Defensa de Luis Hermosilla eleva el tono y acusa que dichos de Boric (y de ministros) son “matonaje” e “inconstitucionales”

“Que hace el Presidente de la República metiéndose en este caso”, se preguntó ayer, pasadas las 18.00, el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, quien quedó en prisión preventiva en el marco del caso Audio.

La defensa del abogado convocó a un punto de prensa en sus oficinas en Vitacura, que se extendió por más de 40 minutos, en el cual endureció en tono contra Gabriel Boric y su administración.

Esto, lo hizo en respuesta a las declaraciones del Jefe de Estado, quien el martes celebró, en el marco de una actividad en la comuna de Lo Prado, la prisión preventiva de Luis Hermosilla. “Acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor (Luis) Hermosilla. (...). No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso, qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, dijo el Presidente en la ocasión.

La mención de Boric al caso fue sorpresiva para varios en el Ejecutivo. Tampoco hubo aviso a la prensa que cubría el evento de que se iba a referir al asunto, advertencia que en ocasiones ocurre. De hecho, él mismo se excusó antes de abordar el hecho: “Permítanme decir una pequeña cosita de contingencia, antes de partir con lo que nos convoca”.

La intervención del Mandatario -la que, según admiten en el oficialismo, abrió un flanco innecesario, debido a que todavía es una investigación en curso- desató una dura arremetida de la defensa de Hermosilla.

En el punto de prensa de la tarde, Juan Pablo Hermosilla aseguró que “la Constitución es clarísima: no puede interferir”. Así, manifestó que “es absolutamente inapropiado lo que él hizo, creo que es inconstitucional y además la situación que se está dando es de matonaje”.

En esa línea, sostuvo que “es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales”.

El abogado además ocupó duros términos para referirse al titular de Justicia, Luis Cordero: “Qué es esto del ministro de Justicia ironizando sobre mi trabajo profesional (...). Es profesor de derecho administrativo y se da el lujo de decir que esto es ilícito”.

Y también recalcó que la reacción de Boric y La Moneda en relación a la prisión preventiva de Daniel Jadue fue distinta: “Si hay doble vara o intereses políticos, los argumentos están a la vista”.

El reclamo de Hermosilla contra el Ejecutivo, en todo caso, partió temprano. “Se suma a lo anterior (la indiferencia de las autoridades de Justicia y Gendarmería, la decisión por parte del Poder Ejecutivo, al declarar públicamente el Presidente de la República Gabriel Boric Font: ‘Que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel’, ‘Es un señor que se creía todopoderoso’, desprendiéndose de estas frases una politización arbitraria destinada a que Luis Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto distinto al cual se encuentran habitualmente en prisión preventiva por este tipo de delitos”, argumentó, en el recurso de Amparo, la defensa del abogado, donde pidieron el traslado a Capitán Yáber, que fue concedido durante este miércoles.

Posteriormente, Juan Pablo Hermosilla profundizó sobre el recurso, en entrevista con radio Infinita. “Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el gobierno para evitar que se politice el caso”, señaló.

Y agregó: “Lo que yo estimo, después de la declaración del Presidente de la República, es que es una decisión política y, por lo tanto, es una decisión ilegal e inconstitucional. Tenemos derecho a que se nos trate igual que a cualquier persona”, expresó.

Además, sostuvo que “o el Presidente cumple con la Constitución y se dedica a hacer lo que tiene que hacer o sencillamente la separación de poderes desaparece. Y entonces el Presidente de la República o la ministra del interior van a determinar si hubo cohecho o no. Los dos no son abogados pero los dos estudiaron derecho y conocen el principio de inocencia”.

Los dichos vertidos durante la mañana de la defensa de Hermosilla irritaron a La Moneda y generaron también una respuesta a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Parece que es bastante habitual cuando personas que han tenido contacto con la política o que han estado en esferas del poder, son investigadas por algún delito, acusan que es una persecución política”, sostuvo la jefa de gabinete al referirse al recurso de amparo.

