Diario Oficial publica el Acuerdo de Escazú

Este martes el Diario Oficial publicó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, un tratado regional entre América Latina y el Caribe que busca mejorar la participación pública y el acceso a la información y justicia en materia ambiental.

El pasado 18 de marzo, el Presidente Gabriel Boric envió el proyecto de acuerdo de ratificación al Parlamento con “suma urgencia”, el que fue aprobado el 11 de mayo en la Cámara de Diputados.

Luego fue visado a fines de mayo en el Senado, con 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, con lo que finalmente Chile se convirtió en el país número 25 en firmarlo y 13° en ratificarlo.

Tras la deliberación en la Cámara Alta, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aseguró que “esta es una votación histórica. Como gobierno y como representantes del Estado de Chile estamos contentas y creemos que la adhesión al Acuerdo de Escazú sí es un hecho histórico, porque Chile vuelve al multilateralismo en tiempos en que está en duda su importancia. En tiempos de guerra, en tiempos de crisis climática, requerimos más que nunca de multilateralismos”.

“Chile va a ser parte de un acuerdo, cuyo eje central -quiero insistir- es de cooperación. En los tiempos que tenemos hoy de desafíos que traspasan la frontera, la cooperación y el multilateralismo es fundamental”, agregó la canciller, quien lideró las gestiones del Ejecutivo para ratificar este acuerdo.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar un entorno seguro y propicio para que quienes defienden y promueven derechos humanos vinculados a materia medioambiental puedan actuar sin amenazas, así como también, proteger tres derechos básicos: El acceso a la información ambiental, la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a justicia ambiental.

En septiembre de 2020, el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera anunció, ad portas de que se cerrara el periodo de los países para firmar el tratado, que Chile no lo firmaría. El “acuerdo tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos antes que Chile lo firme”, afirmó Piñera en ese entonces, apuntando a “problemas de cesión de soberanía, o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación”. Por ello, el gobierno de la época inició un proceso de “observaciones”.

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