Derrota en La Haya acrecienta polarización política en Bolivia

"Debemos cuidar al máximo nuestras palabras por la derrota sufrida en La Haya. Por cualquier cosa que digamos relacionada con el mar, el gobierno nos acusa de antipatriotas", comentaban a La Tercera legisladores bolivianos de oposición que este miércoles firmaron una solicitud al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, para que convoque a una asamblea extraordinaria del Congreso Pleno, en la que se haga presente el Presidente Evo Morales "para brindar un informe detallado y transparente respecto del contundente fallo contra nuestras aspiraciones".

La solicitud, firmada por más de 15 congresistas de oposición, sin embargo, no pasa de ser un saludo a la bandera. Quien debe convocar al Congreso Pleno es nada menos que el vicepresidente boliviano y compañero de fórmula para la cuarta reelección de Evo Morales, García Linera. Además, en la Asamblea Legislativa, compuesta de 36 senadores y 130 diputados, el oficialismo controla dos tercios de los escaños. Con todo, la ofensiva -que se suma a la arremetida de algunos opositores para que el gobierno transparente el gasto que significó la demanda en La Haya- refleja cómo se ha agudizado la polarización política en Bolivia.

"Repito lo dicho por (el Presidente Sebastián) Piñera: reconozcan la derrota, estamos abiertos al diálogo. Pero no resulta rentable el diálogo para el Presidente Morales. A Morales le sirve más ser el presidente peleador", señaló el senador Arturo Murillo, del opositor partido Unidad Democrática.

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa, a través de su cuenta Twitter, pidió hacer un análisis sereno del fallo. "Hoy más que nunca necesitamos claridad de ideas y serenidad de juicio. Aceptar el fallo, aunque nos parece injusto. Encarar el futuro de nuestra relación con Chile sobre esa realidad. No escapar a la responsabilidad que nos toca a cada uno", escribió.

Mientras la oposición habla de derrota y exige no solo explicaciones, sino también responsabilidades, desde el gobierno se niegan a reconocer el fracaso de la vía jurídica, "la más importante" de las opciones para buscar una salida al mar, según admiten expertos internacionalistas bolivianos.

Es más, el gobierno y el oficialismo insistieron en su estrategia comunicacional de traspasar la responsabilidad a La Haya, a la que acusan de haber emitido un fallo injusto.

Representantes del partido oficialista MAS, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, acusó a los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de "aplicar el derecho internacional de manera ortodoxa y restrictiva, en vez de resolver la injusticia histórica de un pueblo privado al mar".

Montaño, quien es muy cercana a Evo Morales, junto al presidente del Senado, el también oficialista Milton Barón, criticaron que algunas figuras de la oposición defiendan, según ellos, posturas de las élites chilena.

La misma idea trasmitieron otras autoridades de gobierno. "No nos dejemos engañar por las voces que intentan transmitir los mismos mensajes que están intentando trasladar ciertos sectores radicales por parte de Chile, se intenta politizar el tema del mar, se intenta responsabilizar a ciertos actores y creo que eso no corresponde", dijo el canciller Diego Pary.

El oficialismo busca frenar el costo político de la derrota en el tribunal internacional en la campaña electoral de Evo Morales por una cuarta reelección presidencial. Por lo mismo, el bloque de gobierno ha sido enfático en exigir que no se mezclen ambos temas.

En este ambiente, sin embargo, el mandatario boliviano no ha dejado de hacer campaña. Este miércoles, en presencia de Morales, el máximo dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Pedro Bare, anunció el apoyo de los 34 pueblos originarios de Cochabamba y el trópico a la candidatura de Morales para las elecciones convocadas para el próximo año.

Morales asistió a ese acto después de haber encabezado en la sede de gobierno, en La Paz, una reunión de gabinete -la tercera desde que regresó el martes a Bolivia desde La Haya- de más de cinco horas y en la que se analizó el fallo de la corte y su impacto en Bolivia.