La última fue Catalina Pérez. La diputada, ex Frente Amplio, este lunes sufrió un duro revés cuando la Corte Suprema confirmó su desafuero, en el marco del Caso Democracia Viva.

Como Pérez son varios los diputados que, durante este período legislativo, han debido enfrentar situaciones legales, policiales y de otras índoles, bastante alejadas de sus labores parlamentarias.

En el caso de Catalina Pérez, la fiscalía sostiene que la diputada y su círculo concretaron una fórmula para acceder a recursos estatales “con fines políticos” a partir de la fundación Democracia Viva.

El caso estalló el 16 de junio de 2023, cuando el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer los tres convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez en esos días.

Pérez no es la única. La primera parlamentaria desaforada durante el curso de este período legislativo fue María Luisa Cordero (Ind.- RN) quien fue denunciada por la senadora Fabiola Campillai (Ind.) por injurias graves, esto luego que la doctora asegurara que la legisladora “no estaba totalmente ciega”.

En el caso de la exopinóloga de TV, logró volver a la Cámara luego de arribar a un acuerdo con la senadora, en una audiencia de conciliación.

Otro caso que se suma al registro de congresistas desaforados es el de Francisco Pulgar (Ind. - ex PDG). El perito forense está siendo investigado por delitos reiterados de violación y abuso sexual a una menor de 14 años.

En diciembre de 2024, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado, proceso que dio paso a su formalización ante la Justicia. Hoy se encuentra en prisión preventiva.

A su vez, Mauricio Ojeda (Ind.- ex integrante de la bancada de republicanos), también se encuentra desaforado. El congresista está acusado en el marco del denominado Caso Convenios, en donde el Ministerio Público le imputa el delito de fraude al fisco reiterado. Específicamente en la arista Manicure, donde se produjo un traspaso irregular de más de $730 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.

En su caso, el pasado 3 de enero, Ojeda fue privado de libertad tras ser declarado “un peligro para la seguridad de la sociedad”. El 2 de abril el tribunal modificó medida cautelar al de arresto domiciliario total y el arraigo nacional, acogiendo la solicitud de la defensa, previo pago de $40 millones

Sin desafuero, pero…

Dentro de este grupo de parlamentarios que han debido enfrentar procesos judiciales, aunque el desenlace no ha sido – por el momento – el desafuero, está Joaquín Lavín León (UDI).

La investigación contra Lavín Jr. surgió como una arista derivada de la investigación por delitos de corrupción contra su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

En medio de esa causa, el nombre del diputado ha surgido en más de una ocasión en figuras que, para el Ministerio Público, serían constitutivas de delito. Así las cosas, la fiscalía se encuentra indagando los presuntos ilícitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Hace poco también se hizo público el caso de la diputada Consuelo Veloso (FA) quien colisionó en estado de ebriedad en Viña del Mar, asegurando que emprendió marcha en su auto en sentido contrario para perseguir a un grupo de sujetos que la había asaltado. Aunque se dio a conocer un video que daría cuenta de presuntas inconsistencias en el relato de la parlamentaria.

Otro que estuvo involucrado en hechos de carácter judicial fue el diputado RN, Miguel Mellado, quien en junio de 2023, entregó a los medios de comunicación audios de las conversaciones del Presidente Gabriel Boric con parlamentarios sobre violencia en la macrozona sur del país.

Finalmente el juzgado de garantía de Viña del Mar decretó la suspensión condicional del procedimiento en contra del parlamentario. Así, en un procedimiento abreviado, Mellado debió aceptar los cargos para llegar a acuerdo con la Fiscalía y suspender el procedimiento por un año, con lo cual evitó llegar a juicio oral.

Otra involucrada en polémicas de carácter judicial, fuera del contexto de su rol como parlamentaria es Maite Orsini. La diputada que hoy se encuentra suspendida de su militancia en el Frente Amplio, como consecuencia de acciones vinculadas a su expareja, el exfutbolista, Jorge Valdivia, quien está siendo investigado como autor de delitos de violación y abuso sexual.

Dentro de su proceso al interior del Frente Amplio, a Orsini se le cuestiona un llamado a la general inspectora de Carabineros, Karina Soza, en marzo de 2023; su intento de dialogar con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, para solicitarle que se disculpara públicamente por haberla criticado; el contacto que tuvo Orsini con la denunciante de Jorge Valdivia en octubre de 2024, después de que el exfutbolista fuera formalizado por el delito de violación y los mensajes que intercambió vía WhatsApp con la fiscal Lorena Parra, quien investigaba la denuncia.

¿Por qué está pasando?

Para el analista político y académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, hay varios factores que han hecho más recurrentes estos episodios entre parlamentarios.

“El primero, el trabajo de la Fiscalía para avanzar- sin complejo alguno- en investigaciones que involucran a representantes políticos”, sostiene el académico.

Asimismo, el profesional sostiene que el segundo, es “la capacidad de la prensa para investigar y denunciar este tipo de actos. Tercero, la creencia de ciertos representantes sobre su inmunidad para situaciones reñidas por la ley, cosa que la Fiscalía y la prensa se han encargado de desmitificar”.

Finalmente, Morales apunta a “la falta de criterio de algunos partidos para escoger a sus candidatos, optando por figuras aparentemente populares pero sin la debida formación política como militantes conocedores de la ley y las reglas”.

Para el analista político y director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, “el desafuero de Catalina Pérez vuelve a poner en evidencia la precariedad ética y profesional de buena parte de nuestra clase política. Si observamos la política en América Latina vemos que la practica política espanta al talento porque opera con lógicas mediocres, fragmentadas y oportunistas. Así, los mejor capacitados simplemente no entran”.

Asimismo, añade que la baja participación de personas capacitadas en política se puede explicar por cinco factores: “La fragmentación del sistema de partidos, que genera inestabilidad y dificulta liderazgos sólidos; la mala selección de candidaturas, donde prima el clientelismo sobre el mérito; el mayor escrutinio público, que eleva el costo reputacional de participar; el desprestigio de la política como actividad, que aleja a quienes tienen opciones en otros ámbitos; y un marco institucional que no incentiva la calidad de la representación ni exige estándares altos de desempeño”.