DD.HH.: La interminable investigación judicial del estallido social en que el expresidente será sobreseído

Fue el 18 de julio del 2021 que el expresidente Sebastián Piñera relató a la Fiscalía, en calidad de querellado, lo que pasó, junto a las decisiones que se tomaron en La Moneda, frente a los desórdenes originados en las protestas del estallido social tras el 18 de octubre de 2019.

“Cuando ocurren los hechos del 18 de octubre y conocemos una violencia inusitada en las calles, que provoca la superación de las fuerzas de orden público, tomo la decisión de adoptar el estado de emergencia constitucional. Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”, dijo en esa oportunidad.

No sería la primera vez que tendría que abordar lo mismo ante la Fiscalía, pues el 11 de abril del 2023, volvió a declarar en la misma calidad. Antes lo había hecho ante la fiscal Claudia Perivancich y luego, la fiscal Ximena Chong.

“Cuando teníamos información respecto de abusos de derechos humanos, de lesiones oculares, de lesiones por perdigones o por uso de bombas lacrimógenas no dejaba indiferente al gobierno, era tema de preocupación y acción central del gobierno y también mía como Presidente”, señaló ante Chong, en un interrogatorio que duró más de tres horas. El caso, cuentas fuentes de la causa, se hacía interminable para Piñera, pero también para sus colaboradores.

La indagatoria sobre Piñera y sus exministros, más los mandos policiales de la época, tuvo su origen el 4 de noviembre del 2019. Fue ese día que se presentó la primera querella por lesa humanidad en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera.

La acción legal, presentada por una serie de abogados particulares liderados por Nicolás Toro -quien representó a la “Coordinadora 18 de Octubre”-, sería la primera de otras que vendrían después, donde también se sumaron la Comisión de Derechos Humanos, el INDH, entre otras organizaciones. Todas las querellas fueron derivadas, primero, a la fiscal Claudia Perivancich y, ya en agosto del 2022, a la fiscal Ximena Chong.

Con el paso del tiempo el Ministerio Público dividió las pesquisas en dos: por un lado, la que tiene relación con supuestos delitos de lesa humanidad; y por el otro, la llamada responsabilidad de mando de las autoridades, donde el cerco más cerrado está puesto sobre el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y el actual mandamás policial, Ricardo Yáñez.

Ambas investigaciones han tenido una serie de avances, aunque hasta la fecha no registran ningún formalizado. En el caso de la denominada arista de “lesa humanidad”, existen varios querellantes en la causa, entre los que se encuentras el exsenador Alejandro Navarro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), y otros. Sin embargo, recientemente el fiscal nacional, Ángel Valencia, reasignó dicha indagatoria al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios luego de una solicitud de la defensa del general Ricardo Yáñez, quien pidió inhabilitar a la fiscal Ximena Chong.

La investigación por lesa humanidad es, cuentan conocedores de la indagatorias, la más compleja de registrar avances.

Ya el 5 de marzo del 2021, la fiscal Perivancich -en una reservada audiencia de sobreseimiento de otra indagatoria que se buscaba agregar a esta causa- daba luces de esas complejidad: “Para estar frente a delitos de lesa humanidad debe concurrir (...) el contexto de lesa humanidad, y ese contexto supone la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y lo más relevante acá es que indica los elementos para entender que este ataque generalizado o sistemático a la población civil responda a una política de Estado o de sus agentes”. De eso, hasta ahora, no hay antecedentes que lleven al Ministerio Público a una etapa probatoria final.

Ante la Fiscalía han declarado sus más estrechos colaboradores. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, por ejemplo, relató ante la fiscal Chong -el 31 de marzo del 2023- que “el Presidente se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia. La forma como el gobierno o el Presidente aborda el tema de este orden público descontrolado y de violencia inusitada, es recurrir a un estado de excepción constitucional”.

En esa misma línea aseguró que “un punto central era poder cubrir especialmente el Metro, porque todo se había desarrollado ahí, salvo dos o tres incendios como el de Enel. Carabineros le informa al subsecretario del Interior que ellos no tienen la posibilidad o capacidad de poder cubrir las estaciones del Metro por un problema de dotación. Ante eso y dados los riesgos inminentes, el Presidente decide recurrir al estado de emergencia”.

El general (R) Mario Rozas fue edecán de Piñera en su primer gobierno y para su segundo mandato -tras las salidas forzadas de Bruno Villalobos y Hermes Soto- lo nombró general director de Carabineros. El exalto oficial también dio luces del rol del Mandatario durante el estallido, ante la fiscalía.

“Ni del ministro del Interior, ni del Presidente de la República, con quien me reuní en algunas pocas ocasiones, recibí alguna instrucción en el plano operativo”, dijo en diciembre del 2020.

Según las declaraciones de quienes integraron el gobierno de Piñera durante el estallido, no se impartieron instrucciones operativas a Carabineros. Sí, hacen la diferencia, se coordinaron reuniones de trabajo para determinar cómo abordar los desórdenes y eventos violentos que iban ocurriendo.

Tras la muerte del expresidente Piñera, el escenario judicial en el cual se encuentran las causas entrarán a la fase para que se dicte su sobreseimiento. Y es que como pasa en estos casos, según lo establece el Código Penal, la responsabilidad penal se extingue cuando un imputado fallece.

Lo anterior está estipulado en el artículo 93 de dicho texto legal, el cual señala que aquello se aplica “siempre en cuanto a las penas personales”, y sólo “cuando a su fallecimiento no se hubiere dictado sentencia ejecutoriada”.

Para llegar a dicha instancia, el sobreseimiento definitivo del exmandatario podría decretarse de oficio por parte del tribunal debido a la connotación pública de su muerte, aunque las mismas fuentes sostienen que lo más probable es que la justicia espere que sea algún querellante, su defensa o la Fiscalía la que solicite una audiencia para discutir el sobreseimiento de Sebastián Piñera tras su fallecimiento.

Cuatro años después, la indagatoria que comenzó en los momentos más convulsionados del estallido, se podría decretar el sobreseimiento para el exmandatario, pero no así para el resto de los investigados, quienes siguen a la espera de una resolución final de una interminable causa judicial.