Crispi pierde apoyo en oficialismo tras nueva inasistencia a comisión y derecha amenaza con recortes presupuestarios en represalia

Por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi (RD), se ausentó de la comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga las responsabilidades políticas en el lío de platas entre reparticiones del Estado y fundaciones como Democracia Viva.

Para justificar su inasistencia, el jefe de asesores envió un documento de seis páginas a la comisión, para responder a algunos de los cuestionamientos que surgieron cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional, cargo que ejerció hasta septiembre de 2022 y en el que presuntamente -según acusa la oposición- tuvo incidencia en la asignación de ciertos recursos cuestionados y en el nombramiento de exfuncionarios implicados en irregularidades.

Por ello, su nueva ausencia caldeó los ánimos y, a raíz de ello, los diputados aprobaron, por seis votos a favor y tres en contra, oficiar a la Contraloría de la República para que se pronuncie si a Crispi, quien hoy está contratado a honorarios, se le aplican las obligaciones de un funcionario público, excusa que esgrimió para no comparecer la primera vez ante la comisión.

Además, en este oficio, los diputados le piden al organismo contralor el inicio de un proceso sancionatorio contra el asesor presidencial producto de su actitud contumaz.

Lo sorpresivo es que este oficio fue respaldado por dos legisladores oficialistas, Raúl Soto (PPD) y Marcos Ilabaca (PS), quienes cuestionaron la decisión del jefe de asesores de no apersonarse ante la instancia fiscalizadora.

“Lo que ha hecho el señor Crispi es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados, habiendo sido además el señor Crispi diputado y conociendo esta facultad fiscalizadora. Por lo tanto, más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría, respecto de si es funcionario público o no, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara”, cuestionó Soto.

Ilabaca fue más allá. “Es impresentable que cualquier funcionario de gobierno evada la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Mi tema es con esa situación, no podemos admitir que funcionarios públicos que cumplen un rol público no asistan a una citación de la Cámara”, indicó.

A los reproches, que antes se limitaban a personeros de oposición, se sumó también sorpresivamente la diputada Marcela Bulnes (independiente Frente Amplio), quien precisó que era partidaria de la total transparencia en este tema.

A pesar de que ella fue uno de los votos disidentes que no apoyaron el envío del oficio a la Contraloría, explicó que su reparo era de forma, pues creía que Crispi en realidad no tiene las mismas obligaciones de un funcionario público. “Es imprudente que el señor Crispi no haya venido, pero no creo que tenga la calidad de funcionario público que lo obligaba a asistir, porque hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan honorarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos”, dijo Bulnes.

Al final el escrito al contralor Jorge Bermúdez fue aprobado con los votos de Soto (PPD), Ilabaca, Juan Fuenzalida (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Chiara Barchiesi (republicana) y José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora. En contra estuvieron Bulnes, Carolina Tello (PC) y Ericka Ñanco (RD).

En el oficio, los legisladores solicitan que “en razón a las excusas presentadas, por parte del exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores de la Presidencia de la República, don Miguel Crispi”, para comparecer ante la comisión investigadora, se remitan “los antecedentes a la Contraloría General de la República con el propósito de iniciar el procedimiento administrativo sancionador que se establece en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional”.

Precisamente esa disposición legal señala que “el jefe superior del respectivo organismo” -en este caso sería el director administrativo de la Presidencia de la República- es “el responsable” de velar para que el mismo organismo o los funcionarios públicos bajo su dependencia respondan “a una citación de una comisión de alguna de las Cámaras”.

En caso contrario, el jefe y el mismo funcionario se arriesgan a una multa equivalente a una remuneración mensual tras un procedimiento administrativo en la Contraloría. Incluso, si se detecta una reincidencia, “se sancionará con una multa equivalente al doble (de la remuneración)”.

Si bien la calidad contractual de Crispi aún es materia de controversia, en una resolución del año pasado (Nº E173171/2022), la Contraloría ya había homologado la situación de asesores a honorarios a los de un funcionario. En ese dictamen, además, se ordenaba una paulatina restricción de la contratación vía honorarios, haciendo solo contadas excepciones, entre ellas, los colaboradores de gabinetes presidenciales y ministeriales.

“Considerando que este dictamen reconoce la existencia de servidores a honorarios que no han debido tener esta condición, y que en los hechos desempeñan las mismas funciones que el personal a contrata, pero en condiciones normalmente más desfavorables, resulta necesario que la relación que los una con la Administración sea estatutaria, con los mismos derechos y obligaciones que el legislador ha previsto para el resto de los funcionarios públicos”, señala ese dictamen.

Por ello, tras la nueva negativa de Crispi, la oposición optó por endurecer y ampliar la arremetida que ya había desplegado esta semana en contra de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez (RD), quien también aparece involucrada en el caso de financiamiento irregular a fundaciones.

Además de impedir la presencia de Martínez en la sala de la Cámara, cuando discuta el erario nacional de 2024, la derecha analiza -a modo de medida de presión- recortar el presupuesto de Presidencia, especialmente en gastos reservados y eventualmente en la contratación de asesores a honorarios (si es que no existe alguna traba de inconstitucionalidad, ya que el pago de personal estable no se puede eliminar).

“Hay personas en el gobierno que simplemente no quieren venir a dar explicaciones por los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric y se creen superiores, al parecer ellos creen que hay funcionarios públicos de primera y segunda categoría. (...) Vamos a tener que evaluar entonces la continuidad de estos funcionarios públicos, porque Miguel Crispi no tiene por qué sentirse superior al resto de los funcionarios, ni por ser la mano derecha del Presidente Boric y amigo de Giorgio Jackson”, apuntó la diputada republicana Chiara Barchiesi.

Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), quien preside la instancia, detalló que “cuando hay un mal gobierno, el contrapeso del Poder Legislativo tiene que hacerse valer y la Ley de Presupuesto es nuestra mejor herramienta para demostrar (nuestras facultades) al gobierno. Y si hay un funcionario a honorarios, como Miguel Crispi, que no asiste a una comisión investigadora, esa área (de honorarios) se tendrá que revisar y tal vez quitarla”.

El diputado Juan Fuenzalida (UDI) dijo que “se están revisando todas las partidas presupuestarias respecto del funcionamiento de estos asesores y también de los gastos reservados, porque ahora, con este problema, donde algunos funcionarios contratan grandes abogados, me gustaría saber en qué se gastan los gastos reservados. Porque los abogados que aparentemente contrataron son bastante onerosos para que sean contratados por alguien que trabaja a honorarios”.

No obstante, ayer en defensa de Crispi, el diputado Gonzalo Winter (CS) acusó que en la comisión “nadie ha entregado un indicio, prueba o antecedente de que el señor Crispi esté involucrado de manera alguna en el caso de Democracia Viva… Es una situación de enlodamiento de la honra de funcionarios de gobierno sistemática desde hace un tiempo”.

Por su parte, el jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, apuntó a una maniobra judicial de los republicanos, que “han puesto una querella en contra de Crispi y en contra de Javiera Martínez y paradójicamente después los cuestionan por estar imputados por la querella que ellos mismo pusieron”. “Eso es ser poco serios. Nosotros creemos que aquí hay que tener la capacidad de poner por delante los intereses del país y no esta manera de hacer política rasca, chica y pequeña”, señaló.

La diputada Ericka Ñanco (RD), en tanto, señaló que detrás de la comisión investigadora hay una “persecución política” en contra de algunos colaboradores del gobierno.