Diputada Labra (Ind.-RN) oficia a Contraloría para que se pronuncie sobre concurso interno de Presidencia para prevenir el acoso

Luego de que Presidencia abriera un concurso interno para prevenir el acoso y la violencia, la diputada Paula Labra (Ind.-RN) ofició a la Contraloría para que se pronunciara respecto de la legalidad de la iniciativa.

La convocatoria -según reveló ayer La Tercera- está dirigida hacia los funcionarios de Presidencia, quienes en equipo podrán proponer iniciativas de capacitación que promuevan un “clima positivo” en el entorno laboral y en caso de ser seleccionados obtener hasta $3.750.000 para implementar la estrategia. No obstante, el concurso aclaró que “la cantidad total de equipos ganadores dependerá del presupuesto disponible, con un total de $9.000.000 asignados al fondo”.

A juicio de la parlamentaria que integra la bancada de Renovación Nacional, la convocatoria “merece, al menos, ser revisada por este ente contralor. En primer lugar, existen mecanismos especialmente regulados por ley para la contratación de servicios al interior de la administración del Estado, por lo que corresponde contratar capacitaciones de acuerdo a la ley 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, a través de convenio marco, licitaciones o trato directo dependiendo de los montos involucrados y los demás requisitos legales, y no mediante concursos internos donde se dificulta la fiscalización de los recursos involucrados y su correcta asignación”.

En segundo lugar, la legisladora aseguró mediante un escrito que “se atenta contra la probidad y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos, ya que se les están atribuyendo competencias a funcionarios públicos que no les corresponden, en áreas donde no se ha comprobado que posean los conocimientos necesarios para las cuales no han sido contratados”.

“Las capacitaciones requieren conocimientos técnicos, sobre todo si se trata de materias tan delicadas como la violencia en el trabajo. Además, al interior de la administración del Estado hay áreas de recursos humanos, que tienen la misión de velar por un entorno laboral positivo y, en ese marco, implementar políticas internas destinadas a ello (...) No es aceptable que se asignen recursos a grupos de funcionarios públicos, a través de concursos internos, para cumplir labores que no les corresponden por ley”, se lee en el oficio.

Asimismo, la diputada por el Distrito 18 argumentó que “se han transgredido abiertamente los principios de eficiencia, eficacia, economicidad y probidad consagrados en los artículos 3°, 5° y 13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.