Declaraciones confusas de Boric y ministros enredan versión de La Moneda sobre primeras alertas en caso Democracia Viva

Versiones a lo menos confusas han entregado en las últimas horas representantes del gobierno del Presidente Gabriel Boric respecto de cuándo tomaron conocimiento de los polémicos convenios suscritos entre Democracia Viva -fundación ligada a RD- y el Serviu de Antofagasta, caso que abrió aristas penales en varias regiones del país y que indaga el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

La sucesión de hechos que había detallado La Moneda se enredó luego de que La Tercera PM diera a conocer el martes que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, tuvo información de parte del entonces representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el ahora exseremi Carlos Contreras, 10 días antes de que el 16 de junio el caso explotara en el medio local Timeline.

El senador, de hecho, reconoció ese día en un punto de prensa haber recibido antecedentes “parciales”, no haber informado ni al ministro Carlos Montes (Vivienda) ni a Giorgio Jackson (Desarrollo Social), pero no despejó si, por ejemplo, informó de aquello al jefe de asesores del Mandatario, Miguel Crispi, u otras autoridades de La Moneda. Aunque el líder de RD después aclaró sus dichos y dijo que no había informado a nadie, las dudas quedaron instaladas.

La primera autoridad en responder sobre el punto fue la ministra Camila Vallejo (Segegob). Este miércoles, ante las insistentes preguntas de la prensa en el Congreso, la secretaria de Estado evitó decir si el Ejecutivo conoció antes o después de la publicación en prensa el polémico caso. “El gobierno tomó conocimiento de esto cuando el Ministerio de Vivienda tomó conocimiento de esto”, dijo, advirtiendo que “no conozco la fecha exacta”.

En entrevista con CNN Chile, en tanto, tampoco descartó que Miguel Crispi hubiese sido informado previamente por parte de Latorre. “Es que como le digo, más allá de hablar de una persona (...) pueden mañana preguntarme por otra u otro. Lo que le digo es que nadie en La Moneda... O sea, una vez que La Moneda tomó conocimiento de esto actuó con diligencia y eso implica a todos”, sostuvo.

Más tarde, fue el propio Presidente Boric quien abordó el tema. En una visita a la Región de El Maule, el Mandatario detalló que él conoció del caso a través del oficio fiscalizador que levantó la diputada ex PDG, Yovana Ahumada, el que tiene fecha 7 de junio, es decir, 9 días antes de la publicación del medio regional. Eso sí, aclaró que “alrededor” de la publicación de esa pieza periodística constató que podían existir irregularidades y ahí tomó las acciones correspondientes.

“Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento de que había una investigación, fue un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior”, dijo el Jefe de Estado.

Y acto seguido, agregó: “En medio de eso me imagino que, no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos y se van a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales que correspondan, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan”.

El Mandatario, además, sostuvo que “reitero lo que he señalado desde un principio: yo no pongo las manos al fuego por nadie, acá todo el mundo tiene que estar dispuesto a ser investigados (...). Lo que he instruido a nuestro gobierno es que tiene que prestar toda la colaboración y no solo una colaboración que sea reactiva, sino que trabajar con iniciativa propia para averiguar si existen más irregularidades”.

El 27 de junio pasado, el Presidente había dicho lo siguiente: “Acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas que es si el gobierno hubiese reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz, en este caso quiero felicitar al medio de Antofagasta, Timeline, que realizó la primera investigación. Acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar a que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos con respecto a ciertas cosas”.

Las versiones confusas del Mandatario y Vallejo se suman también al manto de duda que hay respecto de cuándo se enteró el ministro Carlos Montes (Vivienda). El secretario de Estado ha dicho que él, antes de conocerse el caso en la prensa, había sido alertado de contrataciones excesivas de militantes de RD en el Serviu de Antofagasta, pero no así de la existencia de esos convenios ni tampoco de las denuncias que recibió la entonces subsecretaria Tatiana Rojas en un correo el pasado 2 de mayo por parte de los funcionarios.

Este miércoles -tras su participación en una sesión especial en la sala del Senado y flanqueado por los ministros Luis Cordero (Justicia), Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Álvaro Elizalde (Segpres)- el titular de Vivienda manifestó que “el día 16 estaba en O’Higgins en una entrega de viviendas y viniendo de regreso recibimos la información y ese fue el día”.

Pero no solo Montes habló. Los cuatro secretarios de Estado, previo al punto de prensa, estuvieron reunidos por cerca de una hora para coordinar la salida comunicacional desde el Congreso.

Esto, porque palabras del Mandatario generaron total confusión en el oficialismo y la oposición. Tanto así que el ministro Cordero tuvo que salir a aclarar lo señalado por Boric.

“Para ser preciso con las explicaciones que ha dado el Presidente. Los ministros tomaron conocimiento el día 16 de junio. Efectivamente existe un oficio, el Presidente, con la transparencia que lo caracteriza, lo que ha hecho hoy es una construcción cronológica de cómo fueron los hechos. Existe un oficio del 7 de junio de solicitud de información, de fiscalización por parte de una diputada, dirigida -y esto es bien relevante para comprender lo que hoy día se ha señalado- al seremi de Vivienda de Antofagasta. Por lo tanto, ni fue dirigido al Ministerio de Vivienda y menos a la Presidencia de la República. Lo que el Presidente ha hecho es una reconstrucción de cómo fue el procedimiento y, en ese contexto, hizo referencia al oficio respectivo. (...) A partir de entonces, en consecuencia, el gobierno ha tomado todas las medidas”, dijo el secretario de Estado.

Y fue más allá al agregar que “el Presidente no se ha equivocado, el Presidente ha sido bien transparente como suele ser, el Presidente se ha referido al Estado de Chile, el Estado de Chile objetivamente tomó conocimiento de eso con el oficio el 7 de junio, pero solo basta revisar el oficio y verán que está dirigido al seremi de Vivienda”.