho organismo y asumiera como autoridad regional. El problema que detectaron en el Minvu es que Hernández se habría inhabilitado después de que se definió la adjudicación de esos recursos.

Y esos hechos cobraron un cariz más controversial para el gobierno, luego de que el propio Presidente Boric defendiera a la autoridad -con nombre y apellido- el jueves pasado, lo que se interpretó como un blindaje.

“¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner, concretamente? ¿De qué la están acusando? ¿O en el caso del seremi de Vivienda del Maule?”, inquirió Boric, aludiendo también a la delegada del Biobío, destacando que Hernández optó por inhabilitarse de “conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente”.

“No fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador. Y, por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha -si esos antecedentes cambian, evidentemente, uno puede reconsiderar-, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el seremi de El Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, recalcó en esa oportunidad el Mandatario pidiendo -además- ponerle “coto” a quienes piden un festival de renuncias.

La defensa explícita que hizo el Jefe de Estado sobre Hernández lo dejó en un pie, al menos, incómodo, aunque ayer ni él ni la vocera Vallejo reconocieron sus planteamientos como un error. Pese a eso, sin mediar preguntas en una actividad que tuvo en Pudahuel, el Mandatario afirmó: “Acá no se va a proteger a nadie indebidamente y el sumario que instruyó Montes de investigar la actuación del seremi de El Maule da cuenta justamente de eso (...). En la medida que existan antecedentes vamos a tomar las medidas necesarias y eso vale para cualquiera. Para cualquier funcionario público y para cualquier persona, independiente de la confianza que tengan con otras autoridades de gobierno. Partiendo por mí”. Más temprano la portavoz de Palacio había advertido que si los antecedentes cambiaban, tal como lo había enfatizado Boric, su opinión sobre el caso de El Maule también podría cambiar.

En La Moneda, en todo caso, algunos reconocen que las declaraciones del Jefe de Estado no fueron las mejores y que, por lo mismo, ayer reforzó su lógica inicial de no poner ”las manos al fuego por nadie”.

Pero los nuevos elementos que ha tenido que calibrar La Moneda no quedan ahí. El sábado el diario DF Más dio cuenta de una auditoría encargada por el ahora renunciado seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, para investigar los polémicos convenios que abrieron la primera hebra de la crisis entre Democracia Viva, fundación ligada a RD y representada por Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez, y el Serviu de la zona. Ese antecedente volvió a poner los ojos sobre Montes, quien ha tenido que contener la crisis como cabeza del Minvu. A eso se sumó este lunes un informe encargado por RD, publicado por La Segunda, que constata que el esquema irregular de Antofagasta se intentó replicar sin éxito en otras regiones del país.

Ese complejo cuadro mantiene en alerta al gobierno. En definitiva, en La Moneda está claro que esta crisis tuvo un origen, pero que es imposible -por ahora- dimensionar su total magnitud y, por lo mismo, al gobierno no le queda otra que pasar a la ofensiva y dejar de ser reactivos ante un caso que, dicen en el Palacio, podría seguir salpicando al oficialismo. Es por eso que se explica que el Ejecutivo haya optado por la creación de una instancia experta. Eso, según las mismas fuentes, permite sacar el foco permanente de los polémicos convenios, dar señales de normalidad y a la vez contener la ofensiva de la derecha, sector que ha buscado capitalizar -en parte- esta crisis.

Los integrantes de la instancia llegaron pasadas las 17.00 de ayer a La Moneda para sostener su primera reunión, a la que se sumó el Presidente Boric y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. De manera improvisada, el Jefe de Estado lideró el anuncio del nuevo espacio y presentó a sus integrantes.

La comisión contará con la participación del excontralor Ramiro Mendoza; la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada; el director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval; la economista Jeannette von Wolfersdorff y el doctor en derecho de La Universidad de Chile, Francisco Agüero. Su secretaria ejecutiva, en tanto, será Valeria Lubbert, quien ocupa el mismo cargo en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública de la Segpres. Todos ellos fueron contactados este lunes, algunos incluso durante la tarde.

Según explicaron en La Moneda, los comisionados tendrán 45 días para cumplir sus objetivos y hacer recomendaciones al gobierno. Según explicó Vallejo, el objetivo general de la instancia será “establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de corporaciones y fundaciones donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo”.

Por otro lado, la ministra también anunció que se viabilizarán iniciativas que ya están en tramitación en el Congreso Nacional relativas, entre otras materias, a integridad municipal, a mejorar políticas de lobby y controles administrativos.

Las señales que dé en las próximas horas La Moneda serán clave, sobre todo, porque en estos días la derecha y otros sectores del Congreso deben decidir si acusarán o no constitucionalmente al ministro Montes; si darán o no luz verde al libelo que impulsa el sector en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; y más aún si es que insisten en pedir la cabeza del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. El militante de RD -que ya ha sido apuntado por la oposición como uno de los responsables políticos de la crisis-, ayer sumó otro antecedente que lo complicaría aún más: una denuncia realizada por la senadora Yasna Provoste, quien interpuso un oficio fiscalizador ante una eventual irregularidad en la asignación de recursos entre la seremi de esa repartición en Atacama en el marco del “Programa Noche Digna” y la Fundación Visible. Ante los antecedentes, Jackson anunció que enviará un equipo del Ministerio a terreno para recabar mayor información.

En medio del convulso momento, ayer La Moneda, además, subió el tono con la oposición. Los llamó a trabajar en una agenda de probidad y no aprovecharse políticamente de esta crisis y, a su vez, afirmó que todas las solicitudes que se hagan tanto de transparencia como por parte de la justicia se harán contados 5 años hacia atrás, es decir, también incluyendo los convenios firmados en la administración de Sebastián Piñera. “Esto es caiga quien caiga”, dijo la vocera Vallejo.

“La oposición está haciendo un aprovechamiento, uno puede entenderlo, muy intencionado, del punto de vista de la gestión política, que lleva adelante el gobierno y que le va a rebotar en la cara. Lo más importante, de lo que me interesa que haya pronunciamiento de los partidos de la derecha, son frente a la ofensiva para tener una agenda de probidad a toda prueba, en lo que es la discreción en que se usan algunos recursos y que son beneficiarios instituciones privadas que participan de la actividad público-privada (...), donde una cantidad muy grande está vinculada a figuras vinculadas a partidos de la derecha”, dijo ayer el representante del PC, Lautaro Carmona, tras el comité político ampliado.

“Nosotros como presidentes de partido ya en el comité político de la semana pasada y en este hemos planteado nuestra entera disposición y voluntad de que donde existan algunas laxitudes administrativas podamos abordarlos. Por lo tanto, esperamos que prontamente el gobierno nos presente algo en esa materia. (...) Aquí el Estado tiene una trazabilidad y un compromiso con la transparencia que se ha ido haciendo en los últimos años que es muy importante de relevar”, sostuvo a su vez la timonel PPD, Natalia -Piergentili.