De abuso sexual a pornografía infantil: los antecedentes penales que tienen los beneficiarios de las cuestionadas pensiones de gracia
El informe realizado por Contraloría señala que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
La Contraloría de la República emitió un informe tras revisar el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social, donde se da a conocer que “58 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”. Entre el historial de los beneficiados, sobresalen delitos por “estafa, tráfico, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual”.
Contraloría encontró una serie de falencias en el trámite de entrega de este beneficio, el cual estuvo a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, durante el año 2022.
El documento realizado por el ente fiscalizador señala que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
Asimismo indica que tuvo a la vista “antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
En el escrito realizado por el ente contralor, se advierte que “haber contado oportunamente con la información advertida, pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio, como las condiciones para su otorgamiento”.
Ante aquellos casos, la Contraloría le solicitó a la Subsecretaría del Interior que “incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe”.
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