“Debe ser objeto de reproche”: grupo transversal de senadores arremete contra la CPC tras llevar al TC la ley contra los delitos económicos

Un texto de más de 50 páginas fue el ingresado por un grupo de senadores ante el Tribunal Constitucional (TC). El “téngase se presente” de los parlamentarios, según sostienen en el documento, busca explicar y dar respuesta a la presentación del requerimiento del mismo tipo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la cual acusa posibles inconstitucionalidades en la modificación a la ley de delitos económicos.

El documento ingresado por la agrupación de empresarios, representada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hübe fue ampliamente cuestionado. Es en esa línea, que los senadores Matías Walker (Demócrata), Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso de Urresti (PS), Paulina Núñez (RN), Pedro Araya (Ind.) y Ximena Rincón (Demócrata), presentaron el requerimiento de las mismas características, pero expresando una serie de reparos al anunciado por los empresarios, quienes incluso acusan falta de igualdad ante la ley.

El proyecto de ley se despachó del Congreso en mayo y tras cuatro años de tramitación. Entre las medidas de la nueva normativa, establece “un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales”, sobre los delitos económicos. Además, crea otras figuras penales respecto a aquello y modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.

La arremetida de los empresarios, los cuales acusan que el proyecto establece un régimen punitivo distinto para las personas que tienen altos cargos en las empresas en caso de que cometan delitos, también fue cuestionado por parte del gobierno. Fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien tras el anuncio de la CPC sostuvo que la iniciativa “ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final”.

El requerimiento de los senadores, ingresado ante el TC, se estructura en tres partes para argumentar las falencias -que acusan- tendría el “téngase presente” de los empresarios. La primera parte del documento explica al tribunal el supuesto “carácter instrumental” que tendría el texto de los abogados de la CPC, el cual se alejaría de las facultades y potestades que tendría el TC para revisar la iniciativa legislativa. Es en ese sentido que asegura que su requerimiento “se trata de una oportunidad para disipar la desinformación que han sembrado sus abogados”.

En esa línea, cuestionan que la CPC “sabe, al menos suponemos, que el control preventivo de una ley por parte de este excelentísimo tribunal en casos no previstos por la Constitución supondría una afectación mayor de nuestras instituciones”. Por lo mismo, afirman que, sabiendo la falta de competencia en este sentido, pareciera ser que el objetivo del requerimiento de los empresarios es otro.

“Uno de sus patrocinantes incluso ha declarado en la prensa que pretende obtener algún mensaje de este tribunal, o de algún ministro, para luego utilizarlo cuando se presente un caso que involucre la aplicación del proyecto. Ese proceder instrumental y ajeno a nuestro sistema institucional no debe ser amparado por este tribunal y más bien debe ser objeto de reproche”, agrega el requerimiento de los senadores, quienes agregan que esto genera confusiones y da lugar a opiniones infundadas. Por lo mismo, explican que les interesa “utilizar esta oportunidad precisamente para disipar esas dudas o temores”.

Junto con agregar que la presentación de la CPC no se ajusta a las competencias del TC, agregan que el análisis que podría realizar el tribunal es abstracto, puesto que el control preventivo constitucional “no analiza el efecto que puede producir la aplicación del precepto legal controlado en un caso concreto, sino que se contrasta directamente el precepto legal con la Constitución”.

Por lo mismo, califica que la presentación de la CPC “es totalmente anómala. No se condice con la naturaleza del procedimiento, con las atribuciones del TC ni, ciertamente, con el interés público que la Constitución ha buscado resguardar al establecer el control constitucional preventivo”. Lo anterior, y citando la legislación, sólo el Presidente y una cuarta parte de cualquiera de las dos cámaras del Congreso podrían realizar dicha solicitud del Tribunal Constitucional.

La segunda parte del texto explica cómo se realizó la legislación de la normativa, citando ejemplos internacionales, y destacando la transversalidad con la cual se aprobó. En el texto, sostienen que dicho apartado surge “frente a la completa falta de conocimiento que muestra el escrito de la CPC sobre el diseño del proyecto, sobre el funcionamiento del derecho penal económico y del derecho constitucional nacional y comparado en la materia, la primera parte busca entregar información fidedigna y útil para juzgar su compatibilidad con los estándares del derecho constitucional”.

Ya en la tercera parte, el requerimiento de los senadores aborda los cuestionamientos respecto al contenido del proyecto y las supuestas inconstitucionalidades que cita la organización. Lo anterior, surge en línea con lo que este lunes, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, sostuvo que la nueva legislación representa una amenaza para el empresariado ya que “crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales”.

En ese apartado, el texto de los parlamentarios expone una serie de argumentos jurídicos para afirmar que no existen las acusaciones planteadas por la CPC, sino que el proyecto “por el contrario, lo que ofrece es el sistema más diferenciado que conoce el derecho penal chileno de graduación de la gravedad de las acciones en la atribución de la pena efectiva a ser cumplida. Contra lo que señala la CPC, su objeto es proveer de mecanismos para que la pena a ser impuesta respecto de delitos económicos sea proporcional a la gravedad concreta del caso”.

Consultado al respecto el senador, Matías Walker asegura que “a nosotros nos sorprende mucho la presentación que hace la CPC, porque lo que busca el proyecto es proteger la libre competencia, es proteger a los empresarios y las empresas que cumplen con la normativa, que no hacen trampa, que respetan las reglas del juego, sanciona el enriquecimiento ilícito”.

En esa línea, el representante de Demócratas afirma que el proyecto “tiene el mismo principio, que nadie puede enriquecerse a partir de un hecho ilícito, diez multas en relación al patrimonio, además del infractor. Eso no es desigualdad ante la ley, eso es equiparar la cancha y terminar con esta idea de que hay una justicia para pobres y otra para ricos, y que una persona se puede robar una gallina y tener cinco años de cárcel, y otra persona puede participar activamente en una colusión que afecte gravemente a sectores más vulnerables, eliminando a más la competencia, y eso no tenga una sanción efectiva”.

Por último, Walker afirma que están tranquilos que el Tribunal Constitucional “va a respaldar esta ley despachada después de cuatro años de tramitación, y me duele el escrito de la CPC, porque de alguna manera se ponen a la defensiva de un proyecto que, como digo, lo que hace es proteger la libre competencia y premiar a los que cumplen con las reglas del juego limpio en materia financiera y en la economía en general”.

La senadora Paulina Núñez por su parte, califica como “lamentable que la CPC haya recurrido al TC por el proyecto de ley de delitos económicos, porque este proyecto es un proyecto transversal que actualiza la legislación penal para evitar este tipo de delitos. La CPC estima que afectaría la igualdad ante la ley, pues en caso de cometerse delitos de colusión, corrupción u otros de índole económica no se podrá invocar la intachable conducta anterior”.

“Hoy la sanción para este tipo de delitos ha sido derechamente clases de ética”, concluye la senadora de Renovación Nacional.