Desde la UDI a la Lista del Pueblo: Más de 45 convencionales buscan sesionar en instancias participativas en cárceles e incluir a personas privadas de libertad en el plebiscito ratificatorio

Más de 45 miembros de la Convención Constitucional han firmado un oficio para pedirle al Ministerio de Justicia que las personas privadas de libertad puedan ser parte del proceso constituyente.

El documento está dirigido a la mesa directiva del órgano encargado de redactar la nueva Constitución y será ingresado durante esta jornada a la secretaría, para que desde ahí se derive la solicitud formalmente a la cartera ministerial.

Entre los autores de la misiva se encuentran los convencionales Amaya Álvez (Distrito 20), Benito Baranda (Distrito 12), Carlos Calvo (Distrito 5), Andrés Cruz (Distrito 20), Tomás Laibe (Distrito 27), Giovanna Roa (Distrito 10), Malucha Pinto (Distrito 13) y Constanza Schonhaut (Distrito 11).

Hasta el momento, el documento ha sido respaldado por más de 45 convencionales, destacando firmas desde la UDI (Felipe Mena) a la de miembros de La Lista del Pueblo.

“Es particularmente grave que el Estado niegue el derecho a sufragio a personas cuya libertad fue limitada pero que mantienen vigentes sus derechos políticos. Este impedimento de participación tiene directa relación con la invisibilización de vulneraciones de derechos fundamentales, precarias condiciones carcelarias e irreversibles consecuencias en las trayectorias vitales de las personas privadas de libertad. Ello vulnera, además, el objetivo de reinserción social que debe orientar la actividad penitenciaria, generando desafectación y distancia de presas y presos con la pertenencia a la sociedad y su valoración de la institucionalidad”, plantea el texto al que accedió La Tercera.

En ese sentido, la solicitud lo que busca en concreto es que “se permita el ingreso a los establecimientos penitenciarios de todo el país a organizadores, facilitadores -previamente identificados- y convencionales constituyentes, que concurran a instancias de participación en el marco del proceso constituyente”.

Así como también que “se forme, desde ya, una mesa de trabajo con los objetivos de identificar las barreras que impidan la participación de las personas privadas de libertad a lo largo del proceso, incluyendo en éste el ejercicio de su derecho a sufragio en el plebiscito ratificatorio; y, de velar porque se adopten los cursos de acción necesarios para eliminar estos impedimentos”.

En ese sentido, en su oficio, los convencionales plantean que “dicha instancia debiera estar integrada, al menos, por el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, la Secretaría Técnica de Participación popular, la Secretaría de Participación y Consulta indígena, el Servicio Electoral y representantes de organizaciones defensoras de derechos de personas privadas de libertad”.

Y concluyen con que “este momento histórico nos obliga a realizar todos los esfuerzos para lograr un nuevo pacto social, representativo de la diversidad de Chile. Para ello, la inclusión y la participación de sectores históricamente excluidos será fundamental”.