“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”. Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric anunció este sábado la salida de la ahora extitular de Justicia.

Su renuncia se da luego de los cuestionamientos e incoherencias en la comunicación de los indultos. Además, de las presiones por una acusación constitucional en su contra impulsada por la oposición y denuncia por prevaricación.

Este lunes, en tanto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo fue consultada por las desprolijidades a las que se refirió el Mandatario.

“El Presidente detectó que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política fruto de una facultad presidencial que es de indultar. ¿Por qué se produjo?, porque el Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos”, dijo.

Así, explicó que el primer criterio “es poder indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ellos estuviesen condenados, compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo”.

Mientras que como segundo criterio, detalló que se fijó “en la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido, efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas”.

Vallejo, puntualizó en que “esto no dice nada de relación con el componente jurídico legal de los decretos de indultos y eso es sumamente importante de señalar. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el Presidente y otra es la legalidad de los decretos. Eso no está en cuestión”.

La semana pasada, desde RN anunciaron que van “a ejecutar todas las acciones legales que tengamos para perseguir la nulidad y la impugnación de los decretos”. Esto, luego de conocerse el prontuario policial de Luis Castillo, uno de los 13 indultados por el Presidente Boric.

En ese sentido, la secretaria de Estado recalcó que “los indultos están bajo la ley y jurídicamente bien establecidos y elaborados”, por lo tanto, sostuvo que “no es posible revocar los indultos presidenciales”.

“No hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el Presidente establecidas en la Constitución”, finalizó.

Por último, consultada sobre si el Presidente hubiese tenido los antecedentes la vista no habría otorgado esos indultos, Vallejo respondió que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta”.