Cuánto ganan los parlamentarios en Chile

$9.349.851 es el sueldo bruto de senadores y diputados en Chile. La cifra líquida que obtienen todos los meses varía entre los parlamentarios según su edad, sus cargas familiares o beneficios tributarios a los que puedan acogerse. Pero el rango va entre los $ 7.070.655 que reciben figuras como José Miguel Insulza (PS), Francisco Huenchumilla (DC) o Jorge Soria (PPD) -quienes al ser mayores de 65 no tienen descuentos en previsión o salud-, hasta los $ 5.564.165 que percibe el senador Alfonso de Urresti (PS) al tener cotizaciones más altas. En promedio, los 43 senadores registran una renta líquida de $6.320.154.

En la Cámara Baja, en tanto, por una acuerdo de la comisión de régimen interno, no informan cuánto recibe líquido cada uno de los 155 diputados y solo publican una cifra referencial según los descuentos mínimos en impuestos, AFP y seguro de salud, la que corresponde a $ 6.602.482.

A la dieta se suman las asignaciones mensuales que regula el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que actualmente preside el exsenador DC Andrés Zaldívar y que son destinadas a gastos operacionales, contratación de personal de apoyo y asesorías externas. En el caso de los senadores, este monto tiene un tope máximo mensual de $20.242.101 y para cada uno de los diputados es de $ 11.242.954.

Entre los ítems cubiertos para el trabajo legislativo se cuenta combustible, pasajes en avión, viáticos, arriendo de oficinas con sus servicios básicos, tv cable, planes de teléfonos móviles, correspondencia, estacionamientos en aeropuertos, página web, propaganda en medios y redes sociales (salvo en período de campaña), fotografías e imprenta, invitación y traslado de delegaciones, entre otros.

La renta bruta de los parlamentarios se asemeja al ingreso promedio de los gerentes generales en Chile, que según la encuesta anual TRS de Mercer Consulting, que revisa la situación de 263 empresas, fue en 2017 de $ 9.600.000 como base bruta. También equivale a 34 veces el sueldo mínimo en Chile, que es de $ 276 mil pesos, una de las mayores distancias que se registran entre los países de la OCDE. En el caso del ingreso promedio mensual, que según el INE asciende en cifras netas a $517.000, la dieta líquida de los parlamentarios equivale a cerca de 12 veces.

Una propuesta impulsada por representantes del Frente Amplio, como Gabriel Boric y Giorgio Jackson, propone que el sueldo de diputados y senadores no supere en más de 20 veces el sueldo mínimo. Es decir, que llegue en torno a los $ 5.520.000.

Tanto el Presidente Sebastián Piñera, como el presidente del Senado, Carlos Montes, han calificado las dietas como demasiado "altas" y se han abierto a la posibilidad de revisarlas. Ayer se constituyó en La Moneda la Comisión de Modernización del Estado, que entre otras materias revisará los sueldos del sector público.

Durante los primeros 100 años de historia republicana los parlamentarios no cobraban sueldo. Fue recién en la Constitución de 1925 cuando se estableció la creación de una dieta, la primera fue de 2.000 pesos de la época y a la cual se le restaban 50 pesos por cada inasistencia o sesión no celebrada.

Según el estudio "Dieta Parlamentaria en Chile", elaborado por el experto en Derecho Público Alejandro Gacitúa para la Biblioteca del Congreso Nacional, en los años 60 dos fallidos proyectos de ley intentaron equiparar la renta de un parlamentario con la de un ministro de la Corte Suprema, sumándole solo la mitad de ese monto como asignación complementaria para gastos propios del cargo.

Sin embargo, la Constitución del 80 reinterpretó esos proyectos y estableció el actual artículo 62 que señala que "los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan". La confusa redacción del artículo, en donde no se aclara si la frase "que a estos correspondan" se refiere a "los diputados y senadores" o a "un ministro de Estado" -que está escrito en singular-, ha generado una intensa discusión entre constitucionalistas respecto a cuánto corresponden estas asignaciones y quién las define.

Finalmente, ha sido el propio Congreso quien ha fijado el monto y establecido la distribución de las asignaciones.

El caso MOP-Gate de 2003, que reveló el pago de sobresueldos a ministros durante el gobierno de Ricardo Lagos, llevó a crear la ley sobre remuneraciones de autoridades y cargos críticos, la que aumentó la renta de los secretarios de Estado, creando una asignación de dirección superior equivalente al 135% del sueldo. Debido a lo que dice la Constitución, la normativa terminó beneficiando de paso a los parlamentarios. Aunque en ese momento tanto en el gobierno como en el Congreso se señaló que el reajuste de las dietas iba a ser financiado con una rebaja en las asignaciones, aquello no ocurrió.

El ingreso de diputados y senadores siguió incrementándose a lo largo de los años, por los sucesivos reajustes del sector público que benefician a los ministros y, por ende, a los parlamentarios.

Solo en algunos años, como medida de austeridad, se ha acordado que el incremento a los funcionarios no se aplique a las altas autoridades.