La secretaria de Estado añadió que “ni la persecución, ni la labor de la política pública y ciertamente del gobierno, va a prestarse para la discusión sobre la politización. (...). Lo que hay son delitos que se están investigando, y lo que deben hacer las instituciones es funcionar sin interferencias de ningún tipo, y sin ningún tipo de presión de ningún sector, sea cual sea el que está siendo investigado”.

El ministro de Justicia también se refirió al asunto y protagonizó las declaraciones que más molestaron a la defensa de Hermosilla. “El señor Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado. (...). Creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción. No puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala audiencias, y a mí lo que me parece relevante, que los argumentos se esgrimen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”, manifestó Cordero.

Y agregó: “El señor Juan Pablo Hermosilla reconoce en su recurso de amparo una comunicación ilegal. A él no le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado respecto del cual el único organismo competente para este fin es Gendarmería de Chile y el juez de Garantía”.

Más tarde, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió las palabras del Mandatario. “El Presidente ha dado en el clavo”, dijo en entrevista con Radio Universal de Pitrufquén. Respecto a la medida cautelar a Hermosilla, expresó que si bien “es una decisión de un poder autónomo”, en el gobierno creen “que es una señal muy importante para el país”.

“Si uno le pregunta a los chilenos y chilenas de a pie cómo ven la justicia y lo que te transmiten (...) la sensación generalizada es que algunos pagan, y que la ley no aprieta de igual manera para todos, y que los que tienen más poder salen libres o que salen con clases de ética”, subrayó Vallejo.

De igual forma, planteó que la determinación del tribunal de fijar la prisión preventiva “va en la dirección correcta en el sentido de que constituye una señal de que no se va a permitir impunidad y que la ley debe aplicar de igual manera para todos y todas independientemente del nivel de poder, político, económico o redes de influencia que pueda tener la persona que está siendo acusada. Y eso es una señal potente e importante”.

Para la diputada Gael Yeomans (FA), en tanto, “la única politización arbitraria es la de la banda criminal que lideraba Hermosilla. El Presidente Boric simplemente ha sido claro con quienes se aprovechan del poder y los recursos que tienen, no debe haber ningún espacio para la corrupción en instituciones públicas y la justicia debe actuar hasta las ultimas consecuencias, caiga quien caiga”.

El diputado Raúl Soto (PPD), por su parte, argumentó que “me parece que acá hay una estrategia judicial de la defensa de politizar el caso. Es al revés. Lo que ha hecho el Presidente Boric es expresar libremente como cualquier persona su opinión”.

Para la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba, “es un riesgo grande el que tomó el Presidente. El Presidente también tiene que poner en el centro de su discurso la presunción de inocencia. (...). Sin embargo, también tiene la obligación de dar garantía, y por eso él se pone como seguridad, de que bajo su gobierno, no va a haber manejos oscuros para que los procesos judiciales no lleguen al lugar donde tienen que llegar, caiga que caiga”.

En el sector, en todo caso, les inquieta la reacción del Mandatario dado que, en otras investigaciones, se comportó diferente, por ejemplo, cuando se decretó la prisión preventiva contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), guardó silencio al inicio y no lo celebró. Eso sí, en el Ejecutivo hay quienes aseguran que no es lo mismo, ya que la investigación de Hermosilla, argumentan, es de alta connotación pública y que el impacto que tiene en la ciudadanía es mayor.

Pese a eso, entre los partidos de gobierno reconocen que han usado el asunto políticamente y, de hecho, es parte del relato de campaña que empezaron a usar de cara a los comicios de octubre.

La ministra Tohá también se refirió, de forma indirecta, a los criterios que han tenido en Palacio a la hora de abordar los casos. “Las acciones legales que dispone una persona es su definición de acuerdo a su defensa, cuáles utiliza. Lo importante es decir, de parte del gobierno, que en este caso creo que hemos tenido la misma vara en todos los demás, incluso cuando a veces han habido personas investigadas que tienen alguna cercanía con nuestro sector”, explicó la jefa de gabinete.

La Moneda optó por no responder, al menos hasta el cierre de esta edición, a las últimas declaraciones de la defensa de Hermosilla.