El Tribunal Constitucional (TC) decidió esta tarde destituir a la senadora Isabel Allende (PS), tras evaluar y acoger requerimientos del Partido Republicano y de Chile Vamos para cursar el cese en su cargo.

Esto, debido al acuerdo alcanzado con el gobierno para la fallida adquisición por parte de Bienes Nacionales de la excasa de Salvador Allende en Providencia, con la finalidad de hacer un museo en homenaje a su padre, lo que vulneró el artículo 60 de la Constitución, que señala de forma expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

Fuentes de La Tercera confirman que por 8 votos contra 2 el pleno acogió el requerimiento contra Allende, sellando así la destitución de la histórica militante del Partido Socialista (PS) y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. La información que maneja el oficialismo es que las ministras Daniela Marzi y Nancy Yáñez, ambas de designación del Ejecutivo y cercanas al Frente Amplio, votaron por destituir a la senadora.

La noticia de la destitución de Allende, que solo tendrá efecto cuando se notifique oficialmente el fallo al Senado y se dé cuenta en la sala, tuvo una rápida reacción entre sus colegas parlamentarios.

El presidente de la comisión investigadora por la fallida venta de la casa Allende, el diputado Andrés Longton (RN), valoró que el fallo del TC se haya centrado en méritos jurídicos.

“El Tribunal Constitucional marcó un precedente que es histórico, con un alegato extraordinario de (el abogado) Max Pavez. Se ciñeron a lo jurídico y no a lo político, lo que los hace ganar en prestigio, destituyendo a una senadora que flagrantemente incumplió la Constitución al querer que el Estado le pagara casi 940 millones de pesos para adquirir su propiedad”, destacó.

“Esto va a servir de lección para que ninguna autoridad, por mucha complicidad que tenga con el gobierno, pretenda ejecutar un acto que le puede costar cientos de millones de pesos al fisco y salir absolutamente impune”, manifestó.

La diputada Paula Labra (IND.-RN), también integrante de la comisión, celebró la decisión del TC e indicó que seguirán trabajando para determinar responsabilidades.

“Teníamos razón. Tal como lo alertamos en la acusación constitucional contra la ex ministra (de Defensa, Maya) Fernández, en este caso hubo una evidente vulneración a la constitución. Que hoy, el TC haya acogido la salida de la senadora Allende valida nuestra postura. Ahora será el gobierno y los parlamentarios oficialistas quienes tendrán que asumir su encubrimiento y negligencia ante actos de tal magnitud, un escándalo político sin precedentes”, destacó.

En este sentido, Labra destacó que “hasta ahora han caído una ministra y una senadora, no obstante, la resolución del TC no hace más que validar la importancia del trabajo que estamos llevando adelante en la Comisión Especial Investigadora, en la cual avanzaremos para determinar todas las responsabilidades políticas de este caso, hasta las últimas consecuencias”.

Por su parte, el diputado Daniel Melo, correlegionario de la senadora Allende, lamentó la resolución conocida esta tarde.

“Quiero solidarizar y valorar todo lo que ha sido su intachable trayectoria política en defensa de los DD.HH. y la justicia social en su trabajo parlamentario”, indicó el parlamentario socialista.

“Hoy, la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia”, agregó Melo.

Su par del Frente Amplio, Diego Ibánez, lamentó la destitución de Allende, pero fue enfático en señalar que nadie en el TC es militante de su partido, por lo que descartó que la tienda tuviera alguna incidencia en la medida conocida hoy. “En democracia, el TC es un órgano que es autónomo, que hay que respetar, sin perjuicio de que no estoy de acuerdo con la decisión”, sostuvo el parlamentario.

Al respecto, indicó que “esto lo debatimos largamente en el Congreso, en la acusación constitucional (contra la exministra, lo señaló la contralora (Dorothy Pérez), acá no hay un perfeccionamiento de contrato y creo que no se condice con los análisis rigurosos, jurídicos, que se han hecho en la comisión que sesionó para investigar la acusación constitucional en contra de la exministra Fernández”.

“Nosotros como FA no vamos a permitir que se manche la memoria de la familia Allende, la memoria de una senadora que ha trabajado arduamente (...) Ella ha ayudado a mucha gente y yo no estoy de acuerdo que la derecha utilice este elemento para manchar la carrera, a mi juicio intachable, de la senadora”, manifestó.

Consultado por las palabras del diputado Melo, el diputado Ibánez manifestó que “no hay ningún militante del Frente Amplio en el TC (...) No vamos a tolerar que nos digan que nosotros, como FA, estuvimos detrás de esto, porque eso no es así”.

En tanto, Miguel Mellado, jefe de bancada RN, sostuvo que “lo que un Tribunal Constitucional con mayoría de izquierda pudo ver con claridad, fue rechazado por el vergonzoso oficialismo hace una semana en el Congreso. Cualquiera podría ver que aca se transgredió la Constitución y en eso tiene una complicidad el gobierno y el derroche de negligencia de sus autoridades y técnicos que permitieron esto. La negligencia del Presidente y su equipo cobra otra víctima”, cerró.

Por su parte, Miguel Ángel Calisto (IND.-Demócratas) indicó que el fallo del TC demuestra que las instituciones en el país funcionan.

“La ley es clara, señala que quienes desempeñamos funciones públicas, en el Parlamento, como ministros, no podemos celebrar contratos con el Estado. Y aquí, lamentablemente, también para la familia Allende, para la senadora, lo que ha ocurrido es un grave procedimiento mal hecho, donde desde el gobierno, organismo técnicos, asesores, no cumplieron su rol de manera prolija y llevaron al gobierno y a la familia Allende a cometer este grave error”, sostuvo.

En tanto la presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, valoró la decisión del TC, al indicar que “marca un precedente importante y, a la vez, deja en evidencia una desprolijidad que es preocupante de parte del Estado y de quienes tienen que lleva a cabo el respeto a la Constitución y las leyes”.

Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez relevó que “la Constitución es clara y los parlamentarios que suscriban contratos con el Estado deben cesar de sus cargos. Hasta ahora en diferentes oportunidades se había promovido remociones, pero nunca el Tribunal Constitucional alcanzaba la determinación de hacerlo, hasta hoy, lo que es un hecho histórico”.

“Los antecedentes eran irrefutables, sobre todo por haber firmado el contrato por parte de la senadora con el Estado. Este hecho genera un gran paso para la transparencia y diligencia que se debe tener en la función parlamentaria, porque nadie puede estar por sobre la justicia”, añadió.