“Quizás la recesión económica va a ser tan grande y va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, (que) es un tema que quizás se va a volver a discutir”.

Con esa frase, la noche del domingo 26 de abril el Presidente Sebastián Piñera -en entrevista con CNN en español- incorporó el factor económico a la discusión sobre la realización del plebiscito constitucional de octubre.

Y aunque el oficialismo, incluyendo a ministros y presidentes de partidos, salió en su mayoría a desestimar esa consideración, argumentando que solo pesarían las razones sanitarias para la realización de la consulta, la bancada de diputados de la UDI quiso tener más antecedentes al respecto.

Por ello, la jefa de bancada, María José Hoffmann, encargó a la Fundación Jaime Guzmán un estudio que diera cuenta de los costos que habían tenido las últimas dos elecciones: municipales de 2016 y parlamentarias y presidenciales de 2017.

El resultado de ese informe arrojó que los comicios de 2016 significaron un desembolso por parte del Estado de $ 19. 518 millones, y los de 2017, $ 20.577 millones. En el monto se desglosan los gastos relativos al material electoral, creación y difusión de material publicitario y procesamiento de información, entre otros. Es decir, a esas cifras se deben sumar los fondos que el Fisco reembolsa a los candidatos, algo que, por ejemplo, en el caso de la primera vuelta presidencial de 2017 significó cerca de $ 7.500 millones.

Además, el mismo informe remarca que la Dirección de Presupuestos ya destinó $ 24.258 millones para la realización del plebiscito.

Según explica la diputada Hoffmann, la principal razón para tener estos datos a la vista es que “es muy importante que los ciudadanos sepan cuánto cuesta la democracia”. Y agrega: “Es evidente que el plebiscito no debe postergarse por razones exclusivamente económicas, pero también se debe tener en cuenta ese elemento cuando un país necesita en forma urgente recursos, al estar atravesando una emergencia sanitaria como la que vivimos y las duras consecuencias económicas que dejará”.

Para el también UDI Nicolás Noman, considerar este factor responde a que “no somos un país rico y debemos, en este tiempo, optimizar los recursos. La cesantía será dramática y estoy convencido de que los cesantes de Chile prefieren que los dineros que se gastarán en una elección, que perfectamente se pueden ahorrar por una convención constituyente obteniendo el mismo objetivo, se destinen a otros fines”.

Con mayor cautela, su par Guillermo Ramírez precisa que “el debate debe estar abierto” y que “es tan absurdo estar completamente cerrado a modificar el calendario como también lo es el afirmar hoy que hay que cambiar todo”. Así, sostiene que “las cosas van a caer por su propio peso, por eso es importante que, si se dan las circunstancias para debatirlo, lo hagamos con todos los elementos sobre la mesa, y uno de ellos es cuánto cuesta una elección”.

La opinión es compartida por la diputada RN Sofía Cid, para quien “es un tema que se deberá evaluar en su momento, según la realidad sanitaria y no dejando de lado los factores económicos que tengamos como país”.

En contraste, sin embargo, el presidente de RN, Mario Desbordes, reitera lo dicho hace algunos días, en el sentido de que las razones sanitarias son las únicas que se deben considerar para evaluar una postergación del plebiscito y que incluir el factor económico para una nueva suspensión “puede ser interpretado como que le estamos haciendo trampa a la ciudadanía”. De hecho, va más allá y considera que, tras ese argumento, “veo una justificación para echar abajo el proceso constituyente completo”.

Misma opinión expresa el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien asegura que “la única razón que debe ordenar el cronograma electoral, incluido el plebiscito, debe ser la razón sanitaria”. A su juicio, “considerar el costo de la elección significaría que el día de mañana, por vicisitudes económicas, podríamos incluso suspender las elecciones presidenciales o las parlamentarias, lo que no es una justificación adecuada”. Esto, en línea con lo que han planteado no solo desde sectores del oficialismo, sino que también desde la oposición, en el sentido de que no se pueden poner en duda unos comicios por la situación económica que enfrente un determinado país.