El próximo de 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y ha llamado la atención el interés entre candidatos independientes por participar del proceso. Se ha sembrado la duda si el objetivo de los más de 60 postulantes es genuinamente llegar a La Moneda o sacar algunos réditos, incluso, económicos de su posible candidatura.

Desde el propio gobierno manifestaron una preocupación por esta situación y al ser consultada, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, sostuvo que “si uno piensa, con voto obligatorio, también hay que cambiar las reglas de financiamiento. Ya se discutió el año pasado, también se hizo de manera transitoria para las elecciones que fueron el año pasado, regionales y locales, pero nos parece muy importante ese tema, y por eso el tema del financiamiento es un tema que está previsto para el Ejecutivo avanzar también en la reforma legal”.

Pero, ¿eventualmente un candidato podría conseguir beneficios económicos presentando solo una candidatura testimonial?

Cabe señalar que durante el proceso eleccionario hay métodos de financiamiento de las candidaturas tanto privados como públicos. De estos últimos está el reembolso que candidatos y partidos políticos reciben por cada sufragio.

El espíritu de este aporte estatal es que los candidatos puedan cubrir los gastos electorales en que incurren y prevenir de esta forma el financiamiento ilegal. Estas platas retribuidas se financian con el presupuesto del Servicio Electoral (Servel) y, si llegaran a faltar dineros, se ocupan de la partida presupuestaria Tesoro Público.

Para la última elección presidencial en 2021 el reembolso de dinero por cada voto equivalía al 0,04 de una UF, (cuatro centésimos de unidad de fomento) es decir con la unidad de medición actual, al cierre de esta edición $ 38.860, se obtendría unos 1.555 pesos por sufragio.

Asimismo, el monto llega 0,01 UF (un centésimo de unidad de fomento), unos 388 pesos con la UF actual, por cada voto obtenido en la segunda vuelta presidencial, si la hubiere.

El año pasado, en las elecciones de gobernadores y municipales se modificó la Ley 21.693 y, con ello, la Ley 19.884 que regula el financiamiento electoral. Es decir, el valor del reembolso era el antes señalado, sin embargo, con las modificaciones el reembolso se redujo a veintiséis milésimas de UF por voto, es decir unos 1.010 pesos.

No obstante, este 2025 la cifra volverá a la de 2021, pero esta vez el voto será de carácter obligatorio, por lo que el reembolso será mayor para las arcas del Servel.

Pero recibir los dineros del Servel, no es tan fácil. Para obtener estos dineros los candidatos y partidos deben rendir cuentas detalladas de sus ingresos y gastos de campaña ante el organismo. Una vez aprobada la rendición y los resultados de la elección, recién se autoriza el pago.

Además, si los gastos de campaña reportados son inferiores al reembolso que les corresponde, se devolverá solo el monto equivalente a los gastos efectivamente realizados. Es decir, no se entregará más dinero del gastado y debidamente rendido a pesar de que sus votos sean mayores.

Con todo, el reembolso no es un pago a todo evento o un pago por votos obtenidos, en consecuencia, no es automático. Podrán optar al reembolso de gastos electorales las candidaturas que en la presentación de su cuenta: presenten boletas y facturas válidas, correspondientes a gastos electorales ejecutados dentro del período de campaña; presenten estos documentos tributarios pendientes de pago, ya que el reembolso busca precisamente cubrir gastos efectuados sin financiamiento previo; que la cuenta general de ingresos y gastos electorales se encuentre aprobada por el Servicio Electoral.

Este proceso está sujeto a fiscalización y control, y el objetivo del reembolso es equilibrar las condiciones de financiamiento entre candidaturas, especialmente aquellas que no cuentan con grandes aportes externos.

Cabe recordar que los partidos políticos también reciben dinero. Si bien, originalmente, los partidos obtenían quince milésimas de UF por voto, algo así como 583 pesos con la UF actual, para las elecciones de 2024 este monto se redujo a un centésimo de UF, es decir, alrededor de 388 pesos por voto.