Diputadas impulsan nueva arremetida contra el test de droga de la Cámara y recurren a la Corte Suprema

El pasado 25 de octubre la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio un portazo a las diputadas oficialistas, Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia, quienes habían presentado un escrito ante el tribunal en contra del test de droga obligatorio que se aplica en la Cámara de Diputados.

En concreto, las parlamentarias reclamaban que el test vulneraba sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

En dicha oportunidad, la Corte argumentó que “no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado, de manera que excluirlas o establecer un método distinto, supondría hacer una distinción arbitraria o prohibida por el ordenamiento jurídico”. Entre otros fundamentos.

A casi una semana de que se conociera dicha resolución, las parlamentarias decidieron dar un nuevo paso y recurrir a la Corte Suprema.

Entre los principales motivos que fundamentan el recurso de apelación presentado ante el máximo tribunal figuran que “la sentencia yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, lo que descarta su ilegalidad, pues la ilegalidad se funda en la necesidad de norma legal expresa que permita afectar derechos fundamentales y excepcionar la aplicación de textos legales vigentes”.

A juicio de los requirentes, también habría un error “al señalar que de la exposición de los hechos no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan pueda afectar sus garantías constitucionales, pues precisamente el reglamento afecta los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la protección de los datos personales de las parlamentarias”.

Esta es segunda vez que las parlamentarias recurrirán a la Suprema. La primera fue en septiembre, pero por otro motivo. En dicha oportunidad acudieron al máximo tribunal en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había declarado inadmisible su recurso, obligando al tribunal de alzada a revisarlo.