Este miércoles, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional siguió con las votaciones en general de las iniciativas sobre derechos sociales que buscan ser consagrados dentro de la propuesta de una nueva Constitución.

Para esta jornada, la comisión tuvo que someter a votación las iniciativas relacionadas a salud y educación. En este marco, los convencionales lograron aprobar tres iniciativas que presentan un nuevo sistema público de salud, con características universales y de gratuidad.

Fue así que con 25 votos a favor y siete en contra, los convencionales de esa instancia aprobaron la salud como un derecho social, comunitario y humano inalienable, incluyendo así “su dimensión física, mental y espiritual”.

Además, el texto sostiene que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a un “Sistema único y Universal de Salud” de carácter público y que éste deberá estar financiado por “impuestos progresivos de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización” y que los actores que las presten “sean sin fines de lucro”.

En la misma línea, la comisión visó una de las iniciativas populares constituyentes que busca establecer que el Estado reconozca el derecho de toda la población al disfrute de la salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva. Para que esto pueda cumplirse, la iniciativa sostiene que el Estado será el ente encargado de “diseñar e implementar un sistema de salud capaz de garantizar las prestaciones sanitarias” bajo los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, calidad, eficiencia y enfoque de género.

La norma también explicita que el Sistema Universal de Salud será financiado a través de un “fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales” destinado solo a ese sistema para así avanzar en un modelo de financiamiento basado “en impuestos generales de carácter progresivo” bajo los principios de seguridad social.

Por último, la comisión aprobó el derecho a la salud integral que deberá ser garantizado por el Estado a través de un “Sistema Universal de Salud” de carácter nacional, público e integrado que contará con acciones de “promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos”.

A diferencia de las otras iniciativas, en ésta se sostiene que el “Sistema Universal de Salud” será financiado a través de las rentas generales de la Nación y, de forma adicional, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores “con el solo objeto de apoyar solidariamente al financiamiento de este sistema”. Además, en caso de que prestadores privados se integren al nuevo sistema de salud, estará prohibido que estos persigan fines de lucro.

Dentro del capítulo sobre derecho a la educación, la comisión visó con 19 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones la norma que establecía que las primeras naciones tienen derecho a establecer sus sistemas de educación ancestral. En ese sentido, se establece que es “deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho”.

Así, deberán adoptarse medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales.

En la misma línea, se estableció que el Estado de Chile “reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza”, diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia.

No obstante, la comisión rechazó la iniciativa que buscaba establecer que el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la educación “como derecho de todo ser humano de adquirir conocimientos que permitan su desarrollo pleno e integral, y para el desenvolver sus capacidades y potenciales”.

Asimismo, por 24 votos en contra, ocho a favor y una abstención se rechazó la iniciativa que permitía garantizar el derecho a una educación “pública, gratuita y de calidad con pertinencia cultural y territorial” donde el Estado resguarde que los pueblos y naciones preexistentes “cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general”.

También se rechazó la norma que reconocía el derecho de todas las personas, desde la primera infancia, a recibir una educación sexual integral, de acuerdo a la edad que permita a las personas “disfrutar plenamente y con dignidad el relacionarse entre pares; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; prevenir situaciones de riesgo y abuso sexual, desarrollando con información sus proyectos de vidas, y el derecho a la información sexual y reproductiva”.

De la misma forma, la comisión rechazó dos iniciativas populares que resguardaban la libertad de enseñanza. La primera de estas fue la impulsada por el centro de estudios públicos Acción Educar que buscaba consagrar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos. La norma contó en su momento con 28.942 apoyos ciudadanos para ser discutida dentro de la Convención. No obstante, luego de esta jornada, la propuesta se desechó.

Además de esta iniciativa, los convencionales rechazaron la propuesta presentada por la organización Educación Libre y Diversa que también buscaba resguardar la libertad de enseñanza como derecho educacional, además de asegurar el derecho a la educación para “el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”. La iniciativa fue rechazada por 23 votos en contra y diez a favor.

La decisión, en tanto, despertó diversas reacciones por parte de convencionales de la comisión.